Una denuncia del sindicato de Juegos y Casinos puso bajo la lupa el manejo de la Quiniela de Mendoza. La sospecha es por el presunto cobro de premios a punto de prescribir y Fiscalía de Estado ya comenzó su análisis sobre el accionar del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
La novedad surgió con las asambleas paritarias de este año. Una de las discusiones era sobre un porcentaje que reciben los empleados en relación a los premios prescriptos, es decir aquellos sin cobrar y que "vuelven" al Estado. Allí mismo, un quinielero comentó que en octubre había detectado una falla en el sistema y lo había denunciado al Instituto.
El sindicato tomó nota del asunto y elevó la denuncia a Fiscalía de Estado. “Que el hecho exista es una irregularidad trascendente. El Estado paga millones para controlar esto y no debe haber ningún tipo de irregularidad”, señaló Martín Caín, secretario general de la Unión del Personal de Juegos y Casinos.
La presidenta del Instituto, Josefina Canale, reconoció que hubo una "debilidad en el sistema" pero mostró cautela para no hablar de fraude.
“En cuanto descubrimos eso obligamos a la empresa a cambiar el sistema. Después se armó una auditoría para ver si efectivamente ese dolo o ese fraude existió. Eso no lo sabemos por el momento”, comentó.
La respuesta de la auditoría no convenció a Caín: “Se investigan a ellos mismos ¿Quién audita? ¿Los mismos que podrían tener alguna responsabilidad?”. A su vez, Canale sostuvo que analizaron la sospecha de octubre y que la agencia que entregó el premio presentó el ticket correspondiente, por lo que no encontraron pruebas fuertes para avanzar.
Un cálculo previo podría cuantificar el monto de la maniobra hasta $ 15 millones, pero es temprano para un número definitivo porque la presunta estafa puede extenderse a varios años. Eso es así debido a que la empresa Ivisa, a cargo del sistema de capturas de apuestas online, trabaja en el Casino desde hace 15 años. Justamente, la firma también es cuestionada en la denuncia del sindicato.
Una vez que el fiscal de Estado, Fernando Simón, recibió el documento designó al abogado Ramiro Quevedo Mendoza para iniciar las acciones. Así mismo, el organismo se estableció como parte acusadora y con ello puede acompañar y controlar los procesos internos del Casino.
Según comentaron desde Fiscalía de Estado, Quevedo confirmó que habían iniciado una auditoría pero pidió un proceso de investigación sumarial.
Además llevó documentación a la Fiscalía, como boletos y permisos para cobrar los premios. El problema es que ese trabajo de comparación debe hacerse de manera manual y aseguran que no habrá resultados por al menos un mes.
La maniobra
En el caso de la Quiniela de Mendoza, una vez que se avisa el ganador hay un plazo de 15 días para cobrar el dinero antes de que prescriba. Para resguardar que cobre el verdadero ganador, cada boleta posee dos series de números. La primera aparece en el listado que emite el sistema para identificar ganadores y la segunda sólo figura en la boleta que se entrega al jugador.
Sin embargo, la denuncia es que al menos hasta octubre de 2016 el sistema operaba en "Modalidad Abierta". Es decir que se podían descargar los premios sin tener la segunda serie que figura en el ticket ganador. Con eso se esperaba hasta media hora antes del plazo final, cuando ya no iba a aparecer el ganador, y se cobraba el dinero.
Para tener idea del valor que podría implicar, el sindicato calcula que en premios prescriptos por mes hay entre $ 1 millón y $ 1,5 millones.
Si se calculara esa cifra por diez meses (hasta octubre), significa que hasta $ 15 millones estuvieron en riesgo sólo en 2016. El número no es exorbitante si se compara con los cerca de 70 millones que entrega la Quiniela de Mendoza por mes.
