La propuesta del Gobierno nacional, sobre la cuestión de los jubilados, constituye un extraordinario hecho económico y jurídico pero, por sobre todo, una indispensable reparación moral.
En nuestro país los jubilados constituyen un conjunto notablemente heterogéneo: nacionales, provinciales, regímenes ordinarios, especiales, resultados de numerosas y reiteradas moratorias, distintas formas de determinar el haber y su actualización, los que cobran el 82% móvil, los que cobran más del 100%, jubilados “de regalo”. Al interior de este grupo, que alcanza a algo más de 7 millones de personas, se registran las profundas inequidades en materia de ingresos, mayores a los de las personas en actividad.
A lo largo de muchos años de arbitrariedades, el sistema devino en un verdadero caos. Dos personas jubiladas de trabajos similares pueden tener haberes con diferencias de dos o tres veces. Algunas exceden el haber del activo y otras apenas alcanzan el 20% del mismo. Éste es uno de los aspectos importantes que el proyecto pretende corregir.
Durante los últimos 15 años, este sector de la sociedad, jubilados con aportes, fue marginado de toda consideración y otro que, voluntariamente, se había incorporado al régimen de AFJP fue pasado compulsivamente al sistema de reparto y sus ahorros virtualmente confiscados por la Anses. La consecuencia fue la acumulación de cientos de miles de demandas por reparación.
Algunos, los menos, obtuvieron resultados; otros, murieron en la espera y cientos de miles siguen esperando. Mientras, el kirchnerismo regalaba jubilaciones a dos millones de personas que no habían realizado aportes o eran insuficientes. Nadie puede, sanamente, oponerse a que personas necesitadas reciban ese beneficio, pero también lo recibieron muchos que no lo necesitaban mientras los que tenían legítimos derechos no tenían respuestas.
Los juicios se extendían por años por la lentitud de los juzgados, los pedidos repetidos de comprobantes ya presentados, las apelaciones de la Anses. Como consecuencia, edificios cayéndose por el peso de los expedientes y sin que nadie dimensionara el costo económico del disparate.
Ahora el Gobierno se propone arreglar este gran problema que alcanza a cerca de 2.400.000 jubilados que hicieron sus aportes; titánica tarea jurídica y administrativa ya que propone tratar caso por caso. El proyecto clasifica ese universo de personas en tres situaciones: unos 50.000 casos con sentencia firme; unos 300.000 en juicio y 2.000.000 que no iniciaron juicios pero que tienen los mismos derechos.
Desde el punto de vista legal hay dos fallos de la Corte Suprema que encuadra a la gran mayoría de los casos. Uno es el denominado caso Badaro, que se trata de la falta de movilidad de los haberes entre 2002 y 2006; el otro es el Caso Eliff que se refiere a la falta de ajustes (hasta 2009) de los sueldos de los últimos 10 que computan para para determinar el haber jubilatorio. Son los juicios conocidos de reliquidación.
El proyecto establece que la prioridad será el pago a quienes tienen sentencia firme. Se pagará el retroactivo y se ajustará el haber que está percibiendo conforme al fallo. Al segundo grupo -en juicio- se les reconocerá el ajuste y parte del retroactivo; al resto, se les realizara el reajuste de ahora en más. El gobierno estima que se podrán resolver unos 100.000 casos por mes.
El proyecto incluye otro asunto de gran trascendencia: se trata de la institución de una pensión universal para las personas mayores de 65 años, con haber mínimo, ajustable como las jubilaciones actuales y la cobertura asistencial del PAMI. Esta iniciativa pondrá fin a las moratorias y las dádivas de los gobiernos. Es de desear que esta iniciativa se ponga en marcha rápidamente.
