El ministro de Energía, Juan José Aranguren, será investigado por la Justicia al sospecharse que los aumentos de la tarifa de gas, impulsados por el Gobierno, podrían haberlo beneficiado patrimonialmente “al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista de Shell”.
La imputación de Aranguren fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, quien ya pidió al juez federal Luis Rodríguez “una gran cantidad de medidas de pruebas”, según trascendió en los tribunales de Comodoro Py.
La denuncia contra Aranguren llegó de la mano de los diputados del Frente para la Victoria, Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes en la presentación judicial también cuestionaron que los aumentos tarifarios se han llevado adelante sin una audiencia pública, tal como lo fija la ley.
La no realización de audiencias públicas fue también apuntado en distintos fallos judiciales ante la presentación de amparos contra el tarifazo del gas que hicieron varias provincias.
Según los denunciantes, “el aumento del valor del gas pagado a los productores en la República Argentina” impactaría positivamente en el patrimonio del ministro porque “es titular de más de 13 millones de pesos en acciones” de la petrolera Shell, que dirigió hasta no hace mucho.
“Dichas acciones forman parte del patrimonio del ministro y, desde luego, su valor fluctúa con la actividad de la empresa. De esta manera, mientras Shell SA acreciente su actividad y se mantenga como una empresa líder en el mercado de la energía, el patrimonio de Aranguren se mantendrá en alza”, afirman los denunciantes.
Los diputados, además, cuestionaron el “conflicto de intereses respecto de la situación del ministro socio de Shell” por entender que se violó la ley de Ética Pública por incompatibilidad.
“Aranguren renunció a la presidencia de la empresa el 30 de junio de 2015, no habiendo transcurrido los tres años desde esa renuncia hasta su designación como ministro de Energía, conforme a los artículos 13 y 15 de la Ley de Ética Pública”, apuntó la denuncia.
Aranguren también será investigado por la compra de gas a Chile, vía la empresa Shell, donde la compra resultó un 53% más cara que si se hubiera hecho sin esa intermediación. Esta operación también resultó un 128% más costosa que lo que se paga por la importación de gas a Bolivia.
Este episodio también fue denunciado ante la Justicia por el senador nacional Fernando Solanas, aunque todavía no hubo decisión fiscal para llevar adelante la presentación.
La investigación judicial a Aranguren encuentra al ministro atravesando turbulencias políticas. El jueves pasado, el Gobierno debió anunciar una marcha atrás en las tarifas de gas de todo el país, después de las quejas surgidas a partir de aumentos que alcanzaron hasta 2.000%.
Ayer, Aranguren estuvo en la residencia de Olivos, en un mano a mano con Mauricio Macri. Fuentes oficiales consultadas por este diario afirmaron que el Presidente le preguntó por el nuevo cuadro tarifario (que tiene aumentos de hasta un 500%) y que le dijo: “Vaya para adelante”. Por la mañana, Aranguren había desmentido que fuera a presentar su renuncia, como sugerían los rumores.
La investigación judicial también despertó especulaciones. El fiscal Stornelli, quien hace unos años fue director de seguridad de Boca Juniors, jamás ocultó su buena relación con el presidente Macri.
