El juicio por la tragedia de Once comenzó ayer con la presencia de los ex funcionarios kirchneristas Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y otras 27 personas imputadas por el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012, que provocó 51 muertos y más de 700 heridos.
Después de dos años de espera, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF2) abrió el juicio en los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, donde numerosos familiares de las víctimas se hicieron presentes con carteles para reclamar "justicia".
El proceso para determinar las responsabilidades por la tragedia se inició a las 11.36 con la lectura del pedido de elevación a juicio a cargo de los magistrados Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tassara, integrantes del TOCF2.
En ese trámite judicial, el fiscal federal Federico Delgado consideró que existió un "pacto" entre la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y el gobierno que "disolvió" toda instancia de control al servicio de la línea Sarmiento, y aseguró que entre 2003 y 2009 los subsidios que la administración kirchnerista dio a la concesionaria crecieron un 132 por ciento, pero "no se reflejó en el servicio".
Jaime y Schiavi optaron por ubicarse en la tercera fila de la sala de audiencias instalada en la planta baja de tribunales, mientras el motorman Marcos Córdoba lo hizo en la primera hilera de bancos junto a su abogada Valeria Corbacho.
En la tercera fila también se sentaron los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero y Antonio Sicaro, además de Ricardo Luna, el ex sindicalista que se desempeñaba al frente de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, y los empresarios de TBA Sergio, Claudio y Roque Angel Cirigliano, cuyos abogados pidieron no estar cerca de los ex funcionarios.
Los familiares de las víctimas se ubicaron, por su parte, detrás de los imputados y separados mediante un vidrio.
"Estoy tranquilo, no voy a hablar por ahora. Voy a venir a todas las audiencias", dijo Schiavi tras ingresar a los tribunales federales de Comodoro Py y ser increpado con gritos e insultos por los familiares de las víctimas de la tragedia.
El juicio pasó a un cuarto intermedio cerca de las 13 y se retomó minutos después de las 15.
En ese lapso, Jaime fue abordado en el restaurante del noveno piso del edificio judicial por dos mujeres con remeras identificadas con la tragedia, que se le acercaron y le dijeron unas palabras, a quienes el funcionario les respondió, pero el incidente no pasó a mayores.
Alrededor de las 18, el TOCF2 dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta el 25 de marzo a las 10, cuando seguirá sustanciando el juicio con la lectura de los requerimientos de las querellas.
El abogado Gregorio Dalbón, que representa a familiares de víctimas, dijo que "una de las cosas que resultó más interesante" de esta primera audiencia fue la lectura de una pericia que demostró que "el tren frenaba", y abonó a la hipótesis de que la tragedia se produjo por una "falla humana".
"Si el maquinista frenaba, esto no hubiera sucedido. Esto ocurrió porque tuvo el tren a la deriva por 300 metros", sostuvo al salir de los tribunales.
En tanto, María Luján Rey, madre del joven que fue encontrado sin vida casi dos días después y se convirtió en la víctima 51 de la tragedia, discrepó con Dalbón y dijo "no entender" por qué el abogado "que quería ir bien arriba en la escala de responsabilidades, cambio a mitad de camino".
