El problema no es nuevo pero, a medida que pasa el tiempo, se va profundizando. La violencia contra el personal docente se está convirtiendo en una constante y por el momento -salvo que una ley enviada a la Legislatura pueda modificar en parte la situación- no habrá soluciones si no se toman decisiones políticas educativas que rejerarquicen la tarea de profesores y maestros.
Pero si bien es cierto que la escuela no está exenta de la problemática general de una sociedad cada vez más violenta, no es menos real que existen debilidades en las reglamentaciones que suelen ser muy bien aprovechadas por los alumnos o por sus padres para faltar el respeto y, en la gran mayoría de los casos, agraviar y agredir a los docentes y personal superior.
Tal como lo señaló una nota publicada días pasados en este matutino, la problemática ya había sido advertida hace diez años por la docente Amalia Vergara en su libro “El derrumbe de la escuela pública”, donde la profesional alertaba sobre la nueva realidad y destacaba que uno de los indicadores de ese derrumbe era el maltrato y la falta de respeto por el docente, además de la falta de valoración social. Decía que la alianza de los padres con el colegio se había roto y que actualmente los padres están aliados con los alumnos en contra de la escuela.
Esa realidad muy bien marcada una década atrás no sólo se ha mantenido sino que se ha profundizado en los últimos años. En su afán por evitar la deserción escolar, con las graves consecuencias que tiene para el futuro de un chico en su necesidad de defenderse en la vida, las autoridades educativas decidieron en su momento priorizar la contención del alumno dentro del colegio por sobre la calidad educativa.
Esa contención derivó también en ampliar la permisividad en el accionar de los alumnos por sobre el necesario respeto que se le debe a la autoridad escolar. En ese marco los chicos -y también los padres- suelen aprovecharse de la situación para avanzar sobre el docente, a sabiendas de que no habrá ninguna acción en su contra.
Es así entonces que nos encontramos con aspectos contradictorios porque cuando se produce una denuncia sobre un docente, las autoridades escolares proceden a suspenderlo, en algunos casos junto a las autoridades del colegio, hasta que la Justicia determine la veracidad o no de la denuncia, como ocurrió en una escuela de Las Heras.
No sucede lo mismo cuando es la docente o la directora la agredida por parte de los chicos o de los progenitores, aun en casos de extrema gravedad, como lo sucedido en una escuela rural de San Rafael, donde la docente fue agredida por una madre que también golpeó a la directora, la cual debió ser internada en una clínica por las heridas recibidas.
Desde las autoridades escolares se ha hecho alusión al envío a la Legislatura de un proyecto de ley que contempla la modificación del Código de Faltas, a los efectos de establecer sanciones para los progenitores que agredan a los maestros o cuando sean sus hijos los que provocan roturas en el establecimiento escolar o agresiones a docentes o alumnos.
Puede ayudar a disminuir el problema pero, si no se cambian las actitudes culturales hacia los docentes, el grave problema continuará. No es posible educar si los padres no delegan parte de su natural responsabilidad de educar a los hijos, en la escuela, o si las autoridades educativas no defienden como se debe a los maestros y profesores que, además de cumplir una serie de tareas asistenciales para los que no fueron específicamente preparados, reciben cotidianamente críticas por su gestión, que a veces se traducen en actitudes violentas.
En síntesis, tal como lo señalamos en un párrafo anterior, la violencia escolar puede responder al hecho de que los chicos están inmersos en una sociedad violenta, pero esa sociedad será más violenta en el futuro si no ponemos los límites necesarios en la etapa de formación de la personalidad de los jóvenes.
