El juez federal Daniel Rafecas mandó a juicio oral y público por “enriquecimiento ilícito de funcionario público” al ex secretario kirchnerista de Obras Públicas, José Francisco López, a su esposa y a una monja de un monasterio de General Rodríguez donde el ex funcionario quiso ocultar unos nueve millones de dólares provenientes, según dijo, de “la política”.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado también dispuso que se enjuicie a tres empresarios y a un abogado, quienes supuestamente fueron testaferros de López en las compras de un chalet en Dique Luján, partido de Tigre, y un departamento en el barrio de Recoleta.
En un fallo de 268 páginas, Rafecas resolvió la clausura parcial de la instrucción en la causa penal, que se había iniciado por una denuncia radicada en 2008, y elevarla a la etapa del debate oral y público, para lo cual ahora deberá sortearse un tribunal oral.
A López, en primer lugar, lo mandó a juicio por “la tenencia en su poder en efectivo de casi nueve millones de dólares y unos 150 mil euros”, que fueron detectados el 14 de junio de 2016 cuando intentó esconder los bolsos con esa suma, de madrugada, en el monasterio Nuestra Señora de Fátima.
El delito de “enriquecimiento ilícito de funcionario público” que se atribuye a López tiene previsto en el Código Penal un castigo de dos a seis años de prisión, multa hasta el cien por ciento del valor en que aumentó la fortuna e inhabilitación absoluta y perpetua.
Al declarar como imputado, López aseguró que aquella fortuna provenía “de la política”, pero nunca precisó su origen.
Serán juzgados por ese hecho, además, su esposa, María Amalia Díaz, como partícipe necesaria, y la religiosa que ayudó a ingresar los bolsos al convento, Celia Inés Aparicio, como supuesta autora del delito de encubrimiento del enriquecimiento ilícito del matrimonio.
También mandó a juicio oral a Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez, presuntos testaferros y partícipes necesarios, en la compra de la casa de Dique Luján, que López habitaba al momento de su detención y tiene 200 metros cuadrados construidos en un lote de 2.000 metros, tasada en 680.000 dólares.
A la vez, a Carlos Hugo José Gianni y Marcos Artemio Marconi los mandó a juicio porque supuestamente habrían dejado que López usara a la sociedad “Marketing y Eventos S.A.” como pantalla en la compra de un departamento en Las Heras 2032, valuado en 110.000 dólares.
Rafecas rechazó el planteo de nulidad del requerimiento fiscal de juicio oral del abogado de Galera, Maximiliano Rusconi, que ayer debutó como defensor del ex ministro kirchnerista de Planificación e Infraestructura, Julio De Vido, en el juicio por la tragedia de Once. López, secretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ya estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito, pero su situación judicial cambió cuando lo detuvieron en el monasterio con una carabina, dos costosos relojes, 8.982.047 dólares, 153.610 euros y 159.114 pesos.
Desde entonces cumple prisión preventiva en la cárcel federal de Ezeiza, junto al ex secretario kirchnerista de Transporte, Ricardo Jaime, y el empresario santacruceño Lázaro Báez.
Tragedia de Once: CFK acusó al maquinista
La ex presidenta Cristina Fernández desligó al Estado de la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas, y atribuyó la responsabilidad al maquinista, tras lo cual familiares de víctimas le recordaron que hay una causa judicial y sus funcionarios “están condenados”. La ex mandataria y candidata a senadora por Buenos Aires dio una entrevista al canal CrónicaTV un día después del inicio del juicio oral a Julio De Vido por sus responsabilidades en el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012.
Fernández de Kirchner sostuvo que “el Estado no tuvo la culpa” en la tragedia de Once y apuntó al maquinista Marcos Córdoba, quien según dijo “no pudo explicar” por qué no frenó la formación. “El motorman no frenó y sí lo había hecho en todas las estaciones anteriores. Si vos no frenás y te estrellás, bueno...”, aseveró.
“La tragedia de Once fue algo muy fuerte. Yo me reuní después de que sucedió con casi todos los familiares, salvo con cinco familias que no quisieron reunirse conmigo”, agregó.
La ex mandataria dijo que “el padre de un chico me decía que fue a todas las audiencias y el maquinista nunca pudo explicar por qué no accionó el freno”.
Asimismo, manifestó que durante su gestión mantuvo alrededor de “ocho reuniones” con familias de las víctimas y aseguró que solucionó “muchísimos problemas” de los damnificados “con subsidios y ayudas”.
Mónica Bottega, madre de una de las víctimas mortales de la tragedia de Once, le respondió a la ex presidenta al recordarle que “hay una causa judicial en la que sus funcionarios están condenados y esto es porque son responsables” y agregó: “Ellos sabían que iba a haber muertes y no hicieron nada”.
“Desde el mismo día de la tragedia la mentira y el ocultamiento estuvieron presentes. No me extrañan las declaraciones de la señora en un contexto de una campaña política”, sostuvo. “No creo que la condena llegue hasta Cristina y seguramente quedará en Julio De Vido, pero la condena social a ella es muy grande”, aseveró.
Ciccone y compra de autos complican a Boudou
El Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) enjuiciará al ex vicepresidente Amado Boudou por la compra directa, sin licitación pública y con presuntos sobreprecios, de 19 autos a una concesionaria de su conocimiento personal, en 2009, cuando era ministro de Economía.
En el sorteo de la causa salió elegido el TOF4, el mismo que a partir del próximo martes 3 de octubre empezará a juzgar a Boudou por la causa de la ex imprenta Ciccone Calcográfica y que actualmente está llevando a cabo el debate por la tragedia de Once, donde se encuentra en el banquillo el ex ministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido.
El caso de los autos llega a la etapa de debate oral y público luego de que el juez federal Sergio Torres cerrara la instrucción del expediente y lo elevara a juicio.
También irán al banquillo Daniel Reposo, ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y fracasado candidato kirchnerista a Procurador General; Álvaro Palencia Reffino, ex director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Economía; el ex secretario Legal y Administrativo de esa cartera, Benigno Vélez, y los titulares de la concesionaria de la marca Volkswagen “Guido Guidi”, Fernando y Guido Guidi.
