En lo que aparece como un nuevo capítulo de una eterna transición entre dos gestiones políticas provinciales de distinto color, la actual administración del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que dirige el radical Damián Salamone, salió a hacer notar que la gestión justicialista que lo antecedió -a cargo del actual diputado Omar Parisi (FpV)- “dejó obras licitadas y adjudicadas que generaron compromisos (por más de 300 millones) muy superiores a los fondos que la Provincia tenía presupuestados” en 2015.
Esto debió salvarse ahora con “un decreto (del gobierno actual) para sanear situaciones que rozaban lo ilegal”.
Mientras, la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Martín Kerchner, hizo notar en su dictamen que “regularizar los defectos de procedimiento, en modo alguno exime de responsabilidad a los funcionarios que dispusieron el avance de las contrataciones, sin contar con las partidas presupuestarias en forma previa a la contratación”.
El área legal del IPV opinó que “el rol de los ex funcionarios (del instituto) deberá ser analizado junto al fiscal de Estado a los efectos de atribuir responsabilidades por su accionar”.
Por su parte, Parisi respondió que “no haber licitado esas obras hubiera significado que la Provincia las hubiera perdido, porque la Nación requiere el llamado a licitación para avanzar en su ‘no objeción’ financiera”. Dijo además que el procedimiento adoptado “es el habitual y el que se ha empleado en otras épocas”, aun en las de (el ex presidente del IPV del radicalismo, Raúl) Cicero.
“Estoy absolutamente tranquilo. Lo volvería a hacer porque significó traer obra para Mendoza (independientemente del momento en el que esta obra se termine ejecutando). Si el Tribunal de Cuentas necesita alguna explicación, la ofreceremos oportunamente”.
Parisi consideró que “en 2015 el IPV fue un área de gobierno que sobreejecutó el presupuesto asignado, en momentos en que otras áreas subejecutaban sus partidas”.
“¿De qué otra manera se podía avanzar cuando no había Presupuesto ni endeudamiento aprobados?”, disparó. Diferenció las condiciones existentes en 2015 de las actuales cuando “están autorizados el Presupuesto 2016 y 11 mil millones de financiamiento”.
Decreto emprolijador
El 5 de febrero el gobernador Alfredo Cornejo dispuso por decreto (142) la modificación del Presupuesto 2015 e incrementó (figurativamente) los recursos de ese año del IPV en 313 millones de pesos.
La norma lleva su firma, la de Kerchner y la del ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié y presenta la particularidad de ser una disposición adoptada en 2016, para reforzar las partidas de un Presupuesto de 2015 que -a su vez- no es otro que la pauta de gastos de 2014 reconducida por la ausencia de aprobación legislativa.
Este emprolijamiento “consiste en el aumento del crédito presupuestario de las operatorias desarrolladas dentro del marco de del Plan de Construcción de Viviendas financiadas por la Provincia, que ejecuta el IPV y que al cierre de 2015 quedaron pendientes de registración”, tal como reza la nota elevada el 22 de enero por Salamone a Kerchner.
Responde al informe elevado por la Gerencia de Administración del IPV a Salamone en el que se hace notar que "la no imputación presupuestaria surge de los Programas Techo Digno I y II, Promeba, villas y asentamientos precarios, construcción vivienda, Plan Federal II, Plurianual y Mejor Vivir".
El mismo informe agrega que "no existe constancia que se hayan generado actuaciones administrativas tendientes a aumentar las partidas presupuestarias provinciales aparte de las asignadas por el Presupuesto reconducido" en referencia a la pauta 2015.
Agrega que “en el ejercicio 2015 se trabajó con el presupuesto reconducido de 2014, por lo que el aporte que la Provincia debía realizar al IPV es el mismo asignado en el ejercicio 2014 que fue de 160 millones de pesos, importe éste que es a las claras insuficiente para afrontar el pago de los compromisos asumidos”.
En los programas de construcción que la Provincia acuerda con la Nación, ésta financia un importe fijo por vivienda o por mejoramiento y la diferencia debe ser aportada por el IPV con fondos propios o del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). En el IPV destacan que “el apto técnico por parte de la Nación es previo a la imputación preventiva de una obra. En caso de que no exista disponibilidad presupuestaria, se debe emitir un informe”.
Continúa paralizada la construcción de 4.200 casas
“En la provincia existen 4.200 viviendas en diferentes estados de obra que se encuentran paralizadas por la debacle”, afirmó a Los Andes el actual presidente del directorio del IPV, Damián Salamone, apuntando a los antecesores.
“Sin financiamiento, dejamos 2.500 casas por encima del 60 por ciento, de las cuales 400 tienen grados de avance superiores al 90 por ciento”, destacó el ex titular del organismo, Omar Parisi. “Con financiamiento, ya se podría haber entregado 200”, provoca a los sucesores.
Un pantallazo sobre la vivienda muestra que la Nación dejó de enviar fondos en setiembre pasado, que los 14 Promeba tienen poco avance y que la Provincia mantiene deudas millonarias con los contratistas, aunque en enero canceló un 10 por ciento.
