El miedo a opinar parece ganar espacio entre quienes tienen algún poder de decisión o desarrollan labores ejecutivas en el país.
Lo peor es que quienes sí se atreven a hablar o a emitir opiniones, pasan a ser criticados o denostados por el simple hecho de disentir, por aquellos que, por decisión propia o por adhesión, son partícipes de esa suerte de política del silencio que empieza a imperar en la Argentina.
Dos hechos recientes sirven para reflexionar sobre esta realidad que afecta al quehacer político nacional y provincial.
Por un lado, una reciente reunión con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de todos los intendentes justicialistas de Mendoza, uno del radicalismo y el único demócrata, junto al Gobernador, permitió a dichos jefes comunales tener acceso a un plan de obra pública municipal para reactivar el área y la mano de obra en todo el país el próximo año.
Se trata de recursos que, fundamentalmente, sientan muy bien a los municipios en vísperas de una campaña electoral. Sin embargo, no estuvieron presentes en ese cónclave los cuatro restantes intendentes de la provincia, quienes argumentaron haber sido excluidos o discriminados por las autoridades.
En cambio, desde el Ejecutivo local dejaron trascender que su ausencia obedeció a que no hicieron los trámites requeridos para estar presentes en el despacho del funcionario nacional.
Lamentablemente, las sospechas de intencionalidad política abundan porque esos jefes municipales responden a la corriente del radicalismo que no apoya el debate, en estos momentos, de la reforma constitucional que pretende el PJ.
Es más, conceptos vertidos luego por el presidente del PJ local, Alejandro Abraham, acerca de que no fueron invitados por disentir con las políticas del gobierno nacional, confirmaron la versión para sorpresa de muchos.
Se trata de una actitud criticable, porque más allá de las diferencias ideológicas o conceptuales de los temas de la agenda pública del Gobierno, esto termina limitando el acceso a planes de obras a comunas políticamente no alineadas.
Otro ejemplo de intolerancia con quien tiene diferente modo de pensar se dio en un almuerzo de una feria agroindustrial, en Rivadavia. Un empresario que habló en representación de la cámara sectorial del departamento generó malestar en el gobernador Francisco Pérez por el simple hecho de haber expresado reclamos de los productores a los que representa. El disgusto del titular del Ejecutivo fue inocultable tanto en su discurso como en un acercamiento, con ofensas incluidas, que tuvo hacia el empresario en cuestión.
Una actitud lamentable de parte de la máxima autoridad de la Provincia, que debería disculparse. No habiendo existido agravios ni amenazas contra su persona o colaboradores, el titular del Ejecutivo debe hacerse eco de los reclamos y valerse de su discurso para responder en consecuencia siempre dentro de un marco de respeto y tolerancia con el disenso.
Intendentes no invitados a un reparto de recursos nacionales para obras públicas y un empresario cuestionado por el Gobernador por hacer públicos reclamos de productores del Este, son poco felices coincidencias con una metodología política nacional basada en el ninguneo de cualquier expresión de disenso.
Algo muy lejano y profundamente diferente a lo que estamos acostumbrados los mendocinos.
