Otra vez quedó expuesta la grieta judicial, entre los sectores vinculados a lo más tradicional de la Justicia y el Gobierno provincial y los sectores aglutinados en torno a Justicia Legítima, el espacio kirchnerista en el ámbito legal.
En esta oportunidad, la fractura se manifestó en una causa sensible: la investigación sobre Nélida Rojas, la jefa de la Tupac Amaru de Mendoza. La única novedad estrictamente procesal es que Rojas declarará ante la fiscal Gabriela Chaves el miércoles a las 15.
Todo lo demás fueron acusaciones mutuas entre los bandos. Ayer la fiscal Chaves decía que “esta no es una causa normal”. Tal vez nunca más en lo cierto. “Me doy cuenta de que tengo muchos obstáculos, por eso estoy tratando de ir más rápido que ellos para conseguir los elementos de prueba que considero que puedo encontrar”, decía la fiscal, quién ayer también fue el blanco de la defensa de Nélida Rojas.
El abogado de Rojas, el también kirchnerista Alfredo Guevara, pidió lo que se denomina un "control jurisdiccional", algo así como una auditoría de lo que ha investigado la fiscal, pedido que supuestamente demostraría que la detención de la líder de la Tupac, su esposo Ramón Martínez y dos de sus hijas Carla y Leonela Martínez, es sólamente humo político de cara a un año electoral.
El intríngulis judicial se inició el jueves, cuando la fiscal Chaves pidió al Sexto Juzgado de Garantías que autorice 24 allanamientos simultáneos en dependencias vinculadas a la Tupac Amaru de Mendoza. Además, pedía que se libraran órdenes de detención para cuatro personas. Todo esto se pedía realizarlo el lunes 10, es decir ayer.
El viernes a las 15, mientras Chaves esperaba en el Sexto Juzgado que le firmaran sus pedidos, las cuatro personas que pensaba detener ayer se aparecieron por la fiscalía para ponerse a disposición: esas cuatro personas son las que a la postre quedaron detenidas: Rojas, el esposo y dos de sus hijas.
En ese momento, la Fiscal empezó a sospechar que hubo una fuga de información y que esa fuga se produjo en el juzgado que subroga la conjueza Érica Sanchez, porque según Chaves, eran los únicos que conocían la información, aparte de los colaboradores de la Fiscalía que trabajan con ella.
Entonces llegamos a la actualidad. Ayer fue un día activo en versiones y acciones. Para pasar en limpio: la defensa de la jefa de la Tupac Amaru mendocina pidió dos cosas: por un lado declarar ante la fiscal Chaves y, además, también pidió el control jurisdiccional que debería realizar el Sexto Juzgado de Garantías, desde dónde supuestamente hubo una fuga de información.
Entonces la fiscal respondió recusando a ese juzgado, porque entiende que hay parcialidad en favor de Rojas. Es decir, ahora la conjueza debería primero resolver si admite la recusación o no; en caso de que la acepte, las actuaciones deberían pasar al Primer Juzgado de Garantías; sino acepta, la recusación debería resolverla una cámara del crimen en apelación.
Año electoral y relato K
Los allanamientos y la detención de Rojas llegan justo en un año electoral. La fiscal Chaves viene investigando desde 2015; cuando se le consulta por la demora indica que al arranque sólo tenía un testimonio, pero que el año pasado, cuando el caso de la Tupac Amaru en Mendoza fue ventilado a escala nacional por el programa televisivo Periodismo Para Todos, de pronto se encontró con un centenar de testigos dispuestos a declarar. Así es como pudo armar 24 expedientes distintos por los que se la imputó a Rojas.
