El Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación decidió el rechazo a veinte de las 21 concesiones de perforaciones ubicadas en la margen derecha del río Mendoza -en Agrelo- otorgadas durante la gestión de Eduardo Frigerio. La medida había sido anticipada por el propio gobernador, Francisco Pérez, durante el último desayuno de la Coviar en las celebraciones de la Vendimia.
La decisión, según se acordó, fue adoptada por unanimidad entre los cinco miembros del tribunal, a pesar de que en una reunión que sobrepasó las dos horas hubo más de una consideración sobre los mejores tiempos para la resolución final. Predominó el criterio de la contundencia y de "la aplicación del imperio del orden normativo". Y se acompañó con el respaldo de más de cuarenta inspecciones de cauce de Mendoza.
La medida derivará la próxima semana en la presentación de entre diez y quince amparos en tribunales. Estarán patrocinados por un número similar de abogados de Mendoza y de Buenos Aires que "desfilaron" por Irrigación durante los cuatro días hábiles que separaron el anuncio de Pérez el sábado 3 de marzo y su ejecución en Irrigación ayer viernes 8.
Los profesionales representan a grupos inversores no totalmente identificados entre los cuales circulan los nombres heterogéneos o las marcas de Bulgheroni, Daniel Mautone (vinculado al conductor de TV Marcelo Tinelli) y socio del proyecto Santa María de los Andes, Cerezas de Argentina, Aymuray, KLP, Alto Agrelo, Santa Croce, Bulnes y Vignes des Andes.
La baja de los permisos precarios tomó como principal argumento el de la violación a la prioridad de otorgamiento prevista por el destino del agua o el orden de registración de los interesados, según lo establece la Ley de Aguas. Las solicitudes de los inversores fueron presentadas a nombre de una asociación (Alto Agrelo) conformada contrarreloj por los inversores con la visible pretensión de desplazar de su prioridad a otros interesados particulares anotados con anterioridad y que permanecían a la espera de mayores volúmenes de agua subterránea que permitieran nuevas perforaciones.
Esto a raíz de que una asociación de usuarios tiene prioridad en el acceso al agua al de un inversor individual. Sin embargo, los permisos precarios fueron otorgados a cada empresa en particular y no a Alto Agrelo.
Al parecer, entre los argumentos tomados ayer por Irrigación no se consideró el estado de emergencia hídrica durante el cual se otorgaron los permisos precarios (dado que existe un informe del Instituto Nacional del Agua que certifica mayores volúmenes en el acuífero).
El gobernador Pérez decidió dejar caer los permisos luego de que la Suprema Corte devolvió el asunto a Irrigación, confirmándola como la responsable de resolver el tema. Después de que todo un cuerpo de profesionales del derecho de aguas le asegurara al superintendente José Luis Álvarez que la medida "tiene la suficiente consistencia legal" frente a demandas en contrario.
Y tras el convencimiento político de que el tema del agua "debe jugar a favor del justicialismo" en las próximas elecciones. Y dar respuesta a un radicalismo que busca la iniciativa vía pedidos de informes, presentaciones judiciales o visitas "sorpresa" a Irrigación. "Se cerró una etapa. Ahora viene la nueva Ley de Aguas" aseguran en un Gobierno que prefirió los chispazos internos con los Azules a "dar ventajas" a la UCR en un tema central como el agua.