El déficit habitacional de Mendoza es muy alto, estimado en 60.000 viviendas.
Los últimos anuncios oficiales del Gobierno manifiestan la intención de construir, en los 4 años de gestión, 8.000 nuevas unidades habitacionales, a ser entregadas a familias que cumplimenten los requisitos establecidos.
Respecto de la demanda de soluciones para la problemática del hábitat informal, se destaca el reciente tratamiento legislativo de una iniciativa por la que se dictarán disposiciones para la regularización dominial de terrenos de villas y asentamientos del territorio provincial, certificando el tiempo de residencia de las familias ocupantes.
Esa propuesta establece que los conjuntos informales a analizar serán priorizados por los municipios para ser intervenidos de forma integral, con acciones de mejoramiento y consolidación en su mismo sitio de emplazamiento y que cuenten con financiamiento estatal o de organismos internacionales.
Aunque estos últimos aspectos -la necesidad de créditos- son los que pueden poner freno a la meta de casas dignas en lugares que ahora están muy depreciados por su falta de infraestructura, no hay que perder las esperanzas e intentar hacer: de ambientes residenciales deficientes, espacios favorablemente aptos para el surgimiento de barrios populares en los que los servicios básicos ya no signifiquen un lujo sino la concreción de un derecho reconocido. Estos loteos y/o fraccionamientos deberán ser priorizados por el municipio correspondiente, conforme a las normas previstas en sus procesos de ordenamiento territorial y en las previsiones del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.
Para tales acciones, se establece que las municipalidades, junto con el Instituto Provincial de la Vivienda, elaborarán informes técnicos que contengan los datos necesarios para determinar la situación dominial y parcelaria del loteo y/o fraccionamiento.
Se prevé que el Estado provincial, los municipios y las empresas prestadoras de servicios públicos y sus entes reguladores, podrán celebrar convenios a fin de instrumentar subvenciones y realizar obras de urbanización e infraestructura no comprendidas en el financiamiento originado en los programas de Mejoramiento de Barrios (Promeba) o Nacional de Hábitat y/u otros de financiamiento estatal o de organismos internacionales, cuyos lineamientos involucren acciones de regularización dominial en favor de los ocupantes del loteo y/o fraccionamiento con intervención del IPV si fuere factible la construcción de casas debiendo, en tal caso, conciliarse las garantías a aplicar a cada adjudicatario poseedor.
Esta importante iniciativa ha recibido aprobación unánime del Senado provincial, habiendo sido presentada en marzo del año pasado en Diputados como proyecto del legislador Jorge Sosa. Interpretamos que la iniciativa será aprobada con carácter de ley.
En los aspectos que hacen al bien público, cabe destacar que la norma promueve la intervención prioritaria de organismos oficiales, de manera principal el IPV Mendoza y los municipios provinciales.
En respaldo al éxito de la iniciativa cabe mencionar la rica experiencia de Mendoza en la constante búsqueda de soluciones para la regularización del hábitat informal, mediante programas evolutivos en el tiempo, desde mediados del pasado siglo.
En ese accionar, el IPV Mendoza, creado en 1947, ha sido la repartición motora de los esfuerzos de reconversión de los conjuntos informales. A la acción pionera del IPV se han sumado los municipios desde la descentralización del organismo provincial en 1992.
En la actual crisis habitacional, que afecta a nuestra provincia y al país, es de desear la pronta producción de las evaluaciones, informes y acciones a emitir por mandato de esta nueva y relevante iniciativa en favor de los hogares que sufren bajas condiciones de habitabilidad.
