De acuerdo a la ley provincial (N° 6.929), que establece los límites de tiempo que pueden trabajar los docentes y directivos de todas las escuelas de la provincia, el máximo permitido para los educadores del nivel secundario y superior es de 36 y 48 horas semanales respectivamente. Sin embargo ahora, la Dirección General de Escuelas (DGE) investiga -por pedido de la Fiscalía de Estado- a 18 educadores que han sobrepasado esa carga horaria desempeñando funciones que los deja en una situación irregular.
El pedido para que la cartera educativa intervenga en el tema y tome las medidas correspondientes con los maestros y profesores que excedieron la norma, surgió por parte de la
hace ya cinco años.
Justamente, el organismo de control oficial publicó el lunes, en su página web, la existencia de estas irregularidades y denunció que éstas incluían en un principio a un total de 84 docentes. Luego, se comprobó que efectivamente fueron 18 los que resultan en la actualidad factibles de ser sancionados en el caso de no renunciar a las horas que cobraron de más.
Pero la investigación que ha llevado adelante el fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández, va más allá y apunta inclusive a funcionarios de DGE como responsables de ocultar información sobre estos casos. De acuerdo a la fiscalía, el área de Educación retrasó los informes que se habían solicitado en diferentes oportunidades y eso generó una dilación en la investigación. Por eso, aseguraron desde el organismo de contralor, que "el actuar por parte de los funcionarios responsables de la Dirección General de Escuelas es antijurídico y constituye una irregularidad administrativa sancionable".
Por eso, ahora el organismo pidió a la titular de la DGE, María Inés Abrile de Vollmer, que al mismo tiempo eleve un sumario administrativo a los responsables del área de Asesoría Letrada de la cartera educativa, quienes tienen a cargo la responsabilidad de hacer cumplir las normas vigentes.
La denuncia que instó a las autoridades del Estado mendocino para que investigaran estas irregularidades, data de marzo de 2009. Ese año el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), elevó antecedentes a la Fiscalía de Estado que daban cuenta de que había educadores que estaban desempeñando tareas incompatibles en relación con su función, es decir, por fuera de lo establecido en la normativa vigente. Se trata, en suma, de docentes y directivos que estaban cobrando dinero extra por cubrir más horas, en las escuelas, de las permitidas.
En general, se estima que el exceso de horas cátedra trabajadas semanalmente ronda entre las cinco y las diez. Ahora, el próximo paso que deberá llevar adelante la DGE es intimar a los 18 educadores que están en esa condición para que renuncien a las horas de más en un plazo de 72 horas.
"Si en ese plazo el docente que está en esa condición irregular no renuncia a estas horas, la DGE tiene la facultad de decidir a qué horas cátedra dará de baja al docente", aseguró Abrile y aclaró que la situación de los docentes en ese sentido suele ser muy dinámica debido a que cambian permanentemente de colegios, renuncian a horas o piden traslados.
La funcionaria adelantó que cada uno de estos casos será investigado en detalle y se evaluará la sanción correspondiente. De hecho, de acuerdo a lo comunicado por la Fiscalía de Estado, los docentes deberán explicar su situación a las autoridades y demostrar que realizaron las prestaciones correspondientes al total de horas pagas. Es caso de que esto se haya producido, la DGE tendrá que iniciar las acciones necesarias para recuperar el dinero pagado de más.
"Es probable que algunas situaciones puedan ser solucionadas; depende de cada caso en particular", aclaró la directora general y estimó que en dos semanas, el informe de la DGE podría estar terminado. Respecto de las demoras por las cuales la DGE recibió un llamado de atención por parte de Fiscalía de Estado, dijo que la tarea de controlar que los docentes no se excedan las horas permitidas para el ejercicio de su profesión es en realidad una rutina mensual de la DGE. "No hay que olvidar que en todo el sistema hay 44 mil docentes", detalló y aclaró que la denuncia mencionada data de la gestión anterior.
