A medida que pasan los días -también podríamos decir horas- el Gobierno nacional va dando muestras más que acabadas de su intención de cooptar la Justicia.
El avance es evidente y el Ejecutivo no sólo no escucha los reclamos, evidenciados a través de marchas, como sucedió días pasados, sino que ha decidido continuar su avance sobre aquellos jueces que considera “molestos”, ya sea para la continuidad del “modelo” como para resguardarse convenientemente de posibles y seguras demandas judiciales que podrían presentarse en el futuro respecto del accionar y crecimiento económico, tanto de funcionarios como de los “amigos” allegados al poder.
Los dos últimos hechos concretos fueron el desplazamiento de un plumazo del juez que investigaba las facturas truchas de Lázaro Báez y Hotesur o el desplazamiento del juez José María Cabral, por parte de la mayoría K del Consejo de la Magistratura, porque estaba a punto de declarar nulo el Tratado de Argentina e Irán en torno a la causa AMIA.
Fue precisamente este último hecho el que motivó una multitudinaria marcha en la Capital Federal, en rechazo de la remoción por considerarla “ilegal e inconstitucional”, tal cual lo definió la Asociación de Magistrados.
Pero ese avance sobre la Justicia tiene, además del grave contenido institucional, una profunda incidencia sobre el futuro de la economía en razón de que puede llegar a afectar -de hecho ya lo está haciendo- las posibilidades de inversiones en el país. Así quedó reflejado días pasados, durante un congreso convocado por empresarios, quienes llegaron a la conclusión de que “no habrá inversiones en el país mientras la Casa Rosada maneje a control remoto a los magistrados”.
No les faltan razones a quienes sostienen esa teoría y los hechos -para los mendocinos- así lo demuestran. Las grandes inversiones, especialmente vitivinícolas, tanto nacionales como extranjeras, se multiplicaron en los momentos en que en la Argentina existió seguridad jurídica y económica, incluyendo en ellos a una parte importante de la actual gestión gubernamental.
Cuando las reglas de juego cambiaron, cuando el dólar no tuvo un incremento similar al de la inflación interna, cuando comenzaron las demoras en las devoluciones del IVA o de exportaciones, cuando se pusieron trabas respecto del porcentaje que las empresas extranjeras podían retirar de sus ganancias, entre otras incongruentes medidas económicas, las inversiones sufrieron una fuerte retracción.
Hay un aspecto que también debe ser considerado dentro del esquema general. Durante la última década, gran parte del movimiento empresario mantuvo una llamativa pasividad y silencio respecto del avance del kirchnerismo sobre las instituciones, los derechos privados y la Justicia independiente.
En la mayoría de los casos, esa actitud respondió a la necesidad de mantener negocios con el Estado, en tanto hubo también otros que mantuvieron esa actitud por temor a posibles represalias por parte del Ejecutivo.
Represalias que no sólo caían sobre los empresarios sino que alcanzaban también a las provincias cuyos gobernadores no se encolumnaron abiertamente con el Gobierno nacional en su pelea con el campo y, en ese marco, Córdoba debería ser tomada como el mejor ejemplo; Scioli en Buenos Aires sufrió decenas de embates en cada uno de los discursos de la propia Presidenta, mientras Mendoza no fue tenida en cuenta hasta que, en una decisión (¿democrática?) decidió otorgar los cargos más importantes en las próximas elecciones nacionales a las figuras más encumbradas del kirchnerismo
. La propia ciudadanía tuvo en cuenta esa situación a la hora de decidir en el cuarto oscuro. Un hombre de De la Sota ganó con comodidad en Córdoba, y en Mendoza perdió el oficialismo.
Con miras al futuro, y si deseamos que las inversiones retornen a la Argentina, resultaría saludable que el Gobierno se dedique a gobernar de la mejor manera posible esta transición hasta el 10 de diciembre, dejando de avanzar sobre la Justicia y las instituciones. Los empresarios ya lo han advertido, la ciudadanía se ha expresado tanto en las urnas como en las marchas y sólo queda en la incertidumbre el llamativo silencio de la clase política, especialmente de la oposición.
