Aunque el ítem Aula cumplió su segundo año de aplicación, el polémico adicional tiene abierta una pelea en la Justicia, en donde se definirá si es constitucional o no.
Ayer el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación presentó un "incidente de nulidad" para que la Corte vuelva sobre sus pasos y desestime el pedido que hizo el gobernador Alfredo Cornejo de que el fallo sea en plenario, solicitud que retrasó la definición para el año que viene.
A partir de este revés, el SUTE apeló ante la Corte y solicitó que el pedido de inconstitucionalidad que presentó el 30 de marzo de 2016 sea definido por los "jueces naturales" de la Sala II, conformada por Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio, y no por los siete miembros de la Corte, solicitud que hizo Cornejo y que fue aceptada.
“Le pedimos a la Corte que sea seria en la resolución, que no dé curso a esta ilegalidad. Pedimos a la Sala II, que son los jueces naturales, que desautorice este llamado. Y si va a ser en plenario completo, que primero traten si dan lugar a nuestro pedido o no. Presentamos un pronto despacho”, anunció el titular del SU TE, Sebastián Henríquez.
El nuevo capítulo en la pelea judicial se enmarca en la novedad que se conoció hace una semana. Ese día, se esperaba que la Sala II, fuero laboral y penal, definiera la constitucionalidad del adicional.
Pero el Gobernador pidió que no sean sólo los tres jueces los que se expidan, sino que el fallo sea en plenario, lo que agregó 60 días más a la resolución. Es decir, la definición se conocerá recién en los primeros meses de 2018.
Según Cornejo, el pedido de que el fallo sea plenario y no sólo de la Sala II es porque, además del reclamo del SUTE hay otros recursos de amparo presentados por particulares que deberá resolver la Sala I, con fuero en lo civil.
El objetivo del Gobernador, según explicó, es que no existan dos fallos que puedan tener diferencias entre sí. “Debemos cerrar definitivamente el capítulo del ítem Aula y hacerlo por plenario con un fallo que sea categórico, no ambiguo, que diga que si es constitucional bien y si es inconstitucional que lo fundamente”, sostuvo Cornejo, y pidió que los temas con “trascendencia institucional” sean tratados en plenario.
En el SUTE sostienen que se alteró el proceso. “El 15 de diciembre era el plazo real que vencía el plazo para dictar sentencia. Ese día consta en expediente que ya había dos votos emitidos y el juez Valerio debía emitir su voto antes del 21 de diciembre. La sentencia ya estaba en autos. El Gobernador tendría que haber pedido que el fallo sea en plenario antes de que se avanzara en el proceso de sentencia”, señaló Henríquez.
“Validamos nuestro planteo de que acá hubo una injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial. Para nosotros es un golpe institucional, por lo que planteamos el recurso de nulidad”, acusó Henríquez.
