Siendo el agua un elemento tan vital y esencial para el desarrollo de todas las actividades humanas en nuestra provincia, la designación de nuevas autoridades en el Departamento General de Irrigación (DGI), se convierte en un hecho trascendente dentro del ámbito económico y social de Mendoza.
El Gobernador acaba de proponer el candidato oficial para presidir el ente autárquico, cuya estructura tiene una base organizativa similar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El superintendente mocionado para ser la máxima autoridad del DGI, es el actual secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, quien ya ha trabajado en un ente vinculado al agua, el EPAS.
De ser aprobado su pliego por la Legislatura provincial, le espera una ardua tarea, junto al elenco de conducción que designe.
La comunidad aguarda que la nueva gestión eleve las metas y logros, y supere las complicaciones y dificultades que han caracterizado a las dos últimas administraciones.
Entre otros aspectos, las asociaciones de regantes quieren contar a partir de ahora con una difusión amplia de los actos de gobierno del DGI.
Aplicando el mismo criterio, la comunidad en general debería conocer en qué estado se recibe el organismo. Especialistas en política hídrica y simples usuarios plantean que la repartición acumula pedidos de informes sin responder, en abierta oposición a la necesaria publicidad de las acciones oficiales. También debe revertirse, aunque el superintendente actual y colaboradores lo nieguen, la situación de las oficinas del primer piso del edificio de calle Barcala, área a la que solo se accede mediante el sistema de huella dactilar registrada. Siempre los que desean acceder a esas dependencias serán interesados en mejorar el riego o la más apta administración del recurso, no enemigos del organismo. Para muchos observadores las inspecciones de cauce no cumplen su gestión y una instancia es reveer la legislación al respecto.
Otra inquietud se refiere a la revisión de las resoluciones aprobadas en los últimos tiempos, y que eventualmente pudieran ser violatorias de la Constitución y de la Ley de Aguas. Habrá que establecerlo.
Asimismo hay mucho por ver en materia de aguas subterráneas y los criterios que se siguieron para otorgar permisos de perforaciones en distintas zonas, especialmente en la margen derecha del río Mendoza.
Los jefes de las zonas de riego aspiran a efectuar sus observaciones y sugerencias, al igual que los vecinos que encabezan las inspección es de cauce de cada cuenca.
Aunque para muchos es un problema casi sin retorno, debería asegurarse de manera más efectiva el control de obras y aprovechamientos ilegales, casi siempre turísticos y comerciales, en las márgenes de los ríos. La Ley de Aguas y el Código Civil son claros al marcar que los cursos que no nacen y mueren dentro de una propiedad son de uso público.
Aunque hay una situación de buena acumulación de líquido en los diques, siempre hay que operar pensando en que el agua es un bien escaso, y en ese sentido debe ser muy meditada la autorización de nuevas urbanizaciones hasta tanto se asegure el abastecimiento de la población, y los usos agrícola e industrial existentes. Aunque ya lo planteamos, insistimos en que la utilización del agua subterránea merece un tratamiento especial, dejando atrás el otorgamiento de permisos muy problemáticos, que hoy están en estudio en estrados judiciales.
Irrigación empieza a transitar una nueva administración. El mendocino espera que sea de lo más acertada posible, ya que de sus logros y aciertos depende una parte importante del futuro de las personas que habitan este páramo irrigado.
