Las instituciones a prueba con el Jury a De Rosas

Este proceso político que se inicia es de absoluta trascendencia institucional. El fiscal de Estado de la Provincia es, tal cual indica la Constitución de Mendoza, el encargado de defender el patrimonio del fisco siendo, además, parte legítima en los juicios que afecten intereses del Estado provincial. También tiene la facultad para iniciar demandas de nulidad de leyes u otras disposiciones que considere inconstitucionales o que puedan afectar los intereses fiscales de la Provincia.

La causa por la que el doctor De Rosas es sometido al tribunal de enjuiciamiento es por su presunta parcialidad cuando se cotizaron las tierras expropiadas para la creación de la reserva Divisadero Largo. En ese contexto, el funcionario habría procedido a una compensación de deudas entre lo que debía pagar el Estado por las tierras y lo que la familia Vila debía cancelar por dos créditos impagos que adeudaba a los ex bancos de la Provincia.

La decisión del Jury de no dilatar más el proceso para determinar la conducta del fiscal de Estado era lo único que cabía esperar. Nada podía justificar más la dilación de las actuaciones porque las denuncias contra De Rosas fueron presentadas el 4 de abril de 2012.

Lamentablemente, en todo este tiempo, a la suspensión en sus funciones del fiscal, conforme a lo que marca el procedimiento para estos casos, le siguió un prolongado e injustificado tiempo de quietud en la causa sin que nada explicara con precisión qué intereses movían a los miembros del Jury para no avanzar.
 
Lamentablemente, trascendió muchas veces la posibilidad de que los tiempos se adaptaran deliberadamente a la posibilidad de que De Rosas pudiera cesar en su cargo para beneficiarse con la jubilación, lo que hubiera evitado la concreción del actual juicio que, por ser de carácter político, no tiene otro fin que, eventualmente, proceder a la destitución del acusado si éste es hallado responsable de la irregularidad por la que se lo acusó.

En este aspecto, toda especulación posible en casi 24 meses de silencio de procedimiento queda muy mal parada si se tiene en cuenta que los hechos, por los cuales desde las bancas legislativas se acusó al doctor De Rosas, fueron revelados no por una iniciativa antojadiza con fines políticos sino por hechos que reveló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia provincial por la mencionada expropiación de tierras que dio lugar al Jury que hoy comienza.

El Jury de Enjuiciamiento de Mendoza tiene la palabra. Es necesario que en estos tiempos de enquistada corrupción y de connivencia entre políticos y empresarios amigos de los poderes de turno, las instituciones esclarezcan los casos que salen a la luz y se inclinen siempre por la verdad con sus fallos.