El Gobierno de Alfredo Cornejo licitará hoy la construcción del Instituto de Formación Penitenciaria de San Felipe. Es una de las ocho obras del plan de construcción y refacción de unidades penitenciarias de la provincia que alcanza un monto total de 2.200 millones de pesos.
La cifra equivale hoy al 61 por ciento de la partida total prevista para todos los trabajos públicos en el presupuesto provincial de este año, que llega a 3.600 millones de pesos.
Hay que aclarar que el plan de obras penitenciarias es bianual (de 18 a 24 meses) y que incluye los 806 millones de pesos provenientes de fondos nacionales para la cárcel federal.
Pero aún así las cifras dejan bien en claro la importancia que otorga el gobierno provincial a la infraestructura carcelaria: sus montos de ampliación bianual superan la mitad de toda la obra pública provincial (carcelaria local incluida) de un año.
Las reformas a la legislación promovida por el Ejecutivo endurecieron las prisiones preventivas de los procesados y redujeron el otorgamiento de salidas para los condenados. Y esto viene haciendo crecer la población carcelaria mendocina a un ritmo de diez personas por semana entre la diferencia de los que “entran” y los que “salen”.
Esto sucede en un sistema que a fines del año pasado contaba con 3.390 plazas y 4.420 presidiarios. Es decir que ya tenía más de mil plazas faltantes, con las consiguientes condiciones de hacinamiento. Estas -en reiteradas oportunidades- han sido condenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante las últimas cuatro gestiones provinciales.
El gobierno tiene en vista para 2019 la habilitación de 1.582 nuevas plazas penitenciarias entre Almafuerte Dos (1.046) y la Cárcel Federal (536), con lo que el sistema se ampliaría de cinco a siete complejos carcelarios.
“La idea es generar un soporte estructural que permita el trabajo dentro de las cárceles”, destacan en el Ejecutivo, promotor de la aplicación “masiva” de la formación laboral de los condenados como una condición de acceso a los beneficios.
“En total son catorce las obras previstas, ocho de las cuales ya iniciaron el proceso”, señalan en la cartera de Economía e Infraestructura que conduce Martín Kerchner.
“En ejecución y casi a punto de terminarse se encuentran las obras de los separadores de pabellones en San Felipe y la construcción de oficinas para magistrados en Boulogne Sur Mer. Mientras que la ampliación de la Unidad Penal 3 de mujeres en el Borbollón también se encuentra en proceso constructivo con un avance de un 5%”, afirma un informe oficial.
“Con el proyecto ejecutivo completo y en la etapa de imputación presupuestaria aparece la construcción de la Colonia Penal Sixto Segura, en San Rafael con una inversión de $55 millones”.
Mientras “la planta de tratamiento de líquidos cloacales para los complejos penitenciarios Almafuerte I, II y Cárcel Federal fue licitada a fines de junio y se encuentra en etapa de evaluación de las ofertas para posteriormente ser adjudicada a alguno de los seis oferentes”.
Las dos mayores obras son precisamente las de la Cárcel Federal y Almafuerte II.
En esta última están en carrera la UTE de Cartellone-Obras Andinas y la de OHA-Laugero Construcciones-Power China. Y quedó afuera la de Ceosa-Procón.
Mientras que para terminar la Cárcel Federal -tras dos llamados a licitación sin interesados y al borde de la contratación directa- el gobierno hizo saber este fin de semana que “se recepcionaron las propuestas de tres uniones transitorias de empresa para proseguir con su construcción -que se encuentra paralizada- y con un 50 % de avance”.
