Quienes viven a lo largo de los 90 kilómetros que separan Uspallata de Las Cuevas desde hace años reclaman mejoras en sus condiciones de vida, salud y educación. Sin embargo, pese al anuncio del gobernador Alfredo Cornejo a fines de 2016, adelantando que quería convertir la alta montaña en “la Andorra mendocina”, los inconvenientes siguen.
“En enero empezaron a llegar anuncios de desalojo a los vecinos que viven en terrenos que no son propios, porque acá todos los terrenos pertenecen a la Nación o la Provincia”, destaca Fernando Palma (37), propietario del sitio Mundo Perdido, en Puente del Inca.
Alertados por la situación, los lugareños crearon Vecinos Autoconvocados de Alta Montaña (VAAM), para “trabajar en defensa de los derechos laborales y de arraigo de las comunidades andinas de la zona”, explica Araceli Pelegrina (37), esposa de Fernando y trabajadora social que desempeña funciones en Uspallata y el corredor internacional.
A las cartas de desalojo se sumó la visita de personal de Turismo que, según recuerda Palma, “vinieron muy envalentonados y aún no nos dan las habilitaciones para la temporada de invierno”.
No obstante, desde el Ente Mendoza de Turismo (Emetur) explicaron que “lo que necesitamos hacer es un blanqueo del sistema dominal de las propiedades, darles una solución jurídica para que se puedan habilitar los comercios y así incluirlos dentro de la planificación turística”, según aclaró Marcelo Reynoso, director de Calidad y Servicios Turísticos.
La calefacción es cara
La preocupación por este nuevo contexto se suma a los reclamos que vienen haciendo los vecinos desde hace años respecto a necesidades básicas que no están siendo cubiertas y que en temporada invernal se sienten más debido a las bajas temperaturas.
Una de ellas es la falta de red de gas, lo que obliga a los habitantes a calefaccionarse cion garrafa y/o leña. Las primeras cuestan $ 200 y duran aproximadamente una semana; es decir, $ 800 mensuales.
En cuanto a la leña, la tonelada vale $ 3.500 y para un invierno son necesarias tres por casa, lo que equivale a $ 10.500. Quienes utilizan caloventores (que son más seguros durante la noche) llegan a pagar entre $ 4.000 y $ 5.000 por mes de luz, debido al alto consumo. “No tenemos alternativa porque durante la noche hacen 20 grados bajo cero y no alcanza todo el abrigo para enfrentar el frío”, remarca Pelegrina.
Orlando Carpentiero (45) vive junto a su familia en Punta de Vacas, a unos 500 metros de la ruta. Recibe una pensión por discapacidad de $ 4.300 y es el único ingreso que tienen por el momento. “No hemos podido comprar leña este año porque sale mucha plata, pero por suerte el municipio nos trajo un poco y eso estamos usando. No es suficiente, pero es una gran ayuda”, dice.
Está esperando que la Municipalidad de Las Heras le habilite un kiosko con el que espera mejorar su situación económica. Mientras prepara el lugar junto a su hijo Adrián (15), destaca que una de sus mayores necesidades es el alumbrado público, ya que de noche no se ve nada.
Las localidades que tienen mayor cantidad de habitantes con carencias son Punta de Vacas y Polvaredas. Frente a la necesidad de calefaccionarse, muchos destinan el poco dinero con el que cuentan para ese fin y ponen en segundo plano a los alimentos. “O nos morimos de frío o nos morimos de hambre”, bromea irónicamente un lugareño.
Frente a la timidez de sus vecinos, Palma toma la posta asegurando que “todas las gestiones han hecho muy poco, pero la que asumió hace un año y medio ya ni siquiera trae alimentos para repartir”. Tanto él como su esposa suelen asistir a quienes menos tienen, llevándoles comida y leña.
Como Vialidad Nacional es responsable sólo de limpiar la Ruta 7, muchas veces las viviendas cuyas puertas no dan a esa vía quedan aisladas del camino. “Imaginate que están a 400 metros de la ruta y tienen 2 metros de nieve en la puerta de la casa. Nosotros nos ponemos las raquetas y les llevamos cosas, pero la ausencia del Estado es enorme”, insiste Palma.
Agradecido, Carpentiero destaca que “el jefe de Gendarmería, Salinas, se porta muy bien con nosotros”. En general, todos coinciden que esta Fuerza hace mucho por los vecinos, pero también tiene recursos limitados.
Desde la Municipalidad de Las Heras aclararon que no están repartiendo leña y que la entrega de alimentos corresponde a Desarrollo Social de la Provincia.
