Entre los no pocos problemas que dejarán los doce años de kirchnerismo, posiblemente el más grave sea el irresponsable crecimiento del gasto y el empleo público. Este fenómeno ocurre en los tres niveles de gobierno -nacional, provincial y municipal-; por cierto, en el caso de las provincias y municipios hay excepciones rescatables. No sólo el problema radica en el desenfreno que muestran los números del crecimiento del gasto y empleo, sino que tanto más serio es el problema de mala administración de los recursos. Se gasta mucho y mal, se nombran empleados en dependencias que nada hacen para mejorar la vida de los habitantes. Se pagan sueldos que no guardan relación alguna con lo que esos empleados producen, encima superiores a los que se pagan en el sector privado. Sin exagerar podemos decir que estamos en presencia de una verdadera catástrofe que pocos se atreven a mencionar, menos los candidatos en campaña electoral.
Lo ha señalado muy bien un reciente informe de Idesa, en el que se analiza la evolución del gasto público nacional desde 1961 a la fecha. Cuestionando la característica que ha tenido la campaña electoral de eludir definiciones en tema importantes, el más notable son las escasas y superficiales referencias al inédito crecimiento del gasto y su mala administración. Destaca el Instituto los altos costos que generan los candidatos que llegan al poder sin haber hecho explícitas con anticipación sus estrategias de gobierno, poniendo el caso de la elección de Brasil y la difícil situación política de la presidenta Dilma Rousseff. Los datos que aporta el informe son elocuentes: entre 1961 y 2008 el gasto público nacional osciló en alrededor de 20% del PBI, con tres excepciones que estuvieron entre 23% y 25%. A partir de 2009 se acelera el crecimiento de las erogaciones que llegan a 33% el año pasado. Esto implica que las erogaciones en sólo seis años crecieron 62% por encima su nivel histórico.
Por otro lado se señala que este nivel de gasto no se financia genuinamente, a pesar del enorme aumento de la presión tributaria. El gobierno recurre a la emisión monetaria, que genera la alta inflación que sufrimos. En materia de empleo público, el economista Orlando Ferres estimó que los ocupados en los tres niveles de la administración sumaban en 2003 al inicio del kirchnerismo 2.390.000 y ahora supera los 4.200.000 empleados. El empleo público pasó de representar el 19% del total a fines de los ’90 al 27% ahora, algo más de una de cada cuatro personas empleadas está en el sector público. No es exagerada la calificación, hecha recientemente por un economista, de esta situación: “Es un bomba de tiempo”.
Mendoza, lamentablemente, no es la excepción a este proceso, por el contrario, se ubica en línea con lo ocurrido a nivel, particularmente en los dos últimos gobiernos, sumisos a los dictados del gobierno nacional. El gasto público provincial, medido en dólares, se ha multiplicado por cinco en una década y media y la asignación del gasto ha empeorado a ojos vista. Un informe publicado hace algunas semanas en nuestro diario muestra un crecimiento notable del gasto público: “... nuestra provincia está en el podio de las que más gastan, menos invierten y más destinan a salarios”. De ese informe surge que el porcentaje destinado a obra pública es ínfimo, lo que es visible en el estado de nuestros caminos, aunque se dedican fondos a obras que parecen caprichos de funcionarios y no necesidades comunes. Para financiar ese gasto, el gobierno provincial ha aumentado considerablemente la carga tributaria en los dos últimos años.
Hace unos días hemos publicado un importante informe realizado por la Universidad Nacional de Cuyo sobre el empleo municipal, donde en el conjunto de los departamentos hay 30.171 empleados. Realizada la relación cantidad de habitantes por empleado municipal sorprende la enorme disparidad, donde se advierte que mientras Godoy Cruz tiene 110 habitantes por cada empleado los departamentos de Santa Rosa y La Paz tiene 14 y 15 respectivamente. Cabe preguntarse si estos dos municipios prestan más servicios que el primero; es difícil que ello ocurra. Simplemente Santa Rosa y La Paz parecen ser “empresas” al servicio de los intendentes.
