Sociedad
Para este miércoles se espera “tiempo bueno” en Mendoza: cuál será la máxima
hace 5 horas
El fiscal federal
Gerardo Pollicita
abrió una investigación para determinar si desde el Gobierno nacional se destinó menos dinero para la construcción de viviendas públicas a las provincias gobernadas por opositores como posible castigo político, se informó hoy en
Tribunales
.
Pollicita
dio impulso formal a una denuncia penal presentada por la diputada
Elisa Carrió
, el senador
Fernando "Pino" Solanas
, la ex diputada
Fernanda Reyes
y otros legisladores de la Coalición Cívica contra el ministro de Planificación Federal,
Julio De Vido
, y otros funcionarios del área de vivienda.
"Que el fiscal haya iniciado la investigación es porque consideró que hay una hipótesis de delito y corresponde ser investigado. Cuando denunciamos el manejo discrecional de los fondos para la construcción de viviendas, denunciamos que había una utilización política de los recursos del Estado para intentar manipular a los gobernadores", sostuvo
Reyes
.
La denuncia sostiene que el
Gobierno nacional
dispuso otorgar a las provincias fondos para la construcción de viviendas sin ningún parámetro y solo bajo premisas políticas.
"Luego de revisar y analizar la distribución de los fondos de los planes federales de vivienda (financiados por el Poder Ejecutivo Nacional) a las distintas provincias, notamos que ésta no siguió ninguna premisa establecida y que hay evidencias claras de que respondieron a las afinidades políticas del Gobierno Nacional con los Gobiernos Provinciales de turno", sostiene la denuncia, según fuentes del caso.
Como ejemplo, se puso a la provincia de
Córdoba
, gobernada por el peronista opositor
José Manuel De la Sota
, que el año pasado habría recibido fondos por 2.377.000 pesos contra 120 millones que habría obtenido en 2006.
La contracara, según la denuncia, sería
Chaco
, gobernada entonces por el actual jefe de Gabinete,
Jorge Capitanich
, que en 2006 habría recibido 100 millones de pesos para viviendas y que en 2013 tuvo un aumento, ya que habría obtenido 176 millones.
"El caso de
Santa Fe
es similar al de
Córdoba
, aunque con una caída aún más pronunciada. En 2012 los santafecinos recibieron por estos planes una cifra 93 por ciento menor a 2006 (14 millones en 2012 vs. 220 millones en 2006)", agrega la denuncia.
La causa que se inició es por la presunta comisión de los delitos de "abuso de autoridad" y "malversación de caudales públicos" en la que el fiscal Pollicita le solicitó al juez
Ariel Lijo
una serie de medidas de prueba para avanzar en el expediente.
