El Gobierno había anunciado que en junio subirían las pensiones no contributivas, el salario familiar y la Asignación Universal por Hijo (AUH) y este lunes se publicó la confirmación de la medida en el Boletín Oficial, mediante una resolución.
De esta forma, el haber mínimo garantizado a partir de este mes será de $ 8.096,30 (hasta el lunes estaba en $ 7.600) y el monto máximo será de $ 59.314,97, lo que implica un aumento del 5,7%.
Por otro lado, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $ 6.477, debido a que por ley esta se establece con el 80% del haber mínimo mensual.
Además, la Anses emitió la Resolución 89/2018 por la que determina nuevos rangos y montos en las Asignaciones Familiares y Universales. La AUH se elevará de $ 1.493 a $ 1.578, y a $ 5.146 por hijo con discapacidad.
Declaran inconstitucional el acuerdo de marzo
La Justicia declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo pasado de acuerdo a la nueva ley de movilidad. Y ordenó que se aplique la fórmula de movilidad anterior, que se calculó en el 14,5%, porque las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva.
Así lo resolvió la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa Fernández Pastor Miguel c/ Anses, porque la nueva ley de movilidad- la 27426-- fue aprobada por el Congreso el 29 de diciembre de 2017 y los jubilados recibieron en marzo el 5,71% que corresponde a la evolución del 70% de inflación y 30% de los salarios del III Trimestre de 2017 cuando debieron recibir la movilidad de la ley anterior – la 26417—de julio hasta el día de la sanción de la nueva ley. Fernández Pastor fue directivo de la Anses hasta 2015 pero la demanda la inició como jubilado que afectado por las consecuencias de la nueva ley.
En cambio, los camaristas declararon constitucional el cambio de la fórmula de movilidad pero aclarando que debe aplicarse hacia delante y no hacia atrás.
Se descuenta que la Anses apelará a la Corte este nuevo fallo de la Cámara que sienta doctrina para millones de jubilados y pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales.
