Una acusación por el delito de concusión está siendo investigada por estas horas por la fiscal Susana Muscianisi.
Meses atrás, Pablo Gabriel Campos, empleado de la Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales (Daabo) le notificó a una mujer, mediante un correo electrónico, que tenía una deuda para la cancelación de una hipoteca sobre una propiedad de calle Maipú en el departamento San Martín que estaba a nombre de su abuelo. El monto reclamado fue de 130.635 pesos pero el acusado adjuntó su propio CBU para que depositara dicho importe.
La verdad
Sorprendida por el monto, la mujer fue personalmente a las oficinas de la Daabo, ubicadas sobre calle 9 de Julio 1980, de Ciudad. Allí fue atendida por el titular del organismo, Santiago Pérez Araujo, quien después de consultar los expedientes le informó que la deuda real era de 2.774 pesos y que existía una cuenta especial del organismo donde se debía depositar el importe, descartando de plano el uso de un CBU particular.
En la instrucción se hace referencia a que el acusado buscó "convertir" en beneficio propio el dinero reclamado a la mujer, "no cumpliendo en ningún momento con los procedimientos de rigor" de la Daabo.
En el expediente se detalla que faltó el ingreso del expediente por mesa de entrada y la solicitud de cancelación, y que además de incluirlo en el sistema electrónico el empleado no emitió un informe sobre la deuda.
Con todos los antecedentes, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos investiga este hecho puntual, aunque no se descarta que existan otros casos.
Es ley
-Según el artículo 266 del Código Penal sobre exacciones ilegales, "será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva".
-La Daabo es la repartición encargada de gestionar el paquete de créditos, inmuebles, rodados, que no integraron la unidad de negocios que se transfirió por proceso licitatorio cuando se fusionaron los bancos de Previsión Social y de Mendoza
