Las estrategias de supervivencia suelen adoptar las más variadas formas y eso no excluye al empleo público, donde los sucesivos cambios de signo político hacen agudizar el ingenio para zafar de los retoques salariales o la pérdida del empleo.
En el Instituto Provincial de la Vivienda se ha dado el caso de siete empleados que obtuvieron su planta permanente en la gestión de Francisco Pérez y que ahora tienen fueros sindicales, por haber sido nombrados delegados gremiales de UPCN y ATSA.
Nunca más oportuna la afiliación y representación sindical, puesto que las autoridades del IPV han dispuesto un recorte en un adicional salarial conocido como "Fonavi" (Fondo Nacional de la Vivienda) que suele estar asociado a una mayor dedicación horaria. El problema es que ese adicional suele ser más elevado que el sueldo que perciben los empleados del Instituto.
Desde el IPV advierten que el recorte es real, pero que no es total, apenas un retoque: juran que en promedio se recorta cuatro o cinco mil pesos, sobre adicionales que superaban los 10 mil pesos.
El recorte es consecuencia del decreto 65 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, en el que suspende cualquier tipo de adicionales por mayor dedicación. Ante la decisión, los siete nuevos delegados plantearon por nota que sus salarios están protegidos por fueros sindicales, buscando evitar el recorte.
Entre los siete protegidos por fueros sindicales hay un administrativo que tenía contrato de locación de servicios, pero logró su pase a planta en 2015 y no por la paritaria, ahora es delegado de UPCN, y un empleado de comunicación y prensa que hoy es delegado de ATSA. Los otros 5 tenían responsabilidad jerárquica.
Se trata de la aún gerenta de Inclusión y Mejoramiento de Asentamientos Laura Martínez (de UPCN), el ex gerente de Gestión Integral del Hábitat Matías Becerra (de ATSA); el jefe de planificación estratégica Andrés Becerra (hermano del anterior, pero delegado de UPCN) y dos jefas de área más: Mabel Almonacid (ATSA) y Jorgelina Champaño (UPCN).
En el IPV tienen ingerencia seis sindicatos. Además de ATE y Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea), también está el gremio de los profesionales de la Salud, Ampros, que representa a los trabajadores sociales, un gremio relativamente nuevo llamado Sindicato de Trabajadores de la Vivienda de Mendoza (Sitravime), que nuclea a profesionales de la construcción, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).
Desde la conducción del IPV se indica que hay varias decenas de delegados gremiales de las distintas agrupaciones sindicales, número que están discutiendo en la Subsecretaría de Trabajo. La queja por el número no está dirigida a Sitea, que tiene un delegado; tampoco a ATE que no tiene ninguno de los nuevos delegados; ni a Ampros o Sitravime.
Desde ATSA, Juan Carlos Navarro dijo que no tiene delegados que hayan sido funcionarios, "tenemos segundo o tercer nivel", dice el histórico jefe de la Sanidad, para luego quejarse de que "nos hicieron desastres en la gestión anterior y los nuevos llegan con ansias de ajustar. Los delegados nuestros no están en la administración hace 30 días". Los Andes intentó comunicarse con UPCN y no hubo respuesta.
El IPV estuvo en el ojo de la tormenta por nombramientos de amigos del poder como Ariel Fernando Piantini, hermano del secretario privado de Francisco Pérez, la ex legisladora provincial Mireya Díaz, María Victoria Tonelli, hija de Luis Tonelli, quien fuera hombre clave de Pérez en OSEP y Mariana Ansaldi, ex directora de Recursos Humanos en la Secretaría de la Gestión Pública anterior a quien tildan como una profesional sólida.
Los montos en juego
Sin descontar aportes, dos de los protegidos por su condición de flamantes delegados cobran por el adicional Fonavi, $ 25 mil mientras que sus salarios rondan los 10 mil pesos; uno de ellos llega a 30 mil pesos por ese mismo adicional, a lo que hay que sumar el salario de también unos 10 mil pesos.
Otra de las delegadas cobra $ 20 mil por el adicional y seis mil de salario y otro $17 mil por Fonavi y 7 mil en salario. Los otros dos casos restantes cobran $ 12 mil y $ 13 mil de adicional y $ 6 mil y $ 11 mil respectivamente de salario.
Claramente el adicional Fonavi es lo más jugoso del sueldo, al menos en estos casos que se filtraron. En el IPV juran que no cortaron la totalidad del adicional, sino una parte y siempre cumpliendo con el decreto 65 de Alfredo Cornejo.
Ese mismo decreto le permitió a las nuevas autoridades del IPV devolver a 21 adscriptos a sus lugares de trabajo originales. El problema no era que el Instituto debiera pagarles el sueldo, porque eso lo paga la repartición de la que proviene el adscripto, pero el IPV si paga el adicional Fonavi: dicen que con la devolución de esos 21 agentes se ahorran 249 mil pesos por mes.
