Una doble investigación administrativa y judicial se lleva a cabo en torno a una quema de 'papeles' del Ministerio de Transporte, para determinar si el material incinerado hacia el mediodía de una jornada laboral es o no documentación del Estado, su importancia y si se ha incurrido o no en la destrucción de documentación pública.
El hecho cobró trascendencia mediante fotografías y videos aportados por personal del ministerio y publicados en el portal online Mdz. Dado el momento de transición de gobierno que vive la provincia, aparecieron suspicacias sobre una eventual intención de ocultamiento. Entre los documentos publicados aparecen actas de infracción que establecen multas contra empresas de transporte público de pasajeros.
“Ni bien tomamos conocimiento de lo ocurrido el martes radicamos la denuncia en la Unidad Fiscal N° 2 del barrio Cano, a través del director de Administración, Rodrigo Martínez y de la directora de Jurídica y Fiscalización, Laura Moles”, afirmó a Los Andes el ministro Pablo Rousseau. Confirmó que está prohibido hacer cualquier tipo de quema en el predio del ministerio y que quienes participaron de la incineración son integrantes de una empresa de limpieza tercerizada. También desmintió los rumores que circularon sobre su renuncia, estimó que los hechos fueron “inflados con intencionalidad político-gremial” y aseguró que cualquier documentación de importancia que eventualmente hubiera podido ser destruida va a ser identificada, reconstruida y reincorporada.
La postura de Rousseau fue la contracara de la adoptada por el secretario adjunto de ATE -y anterior delegado sindical en la Empresa Provincial de Transporte- Jorge Chávez. El dirigente sindical se constituyó en querellante y acusó al ministro de “haber dado la orden de quemar papeles”.
Los hechos motivaron la intervención de la Fiscalía de Estado, que encabeza Fernando Simón, y de la fiscalía especial a cargo de Santiago Garay ante la presentación por escrito de una denuncia del hecho. “Hemos secuestrado algo así como un kilo de papeles que no alcanzaron a ser quemados, en este momento los estamos procesando para evaluar si tienen o no importancia y si detectamos algo que merezca ser investigado convocaremos a protagonistas y testigo”", afirmó Garay.
El fiscal especial adelantó que “si hubiera que poner una carátula simplemente sería la de 'averiguación de hecho' ya que por el momento sería muy imprudente hablar de algún tipo de delito”. Y confirmó que ayer por la mañana "”na abogada se hizo presente en la fiscalía y presentó una denuncia por escrito” sobre el tema.
El fiscal de investigaciones administrativas Javier Fernández se hizo presente ayer en el lugar y confirmó que “tomamos algunas testimoniales en la gente que participó en la quema. He procedido a hacerme parte y y a darle la intervención inmediatamente de los secuestros y del resto de la documentación al fiscal Garay”.
Autam amenaza
Por enésima vez en los últimos cuatro meses un comunicado de la cámara empresaria del transporte público de pasajeros amenaza con paralizar los servicios nocturnos. Esta vez, desde las 22 de hoy y hasta las cinco de la mañana del día viernes, feriado. Y reclama el pago de una deuda “superior a los 150 millones de pesos”.
En el servicio intervienen 150 choferes de colectivos. La conducción del gremio que los agrupa -Sipemom- esperará a confirmar en los hechos la eventual suspensión. De producirse y reiterarse de domingo para lunes, convocará al cuerpo de delegados “para definir las medidas a seguir”.