Llegan tarde a la escuela
La lista de necesidades no cesa y los vecinos aprovechan la oportunidad para soñar con mejores condiciones. “Otra cosa que nos vendría bien es un colectivo que baje temprano, porque el de ahora pasa a las 12 y estamos llegando a Uspallata a las 13, cuando todo cierra. Dependemos de hacer dedo o de que Gendarmería hable con los camioneros para ver si alguno nos hace el favor de acercarnos”, describe Carpentiero.
De hecho, hay un solo colectivo que sale a las 6 de la mañana desde Mendoza, hace todo el recorrido hasta Las Cuevas y vuelve por la misma ruta hasta Ciudad. Al respecto, desde la secretaría de Servicios Públicos de la provincia reconocieron la situación, pero explicaron que “es el mejor ajuste que se ha podido hacer a ese servicio”.
Otro problema es la educación de los niños. “La escuela, que está en Puente del Inca, abre a las 8:30 pero el colectivo que lleva a los chicos y a algunas docentes recién llega ahí a las 9:40. Los hijos de los gendarmes, que viven ahí, empiezan las clases a horario y los nuestros se suman después”, señala Pelegrina.
Es más, el dictado de clases responde a las decisiones que toma la DGE en Mendoza, pero cuya realidad es muy distinta a la que suele existir en Alta Montaña. En especial, si se trata de fenómenos climáticos que afectan al lugar.
“Cuando hay Zonda acá ni se siente, porque se forma en esta zona, pero suspenden las clases en toda la provincia. Sin embargo, cuando tenemos 3 metros de nieve acá los chicos tienen clases normales y deben faltar porque no podemos salir de la casa para llegar a la ruta”, describe la trabajadora social.
Cabe recordar que la escuela primaria N° 1-390 Ejército Libertador, que funcionaba en Punta de Vacas, tuvo sus dos últimos alumnos en 2012, por lo que dejó de funcionar a partir de la falta de estudiantes. Sin embargo, el Cens N° 3-414 Maestro de Posta Valentín Ortiz, que funcionaba en el mismo establecimiento, fue cerrado por problemas edilicios. El mismo permitía que muchos adultos realizaran sus estudios allí, por lo que los vecinos tienen la ilusión de que vuelca a abrir pronto. “Nos dijeron que ya está terminado”, subraya uno de ellos.
Patricia Charamonte, directora de Educación Primaria de la DGE, hizo referencia al tema del horario de inicio de clases de la escuela de Puente del Inca: “Se les ha ofrecido a los padres ajustar el horario al del colectivo, pero nos han dicho que no”. Además, remarcó que “de un momento a otro” será reabierto el establecimiento de Punta de Vacas “porque hoy tenemos cerca de 15 chicos que viven allí”.
Sin médico y un hospital a 50 km
Otro inconveniente es la falta de atención médica en la zona, limitada a la presencia de una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias. “Si a mis hijos les pasa algo tenemos que llevarlos hasta Uspallata, que nos queda a 50 kilómetros. Nos pasó que el nene se volcó el té hirviendo en la cara, que se le llenó de ampollas y no lo quisieron atender, así que nos fuimos en el auto hasta allá”, describe Araceli Pelegrina.
Por su parte, Raúl Salvatore, director de la región Metropolitana Norte, señala que en esos casos “el SEC tiene que asegurar el traslado del niño”, pero que ese servicio no está bajo su jurisdicción. De todas maneras, invita a los vecinos a que hagan los reclamos correspondientes: “Ya les he hablado y les he dicho que, si tienen una queja, la vehiculizen por escrito”.
Hasta hace unos meses un médico de familia recorría el corredor internacional todas las semanas, revisando a los cerca de 300 habitantes que viven a lo largo de esos 90 kilómetros. Esa cifra no incluye a los gendarmes y sus familias. Carpentiero ve la situación con el vaso medio lleno y remarca que “desde que está Mengual (Gabriel, director del hospital de Uspallata) nos tratan mejor y hasta podemos pedir los turnos en forma telefónica”.
Salvatore explica que, desde su lugar, sólo puede “asegurar el funcionamiento de la posta sanitaria de Puente del Inca, con la presencia de una enfermera que vive en la zona” y que trabaja para lograr “que se contrate a un médico del hospital Chrabalowski, para que vaya allí dos veces por semana a Polvaredas y Puente del Inca”, en reemplazo del que pertenecía a Gendarmería y atendía a los vecinos por una cuestión de cortesía, pero que estaba allí para asistir a los uniformados y sus familias.
