El miércoles 13 la Legislatura aprobó el denominado "ítem zona", una ley enviada por el Gobierno que apunta -entre otras cosas- a liquidar una larga deuda económica con los docentes por esta causa.
La sanción impacta en dos aspectos fundamentales. Por una parte, la intención de pagar en una sola vez lo adeudado desde 2009 a 16 mil docentes y no docentes, lo que suma 700 millones de pesos, por lo que cada uno cobrará un promedio de 20 a 30 mil pesos. Según promete el Ejecutivo, esto se hará entre febrero y julio.
Por otra parte, la ley incluye un mega-relevamiento que incluirá a todas las escuelas públicas y a partir de lo cual se procederá a una recategorización de cada una para atribuirles la zona.
Esto se hará a partir de un nuevo criterio que la Dirección General de Escuelas (DGE) considera más acorde con los tiempos que corren y que contemplará nuevas variables.
Si bien habrá que esperar 6 meses hasta que haya resultados definitivos, la primera conclusión a la que se arriba es que la cantidad de colegios con zona será 10% más que la actual. Hoy, el 70% tienen esta cobertura, la que se elevaría ahora a 80%.
Para la DGE esto es un logro, pero para el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) es una obviedad. Es que hace años no se realizan cambios al respecto por lo que hay varios colegios que no estaban incluidos en la categorización.
De hecho, los funcionarios reconocen que una de las instancias donde esto es más visible es en la educación en las cárceles (contextos de encierro), ya que hay lugares que no tienen zona por lo cual los docentes no quieren ir a dar clases allí.
Pero no todo es color de rosa: con la nueva ley, volverá a categorizarse cada institución por lo que algunas perderán porcentaje por zona aunque otras lo ganarán.
De todas formas, el gobierno escolar asegura que los docentes que permanezcan en la misma institución mantendrán la proporción actual si ésta baja, por lo que destacan que no se perderá salario. Sin embargo, desde el SUTE no están tan seguros.
Los cambios que vienen
Gabriel Sciola, director general de Administración de la DGE, y Cristian Sentilín, director financiero-contable, dieron detalles a Los Andes sobre los cambios que se vienen.
La deuda. Se espera cancelar el saldo negativo con los docentes a quienes se adeude zona entre febrero y julio. Se ha establecido que esto sea en un solo pago que en promedio es de entre 20 mil y 30 mil pesos. Se trata de un reclamo de larga data del sector, ya que la deuda se ha acumulado desde 2009.
El procedimiento no ha establecido un orden: algunos cobrarán primero en función de qué tan avanzado esté el expediente administrativo, explicó Sentilín.
Categorización. La ley incluye la recategorización de todos los establecimientos de manera tal de aggiornarlas a las nuevas condiciones. Los funcionarios explicaron que el origen del ítem fue incentivar a los docentes para que fueran a dar clases a zonas alejadas o rurales, pero que desde que esto se fijó se han ampliado las zonas urbanas, hay nuevos establecimientos y han surgido nuevas realidades.
Tal cual establece el artículo 8 de la norma, el trabajo contemplará una encuesta escolar y ambiental. Estará a cargo de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) y sumará un dictamen de la Comisión Especial Mixta conformada por 8 docentes designados por partes iguales por la DGE y el gremio. Ésta tendrá 30 días corridos para expedirse. Se espera que en 6 meses esté lista la nueva categorización.
Nuevo criterio. Ya no se contemplará sólo la distancia de la zona urbana (categorización por localización geográfico-social). Si antes se definía por la lejanía al Gran Mendoza, ahora se considerará la cercanía con la zona urbana del departamento.
Pero además se habla de “ubicación desfavorable”, es decir la diversidad de aspectos que inciden para que una escuela no sea muy elegida por los maestros.
En este marco adquiere relevancia la consideración del contexto social que involucra. “No se puede seguir usando el mismo criterio porque se seguirá generando deuda”, argumentó Sciola.
700 millones es lo que adeuda el Gobierno por el ítem zona a 16 mil docentes desde 2009.
Los porcentajes. La categoría "urbano-marginal" es la que el gobierno destaca en el contexto de la nueva concepción y la que sumará establecimientos a los que se aplique el ítem.
También sumarán instituciones a “contextos de encierro”. Sciola señaló que hoy la mitad de las escuelas son rurales, pero que 80% de los alumnos son urbanos.
Por otra parte, serán menos los porcentajes en los que se divida el ítem. Se pasará de los 11 originales a 5: 100, 70, 50, 30 y 0%. Hoy, de las 1.584 escuelas que hay la provincia, 84 tienen 100% de zona. Ahora, a partir de un simulador que usa la DGE serán 108 las que tengan ese porcentaje.
Sin perder salario. Los funcionarios destacaron algo en lo que ya se hacía hincapié para evitar que los docentes pusieran el grito en el cielo: según los artículos 5 y 6 de la ley aprobada, se garantiza que aunque la escuela reciba una nueva categoría, los docentes no tendrán una disminución en los montos que hoy perciben, en tanto y en cuanto mantengan su situación de revista. Esto último es justamente lo que hace ruido al SUTE ya que, desde su punto de vista, si un docente toma más horas o accede a otro cargo estaría cambiando su situación.
Cada 8 años. La ley establece que en ese lapso se realizará una nueva clasificación. Durante mucho tiempo no se produjeron cambios en este sentido y muchos establecimientos con méritos para hacerlo no percibían zona. La intención es ir incluyendo nuevas instituciones y evaluar con más frecuencia los cambios en el contexto de las escuelas.
Para el SUTE esto es algo preocupante, porque puede implicar que los docentes pierdan salario. “La lógica es bastante perversa porque si hay mejoras en la zona se bajará el salario; terminaremos abrazados a los basurales”, dijo Henríquez.
Sin zona. No habría demasiados cambios en cuanto a la proporción de establecimientos con 0% de zona, resaltó Sciola, aunque no necesariamente serán los mismos. Hoy lo tienen el 23% y con los nuevos parámetros bajarán a 7%.
$400 millones es el dinero extra que insumirá mantener el ítem zona en escuelas que ya no lo tendrán.
Lo que cuestiona el SUTE
El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) analiza presentar acciones legales por algunos aspectos de la ley aprobada. “Estamos en contra de que se haya modificado la categorización a través de la Legislatura, ya que modificó convenios colectivos de trabajo”, dijo su titular, Sebastián Henríquez.
El Gobierno provincial había intentado un acuerdo con el sector docente en el marco de las paritarias. En ese marco, había prometido el pago de la deuda de zona pero a condición de acordar el tema de la recategorización. No pudieron acercar posiciones y terminó presentando un proyecto de ley que finalmente fue aprobado.
Henríquez dijo que respecto del pago de la tan reclamada deuda del ítem zona no tiene reparos, pero desde su punto de vista el error del gobierno fue atarlo a la otra discusión.
Nuevas categorías
POR LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Rural: parte de 50% de zona, lo que puede incrementarse si se contemplan otras variables.
Urbano marginal: parte de 50% es una categoría que contempla el contexto socio-económico.
Contexto de encierro: tiene 100%. Actualmente algunos establecimientos tienen 0%, lo que determina que muchos docentes no quieran ir allí.
POR CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO Y DIFICULTADES DE ACCESO
Transporte público: 15 puntos
Servicios médicos asistenciales: 10 puntos
Servicios públicos mínimos: 10 puntos
Insalubridad del lugar (contaminación o emergencia sanitaria): 10 puntos
Factores climáticos rigurosos o vías de acceso al establecimiento: 5 puntos