Que la detención de Nélida Rojas se produzca justo en año electoral es un misil a la línea de flotación del kirchnerismo mendocino. Por eso la reacción veloz para tratar de que en la retina de la opinión pública la movida judicial no sea más que persecusión política, la misma estrategia que se despliega para salvar a la jefa y creadora de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
Stolbizer, sorprendida
Margarita Stolbizer se mostró sorprendida por la detención de Nélida Rojas, su marido y dos de sus hijas. La diputada nacional del GEN dijo que la Tupac Amaru en Mendoza "era absolutamente similar a la de Jujuy. Hacían exactamente, una familia que tenía una estructura paralela al Estado y además ejercían sobre los afiliados esta práctica de poner miedo. Hay testimonios muy valiosos de la gente que se sentía extorsionada y presionada".
Stolbizer también denunció a Rojas por su accionar en la conducción de la Tupac mendocina. Ayer, en Radio Mitre, indicaba que “no sabía que estaba en un avance como este, supongo que se han ido acumulando otros elementos, denuncias y pruebas y por lo tanto se ha tomado la decisión de la detención”.
El fantasma de Justicia Legítima
Una de las protagonistas de las causas es la conjueza que subroga el Sexto Juzgado de Garantías, Érica Sánchez, el juzgado desde dónde se supone se informó a Rojas y su familia de que la fiscal Chaves estaba por caerles. Desde las usinas del Gobierno se la señala como cercana a Justicia Legítima; desde allí se asegura que es una líbero, que hace equilibrio entre las facciones.
Sánchez viene trabajando en el Poder Judicial desde hace más de una década. Su último lugar fue como secretaria del Cuarto Juzgado de Garantías que conduce Patricia Alonso. Rindió y aprobó su examen ante el Consejo de la Magistratura para ser jueza. Entonces la Corte la nombró conjueza para reemplazar a magistrados.
La conjueza subrogaba al juez David Mangiafico, el real titular del Sexto Juzgado de Instrucción. El juez titular está de licencia desde el 4 de abril.
Otro capítulo es el de la titular del Tercer Juzgado de Garantías Alejandra Mauricio. Cuando Chaves se encontró con Rojas y sus familiares en la Fiscalía, pensó en adelantar los allanamientos al mismo viernes para tratar de rescatar información antes de que "desapareciera" gracias a la filtración. Mauricio denegó los 24 allanamientos por entender que no había elementos que justificaran la medida.
A Mauricio no se le reconoce filiación en alguno de los bandos de la grieta judicial.
Chaves anunció una compulsa a la Procuración “porque yo entiendo que son dilaciones por parte de la doctora Mauricio que me hicieron fracasar los allanamientos que estaba solicitando para hacer esa misma noche con habilitación de las horas de la noche. Eso se mandó hoy con todas las constancias de las comunicaciones vía mail entre ella y yo en cuanto a las miradas diferentes. Será la Procuración y la Corte, la que diga si le asistía la razón a ella o a mí”.
Félix y Bermejo se despegan de los K
El peronismo en su conjunto se encuentra en estado deliberativo de cara a la conformación de listas para enfrentar la elección. Un golpe judicial que vincule a una de las representantes del kirchnerismo local en un caso de corrupción, por más humo que contenga la causa, es un golpe a las aspiraciones de todo el espacio K mendocino.
Al anochecer del domingo el presidente del PJ Omar Félix lanzó un par de frases reveladoras en las redes sociales: “En Mendoza no hay persecución política, porque la sociedad Mendocina jamás lo permitiría”, decia la primera; la segunda indicaba que “los servidores públicos. debemos estar dispuestos a explicar nuestros actos en la justicia”.
Ayer la ronda se completaba con declaraciones de Adolfo Bermejo: “Confío plenamente en la justicia, para hacer lo que ha hecho ha tenido fundamentos. Bajo ningún punto de vista sospecho que estas cosas sean persecuciones políticas”.
La propia grieta
El peronismo tradicional ya dio su veredicto, pese a que buscaban contener a casi todos. El único sector del kirchnerismo que les generaba dudas era La Cámpora, porque juran que salen demasiado denostados en las encuestas. Ayer el mensaje desde el PJ tradicional es claro: no quieren hacerse cargo de un sayo que no sienten propio.
