La discusión paritaria que debía ocurrir ayer con los empleados judiciales, no sólo que se realizó, sino que terminó en fuego cruzado por parte de las dos agrupaciones que reclaman la representación de los Judiciales.
Ambas se acusan de ser funcionales al Gobierno y miran de lejos la posibilidad de que, si no se resuelve en 10 días la situación interna, el aumento salga por decreto.
En concreto, ayer, en la continuación del cronograma de discusión salarial, era el turno de los empleados que trabajan en el Poder Judicial y que históricamente han estado representados por la conducción de Carlos Ordóñez (agrupación Verde).
Si bien las partes asistieron al encuentro, el Gobierno decidió suspender hasta dentro de 10 días cualquier discusión de porcentajes, por considerar que el gremio está acéfalo.
“Existe un emplazamiento para acreditar personería. Como al día de la fecha no acreditan la misma, se suspende la audiencia hasta que concurran con las autoridades vigentes y certificados de vigencia del Ministerio de Trabajo de la Nación”, comunicaron desde el ministerio de Gobierno provincial.
En este sentido, la intención del Ejecutivo es no reconocerlos como interlocutores hasta tanto resuelvan la situación de fondo.
Pero ante este pedido, Ordóñez respondió que tienen los papeles al día y acusó de que se trata de “una operatoria política por parte del Gobierno”.
A su vez, se refirió a la agrupación opositora en Judiciales y dijo que son funcionales al Ejecutivo. La otra lista recogió el guante y le devolvió el calificativo.
“Hoy (por ayer) nos vimos la cara, y sí acreditamos personería. El Gobierno no trajo oferta, y ante esta falta usan como excusa el tema de la personería, que hemos acreditado. La intención de ellos es vaciar la paritaria, porque ya tienen un techo que representa el tercio de lo que fue la inflación”, señaló Ordóñez y dijo que el pedido de que la Nación certifique su vigencia debe ser tramitado por el Ejecutivo.
“Que ellos le pidan al Ministerio que se expida. A nuestro entender, desde la Nación no quieren responder en tiempo y forma, porque son parte de esta maniobra para dejar en debilidad al gremio judicial”, acusó el gremialista y tildó de “miseria” la oferta del 15% y 17% que el Gobierno realizó a otras áreas del Estado.
La pelea de fondo
La situación de acefalía se remonta a las elecciones pasadas del 8 de junio pasado, cuando ganó por poco margen la lista Verde (liderada por Adriana Domínguez). Acusando irregularidades, la lista Bordó pidió la impugnación.
Ante la denuncia, el ministerio de Trabajo de la Nación anuló las elecciones en setiembre, lo que obligaba a que se realice un nuevo proceso eleccionario antes del 31 de octubre, día en que terminaba el mandato de Ordóñez y debían asumir las nuevas autoridades.
Pero la conducción de aquel momento no lo entendió así, sino que dijo que al haberse presentado Sergio Mortarotti a las elecciones, “quedaron pre excluidas las etapas anteriores”.
Es decir, aceptó jugar con las reglas establecidas. Ordóñez consideró a la lista Bordó como alineada al Gobierno nacional y provincial.
La oposición, liderada por Mortarotti, señaló que esta respuesta no es válida y defendió la idea de que tienen que repetirse las elecciones.
“Esta respuesta es la de alguien que ignora el Derecho. En su momento, nosotros fuimos a la Junta Electoral, argumentando que no se cumplía con los plazos de la ley, la elección es nula por todos lados. La gente de la Junta decidió seguir adelante”, contestó y consideró que la agrupación Verde está en una situación de “estafa” al querer seguir representando al gremio.
“Su mandato cesaba el 31 de octubre. Ellos no hicieron caso de llamar a elecciones, sino que decidieron usurpar el cargo. Desde esa fecha hasta ahora, se presentaron a paritarias, lo que es grave porque se trata de un documento público. Nosotros le hemos pedido al ministerio de Trabajo que normalice la situación”, señaló Mortarotti y pidió sumando más tensión: “Así como Raquel Blas, todos ellos deberían haber vuelto a trabajar hace dos meses y medio, porque ya expiró su mandato y, por lo tanto, no les corresponde la licencia gremial”.
El escenario está abierto para la suba por decreto
Con estas posiciones y sin que nadie lo confirme, si el escenario se mantiene tal como está, la salida que podría encontrar la gestión de Alfredo Cornejo es que los empleados judiciales tengan su aumento por decreto. Si fuera así, lo esperable es que los porcentajes de incremento sean del 15 o 17 por ciento.
La alternativa del decreto está vigente debido a que la paritaria se abrió, y no precisamente ayer. Esto sucedió en diciembre, cuando Carlos Ordóñez y Adriana Domínguez (secretaria general electa) acordaron con el Gobierno el bono de fin de año, pago que abrió y citó para ayer la continuidad de la negociación salarial.
“Ellos dicen que somos funcionales al Gobierno, pero el Gobierno hizo caso omiso a la situación acéfala y los sentó para discutir el bono, sabiendo que no tenían representación. Como Cornejo se había comprometido ante la prensa que no iba a salir por decreto, entonces los dejaron participar de la negociación. Ordóñez hizo lo que necesitaba Cornejo”, devolvió la acusación Sergio Mortarotti, quien lideró la lista Bordó en las elecciones pasadas y perdió por menos del 2% de los votos.
