En la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca se crearon dos cajas de jubilaciones, la del personal civil de la Nación y la de empleados y obreros de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Pocos años después, durante la presidencia de Victorino de la Plaza, el Congreso sanciona la ley, que, creó la caja de jubilados ferroviarios.
El presidente Alvear promovió la generalización del sistema jubilatorio para todos los trabajadores, que, no pudo concretar por resistencias diversas, entre ellas los sindicatos obreros, que, se oponían al descuento a los trabajadores para el aporte correspondiente.
En vísperas del golpe de estado de 1943 se trataba, en el poder Legislativo, el establecimiento de la Caja para los empleados de comercio. Será durante la dictadura militar surgida del golpe, que, se crearán el resto de las cajas, que, incluyó una de empresarios. Por otra parte en las provincias, desde la segunda década del siglo pasado, se formaron cajas previsionales para los empleados públicos y se aprobaron pensiones a la vejez.
En 1953 el entonces ministro de Hacienda Alfredo Gómez Morales le advertía al presidente Perón, que, las cajas jubilatorias serían en pocos años deficitarias (*). Los fondos, que, en los primeros años sobraban, porque, se recaudaba pero había pocos jubilados, se fueron erosionando por la inflación desatada en nuestro país a partir de 1946; esos fondos se colocaban en títulos públicos a bajo interés y sin indexación.
Las jubilaciones fueron deteriorándose por la inflación, junto con la depreciación del valor de los títulos, que, colocaban los gobiernos para financiar el déficit fiscal. Este recurso dejó de utilizarse en el gobierno de Arturo Illia. En el gobierno siguiente, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, se buscó una solución, que, fue temporaria, tratando de incorporar a los autónomos para incrementar la recaudación.
No se tocaba el problema de fondo, que, era el paulatino crecimiento de la expectativa de vida que hacía inviable sistemas, que, permitían jubilarse con 20 0 25 años de servicio o 50 años de edad, además de regímenes especiales para varios segmentos sociales.
Parches
Al crecimiento de la expectativa de vida se le ha agregado el crecimiento de la informalidad laboral y de los trabajadores independientes, que, siempre aportan lo menos posible.
El sistema ha sido objeto de diversos parches pero casi siempre se evitó una discusión de fondo, con la excepción del debate de los noventa cuando se aprobó el sistema de capitalización, voluntario pero, que, fue elegido por la mayoría de los aportantes.
El otro problema, que, se tomó en cuenta es el de las Cajas provinciales, cuyos sistemas eran y son aún más inviables que los nacionales por privilegios extendidos a varios sectores, con casos de jueces de provincia con jubilaciones muy superiores a los jueces de la Corte Suprema.
Ese problema persiste, porque 13 provincias, no transfirieron las cajas y eso requiere auxilio de los contribuyentes de otras provincias. Solamente la provincia de Buenos Aires, que, tiene cinco cajas, atenuó en el gobierno de María Eugenia Vidal algunas de las distorsiones más aberrantes.
La reforma de 1994 generó varios problemas, con relación a los aportantes, el porcentaje sobre los ingresos a aportar al sistema era muy bajo para garantizar una buena remuneración, como ha sucedido en Chile. En nuestro país se le agregaba las excesivas comisiones cobradas por las AFJP, extraídas de los aportes.
El otro problema fue el fiscal, porque el sistema público seguía pagando las jubilaciones pero perdió una gran parte de sus ingresos. Ese déficit fue financiado con deuda en dólares y fue una de las causas, que, nos llevaron a la crisis del 2001.
En el gobierno de Kirchner se complica la cuestión jubilatoria, en primer lugar porque sólo se aumentaba la jubilación mínima, generando una catarata de juicios perdidos por el estado y que llevaron a la Corte a fijar el derecho a la movilidad en un contexto inflacionario.
A este disparate se sumó el otorgamiento de jubilaciones en forma indiscriminada sin aportes o con una moratoria que significó a los beneficiarios una mínima contribución, casi simbólica. Sin duda había y subsiste un problema derivado de la economía informal y del trabajo temporario, pero, que, debió encararse de manera distinta y fuera del sistema previsional para evitar los abusos, que esta decisión trajo y a la que nos referiremos más adelante.
Sabemos que por iniciativa de Amado Boudou se estatizó el sistema de capitalización y el estado confiscó los aportes voluntarios que muchos hicieron por encima del aporte obligatorio para mejorar su futuro ingreso.
El mito de la mínima
Comunicadores y políticos con la liviandad de los que hablan sin interiorizarse de la realidad y desconocimiento de las cifras, siempre se refieren a la jubilación mínima como el mayor problema y al, que, adjudican la situación de pobreza.
La realidad según informes coincidentes del Indec y del Observatorio Social de la Universidad Católica es que en los mayores de 65 años la pobreza afecta al 15 % de personas que contrasta con el 50 % de los menores de 65 años.
Por otro lado el 55 % de quienes cobran la mínima son los que se jubilaron sin aportes y muchos de ellos son personas de medianos y altos ingresos que aprovecharon esta política para incrementar sus ingresos a costa del erario público. En el segmento restante, hay profesionales y trabajadores independientes que siempre aportaron lo mínimo.
El actual oficialismo ha votado entonces perjudicar a los que siempre aportaron y muchos de los cuales, tienen jubilaciones aparentemente altas pero menores a los que fueron sus aportes.
Sin duda que hay que encarar reformas profundas, terminando con las excepciones, modificando las edades jubilatorias y dejando de subsidiar las demagogias de las dirigencias provinciales, que se las paguen ellos..
(*) Dato surgido de una conversación del autor con el doctor Alfredo Gómez Morales
