La ley entiende por integración socio-urbana al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos de esos lugares, la eliminación de barreras urbanas, el saneamiento y mitigación ambientales, además del fortalecimiento de las actividades económicas y familiares. Las características habían sido definidas en el capítulo 11 del decreto 2.670, del 1 de diciembre de 2015.
Estos hábitats a los que la norma y el Renabap se refieren tienen en común el carácter de informalidad urbanística; falta de titular del dominio de la tierra, y carecen de prestaciones básicas para unidades de construcción precaria.
Es una iniciativa clave que permitiría expropiar tierras y urbanizar más de 4 mil barrios populares, villas y asentamientos de todo el país.
En Mendoza esa dura realidad alcanza a unas 200 barriadas, en muy malas condiciones generales y donde los principales damnificados son cientos de niños que crecen en condiciones muy duras.
Es de esperar que este encomiable proyecto supere la próxima instancia legislativa, y sobre todo las duras condiciones económico-financieras que soporta el país. Puesto que de materializarse esta iniciativa, solucionaría la existencia de una enorme cantidad de familias pobres o por debajo de la línea de la pobreza que viven muy mal.
Todo partió del relevamiento que hizo el Gobierno nacional que conformó un Registro de Barrios Populares en proceso de integración urbana en todo el país (provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), llamado Renabap.
Para la regularización de villas y asentamientos, la ley prevé la expropiación de los predios ocupados por esos pobladores y declararlos de utilidad pública. Dentro de esas tierras se encuentran bienes del Estado (muchas veces terrenos del Ferrocarril) o de locaciones de diferentes reparticiones y también posesiones de particulares.
Que haya terrenos bajo la órbita del Estado facilitará llevar adelante los planes de regularización para integrarlos a las tramas urbanas donde están ubicados, siendo las siguientes instancias la urbanización y la incorporación de los hoy carentes servicios imprescindibles.
El habitante, al poseer su lote queda habilitado para encarar su techo por iniciativa propia, tal vez pudiendo acceder a alguna asistencia de los Estados provinciales y/o municipales.
Como hemos dicho, la cantidad de esos casos es elevada en la provincia, alrededor de 200 villas y asentamientos. Debe recordarse en este aspecto la operatoria ejecutada hace varios años por la firma Della Santa y Egea, que procedía al remate de parcelas y la gente de bajos recursos accedía a la tierra y luego por el esfuerzo personal se podía construir un modesto sitio para vivir.
Con el acceso al título de propiedad, una familia tendrá interés y actitud para acceder a un crédito o producir mejoras en su lote, y más que nada servirá a los jóvenes, por ahora obligados a subsistir con las máximas limitaciones y el marginamiento.
Además de tratar que salga rápidamente esta ley y que las provincias adhieran con celeridad a la misma, otro mecanismo que ayudaría sería la gestión de recursos naciones e internacionales, como por ejemplo lo fue el Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba), para que vaya desapareciendo de distritos y departamentos la oprobiosa y densa trama de núcleos de viviendas marginales, sin futuro para sus moradores.
