Obligada por las medidas del aislamiento producto del Covid-19, la Justicia penal ha realizado 140 audiencias con 44 condenas tanto a prisión efectiva como condicional, mediante la aplicación de tecnología establecida por la Ley N° 9.040.
Esta normativa creó el Fuero Penal Colegiado para dar agilidad, cercanía con el juez o la jueza y pasar del papel a la oralidad. José Valerio, ministro de la Suprema Corte y coordinador de ese fuero, se referirá en diálogo con Los Andes al trabajo judicial en tiempos de cuarentena, cuando los plazos corren igual y hay que resolver causas. Como no quiere volver atrás con los expedientes de papel, pregona por el legajo digital: "Necesitamos más tecnología y menos muebles", insiste.
"No es transformar lo escrito en el papel a la computadora, porque sino no hemos avanzado nada. Es como cuando empezamos con las computadoras que las usábamos como máquinas de escribir. Tenemos que dar un salto de calidad, no solo en las nuevas herramientas sino usarlas con todo el potencial", afirma Valerio.
-¿Avanzarán después de la cuarentena?
-Sí. Hay una serie de plataformas para trabajar en forma virtual, que se están utilizando para hacer reuniones de jueces, reuniones del fuero, para tomar decisiones. Y las audiencias del fuero penal que hemos hecho unas cuantas.
-¿El Poder Judicial necesita mejor infraestructura, en tecnología, que la que ya tiene?
-Ya teníamos previsto con la tema del (edificio del) Polo (Judicial) alguna incorporación más de tecnología. Ya veníamos trabajando con el sistema de audiencias con la Ley 9040 que requirió equipos un poco mejores. Cuando empezamos con la agenda de audiencias allá por el año 2017 recuerdo que fui a visitar San Rafael, no tenían una sola computadora con Windows 7. No podíamos cargar el programa de agenda de audiencias. Hemos transformado eso, se adquirieron computadoras y esto requiere otra inversión más como cámaras, internet con wifi portátil. Ahora se han adquirido celulares, algunas tablets. E algunas cuestiones ya veníamos trabajando y esto nos aceleró los tiempos.
-¿Esas compras están previstas en el presupuesto actual?
-Algunas sí, otras estamos tratando de ver cómo incorporarlas. En el presupuesto está prevista tecnología y algunas cosas se han ido cambiando, algunos muebles los cambiaremos por tecnología. Nos hace falta más tecnología y menos muebles (risas).
-¿Quiénes toman esas decisiones?
-Algunas las decido yo como coordinador, y otras las decide la Corte. La metodología de trabajo es con ministros coordinadores para acelerar los tiempos y para asegurar la eficacia y eficiencia de la transformación. Es decir, si tuviéramos que discutir todo en una acordada plenaria, nos demoraríamos mucho más. Es decir, hemos concretado la decisión con rendición de cuentas a la Corte, que conoce, que sabe, que acompaña todas estas decisiones. Las más importantes se debaten y las que tienen implicancia menor en el funcionamiento, se van tomando directamente con el ministro coordinador. Ahora nos tocó la emergencia y la llevamos lo mejor posible.
-¿Cuáles han sido las prioridades para el desarrollo de las audiencias penales?
-Las prioridades están definidas por las personas privadas de la libertad, porque era lo urgente en donde había que tomar decisiones con respecto a prisiones preventivas, libertades condicionales, prisiones domiciliarias, aquellas decisiones que puedan afectar de algún modo que las personas eventualmente puedan recuperar la libertad. Lo que no quiere decir que en la resolución efectivamente recupere la libertad, sino que ante el planteo de determinadas circunstancias, o recupera la libertad o mejora sus condiciones.
-¿Los juicios abreviados han acelerado el servicio de justicia?
-Hubo muchos casos de juicios abreviados, pactados por las partes, y esto permite que entre en el sistema de ejecución penal la persona. Deja de ser un procesado y pasa a tener las ventajas del sistema progresivo de la pena. Por eso ha habido tantos juicios abreviados. La ley 9040 trajo una novedad: la audiencia puede estar pedida para una cosa y después se transforma en otra. Esto permite resolver, por ejemplo, una audiencia de prisión preventiva. En el transcurso del 2019, aproximadamente el 30% de las audiencias concluyeron en juicios abreviados y se resolvió la situación de la persona. Esto es muy importante porque en el sistema penal descomprime hacia posteriori, hay una serie de trámites burocráticos que hacen a la investigación y al juzgamiento que hace que se descomprima el trabajo de funcionarios, empleados y jueces.
-¿Cuáles son los factores determinantes para una prisión domiciliaria? Hay personas que con condenas por abuso sexual y femicidio la han pedido.
-Eso tiene que decidirlo cada juez, lo que está trabajándose es que cuando ya está condenado corresponde que lo decida si la morigeración es la forma de aplicación de la pena. Tendrá que ver cuánto tiempo lleva cumpliendo la pena, en qué circunstancias, si está dentro de los grupos de riesgo y qué domicilio. Por supuesto que el juez evaluará si el domicilio que está propuesto para que se lo albergue es el mismo donde cometió el abuso a un menor y si está el menor. La decisión la tomará el juez teniendo en cuenta todos los intereses, tanto de las víctimas como del imputado.
-¿La gravedad de la pena es un factor determinante a tener en cuenta?
-El juez tiene que tener en cuenta todos los factores. Y debe tener el dictamen del Ministerio Público, que va a otorgar o no (la domiciliaria). Cada caso hay que resolverlo en particular.
-¿Cómo ha afectado al funcionamiento de la Corte el aislamiento y el teletrabajo?
-Hemos resuelto algunas causas en penal, tienen que salir porque los detenidos no tienen feria judicial. Los plazos vencen más allá de las ferias habituales o este receso. Hay causas que hay que ir resolviendo, sin afectar el aislamiento y todas las medidas precautorias respecto a la higiene, la limpieza y evitar la circulación de personas. Trabajamos con las plataformas virtuales y nos conectamos, debatimos, discutimos como siempre, como lo hemos hecho con las acordadas hasta ahora. No necesariamente hay que trasladarse.
Monitoreo de las cárceles
De forma excepcional, y atendiendo a la gravedad de la pandemia de COVID-19, los ministros de la Corte Omar Palermo, Julio Gómez, Dalmiro Garay, Mario Adaro y José Valerio, junto al titular del Ministerio Público Fiscal Alejandro Gullé, la titular del Ministerio Público de la Defensa, Mariana Silvestri, y la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, realizaron el Viernes Santo un monitoreo remoto de la cárcel de Almafuerte, donde pudieron escuchar a referentes de cada módulo.
En este primer contacto virtual, las personas privadas de su libertad formularon diversos requerimientos, principalmente relacionados a aceleración de las resoluciones de las prisiones domiciliarias y libertades en trámite, elementos de limpieza e higiene, que se refuerce la atención médica y que finalmente se pueda recibir la mercadería que envían sus familiares.
Palermo expresó la preocupación del máximo tribunal de justicia por la situación de las cárceles mendocinas en el marco de la pandemia por coronavirus y el riesgo de contagio. También destacó la tarea del Servicio Penitenciario y “la importancia de que las políticas públicas se lleven a cabo de manera conjunta entre la Corte, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública”.
Cabe destacar que a través de la Acordada 29.510 se reconoce que alrededor de 400 de las 5000 personas detenidas, integran grupos de riesgo de contagio sea por edad, embarazo o enfermedades de base. La acordada también solicita a todos los juzgados y tribunales que informen sobre los trámites en curso y resueltos de prisión domiciliaria por Covid 19.
