El funcionamiento de los jardines maternales privados de la provincia está inmerso en un vacío legal, con excepción de algunas exigencias particularmente asociadas a lo edilicio.
Estos espacios, que reciben niños desde los 45 días hasta los 3 años de edad están bajo la órbita regulatoria de los municipios. No pertenecen a la educación formal y la Dirección General de Escuelas (DGE) no interviene. En este contexto y para comenzar a funcionar, solo requieren la habilitación municipal que se otorga con los mismos controles que a cualquier comercio.
Por ello, lo que se evalúa son las condiciones edilicias y de "habitabilidad", considerando aspectos asociados a la seguridad y accesibilidad de las instalaciones.
En este contexto y salvo alguna excepción, nadie se ocupa de evaluar si el personal que está a cargo de los menores tiene las competencias y la idoneidad necesarias para el desempeño, como tampoco si poseen herramientas pedagógicas ni si los contenidos y actividades son adecuados.
La realidad indica que no hay un normativa unívoca sino que cada uno de los 18 departamentos tiene sus propios marcos regulatorios. En algunos casos van un poco más allá y pueden pedir alguna medida que contemple, por ejemplo, los riesgos que pueden correr los pequeños y se exija calefacción segura, enchufes en lugares elevados o alguna información del personal.
Con la intención de poner un poco de orden un proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, busca transferir el control a la DGE para hacerlo más amplio, crear un registro provincial que hoy no existe y marcar parámetros pedagógicos.
A la deriva
"Hoy en la Provincia no los tenemos registrados, no tenemos idea cuántos son", reconoció Adriana Rubio, directora de Educación Inicial de la DGE.
Y luego explicó: "Empezaron a abrirse jardines privados en una casa o en una cochera, en cualquier lado pero tienen que reunir ciertas condiciones necesarias para atender a esta población porque no es algo menor y muchas veces no sucede".
El funcionario consideró que no puede quedar en una mera habilitación municipal, como la que obtiene cualquier comercio porque es un lugar donde hay niños. "No tenemos intervención ni llegamos con nuestros lineamientos; además, en toda la Provincia sólo 5 jardines han presentado sus proyectos con ánimo de mejorar", detalló.
Elina Tello, directora de Educación de Las Heras sostuvo que la municipalidad sólo controla lo que le compete, que es lo edilicio y desconoce que haya un área que controle el aspecto pedagógico.
"Lo abrís como si fuera un comercio y se controla la seguridad (…) en cuanto al personal y lo educativo no sé quién lo regula", señaló.
Dijo que hay cosas básicas, como que la persona a cargo sea docente, que se cumplen por una cuestión de criterio, no porque se controlen. "Pero he visto muchas chicas que no son siquiera auxiliares y están al frente de salitas", resaltó la funcionaria.
Hay que tener en cuenta que este segmento es parte de la educación no formal ya que la trayectoria obligatoria comienza a los 4 años.
Rubio comentó que, entre otras cosas, los proyectos que piden habilitación tienen que tener sanitarios en condiciones, ya que supo de un caso en el que usaban un baño químico.
Aclaró que en el caso de los SEOS, es decir aquellos jardines a cargo de organizaciones de la sociedad civil que si tienen convenio con la DGE, hay injerencia y regulación.
La buena voluntad
El cuidado de otros aspectos más allá de lo estrictamente regulado, suele ser parte del compromiso con la tarea que se desempeña. Es decir, una cuestión de buena voluntad por parte de los responsables de los jardines maternales o de los funcionarios de municipios que entienden que tal cosa es necesaria.
Gustavo Bruno, subdirector de Educación de Guaymallén explicó: "es una facultad de los municipios dar las habilitaciones como comercios y los jardines funcionan como tales. Lo que hacemos, teniendo en cuenta que es educación no formal es buscar una conjunción entre esto y los lineamientos pedagógicos del diseño curricular de la Provincia". También actúan las comunas cuando hay algún reclamo de los padres.
En algunos jardines consultados señalaron algo similar y sostuvieron que, aunque no se los exijan, buscan cumplir con lo que saben que corresponde, porque prefieren brindar un buen servicio.
"Sólo te piden habilitación comercial, es pésima la legislación porque no te piden, por ejemplo, certificados de buena conducta, ni el mío ni de las docentes; al final lo pido yo y por iniciativa propia", mencionó María Fernanda González, dueña del jardín Veo Veo. Dijo además que no ha recibido nunca una inspección por lo que consideró positivo que se avance en regulación ya que les aportaría seguridad.
Registro provincial
El 4 de setiembre recibió media sanción de la Cámara de Diputados mendocina un proyecto de ley que fundamentalmente pretende que sea la DGE el área de Gobierno que esté a cargo de todos los jardines maternales privados. Las diputadas Cecilia Rodríguez (UCR) y Tamara Salomón (UCR) son las autoras.
El proyetcto pretende la creación de un Registro Único de estas instituciones en la Provincia que permita identificarlas y tener información de los inscriptos, docentes y responsables.
De aprobarse y tal y como ocurre con otros establecimientos educativos, los jardines maternales deberán contar con un 'proyecto educativo institucional' que será evaluado por el gobierno escolar. El personal deberá acreditar formación en competencias pedagógicas y conocimiento de la realidad bio - psico- social y cultural de la infancia durante esta etapa.
Además y entre otros aspectos, deberán incluir póliza de seguro de responsabilidad civil en vigencia y legajo de todo el personal que desarrolle tareas en el establecimiento.
Habrá que esperar a que el Senado de sanción definitiva y su reglamentación. Sin embargo, la funcionaria, que consideró la iniciativa como muy necesaria, opinó que podrán trabajar todas aquellas personas que aunque no sean docentes tengan la formación adecuada.
En 2012 la Legislatura provincial ya había recibido un proyecto similar que también contó con media sanción de la Cámara Alta pero nunca pasó Diputados. Lo había presentado la senadora Milagros Suárez y el proyecto pretendía también la intervención de la DGE, controles y exigencias acordes a la labor frente a los pequeños, pero no llegó a tratarse en la Cámara Baja.
Más chicos en los jardines
Los jardines maternales surgieron con fuerza a partir de los años 90, crecimiento que se fue consolidando en los últimos años.
Esto puede interpretarse asociado, en primera instancia, a la necesidad de inserción en el mercado laboral de más miembros de la familia, en particular mujeres, con lo cual hubo que buscar dónde dejar los chicos para ser cuidados. De hecho, que haya más disponibilidad de estos espacios y especialmente ofrecidos a bajo costo o gratuitamente es una de las grandes demandas de sectores defensores de los derechos de las mujeres.
Pero además, puede estar empujado por una mayor valorización del impacto positivo que tiene la escolarización en la primera infancia. De hecho, las evaluaciones sobre desempeño académico expresan que quienes iniciaron antes la trayectoria obtienen mejor desempeño.
Un tercer aspecto que puede incidir es una mayor expectativa de vida con una vejez activa, lo que implica que sea menos el tiempo disponible de los abuelos, tradicionales cuidadores, ya que tienen sus propias actividades.
