En 2010, con el argumento de revertir la caída de la producción de petróleo, el gobierno de Celso Jaque resolvió prorrogar concesiones con vencimiento en 2017 por diez años más, es decir hasta 2027.
Para ello dictó los decretos 1547/10 y en diciembre de 2010 el 3089/10 que establecían los requisitos para obtener la prórroga, como el grado de cumplimiento de las inversiones, las reservas comprobadas y desarrolladas, los compromisos de inversión futura, el tema de los pasivos ambientales.
La autoridad de aplicación se fijó en el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, a cargo de Francisco Pérez.
Uno de los beneficiarios de estas prórrogas fue la empresa Chañares Herrados SA, vinculados sus accionistas y directivos a los “grupos de tarea” del represor Suárez Mason en la dictadura militar.
Chañares Herrados firmó un compromiso de inversión por 1.103.870.000 dólares en tres quinquenios debiendo, en el que venció en 2015, invertir 412 millones de dólares. Al momento de darse la prórroga, el patrimonio neto de esa empresa equivalía a unos cuatro millones de dólares, siendo la inversión para perforar un pozo, según la documentación de la misma empresa, de tres millones y medio de dólares.
De los 412 millones de dólares de inversión una parte iba a gastos operativos y 286 millones para exploración y explotación. De acuerdo con los datos que obran en Fiscalía, no se invirtieron 177 millones de dólares.
Cuando Chañares Herrados obtuvo la prórroga contaba con 58 pozos y cinco años después seguía explotando 58 pozos. No perforaron ningún otro.
Se pasó por alto, también, que al momento de la prórroga, Chañares Herrados tenía una UTE con petrolera El Trébol SA (Petsa). En el contrato entre las dos empresas se estipuló que, en caso de obtenerse una prórroga, Petsa se haría cargo del 100% de las inversiones.
Inversiones difíciles de concretar pues Petsa estaba en default a pedido del Standard Bank y embargados los derechos sobre otras tres áreas en Mendoza.
Al momento de la solicitud de prórroga estaba dada esta situación de insolvencia de las dos empresas y su imposibilidad de invertir en un contrato de más de mil millones de dólares y, lo que es gravísimo, es que estos datos estaban en conocimiento del gobierno de Mendoza de Jaque y Pérez.
Otro irregularidad fue el cobro indebido del programa “Petróleo Plus”, que aseguraba créditos fiscales, que canjeó por TGS para favorecer el incremento de las reservas y de la producción. Por este programa, Chañares Herrados recibió 32 millones de dólares adicionales a pesar de haber bajado la producción y disminuido sus reservas. Otra estafa.
La falta de inversiones es reconocida por la propia Chañares Herrados en su balance de 2013 y responsabiliza de esto a Petsa imputándole “falta de inversiones en pozos productores” y “falta de compromiso”. Por otro lado, Chañares Herrados no pagó a Petsa lo que correspondía por Petróleo Plus. Tampoco presentaron el Seguro de Responsabilidad Civil por Daño Ambiental.
Venta del paquete accionario de Chañares a Medanito SA
Se trata de la venta del paquete accionario de Chañares Herrados SA en 84 millones de dólares a Medanito SA (un 52%) y a su controlada Exmedsa (48%). Por otra parte, Petsa habría sido vendida a Mercurio Holding, que comparte domicilio con otras empresas del grupo Vila.
La venta de Chañares Herrados se hace en el Uruguay. La operación no fue comunicada a la UIF por ninguno de los sujetos obligados a ello, violando normas expresas para controlar el lavado de dinero, evadiendo los controles fiscales.
Estas operatorias revelan la hipocresía del discurso populista y del falso nacionalismo que sólo sirve para tapar negociados que perjudican al pueblo de la provincia en beneficio de los circunstanciales gobernantes y de empresarios que sólo prosperan en la conjunción nefasta de política y negocios.
Mendoza se ha perjudicado con la disminución de la producción petrolera, la falta de inversiones, la pérdida de regalías, el pago indebido, la evasión fiscal.
Muestra la falta de aptitud de la administración provincial para controlar los contratos y concesiones, y hace presumir la complicidad de los más altos responsables políticos de la provincia en estos negociados, que están en línea con el modelo nacional de saqueo puesto en marcha en 2003 por el kirchnerismo.
El actual gobierno de Mendoza debe rescindir la concesión de inmediato ante los notorios incumplimientos de inversión y los delitos cometidos por empresarios y funcionarios.
Hay que recuperar la eficiencia, la honestidad, la capacidad de establecer reglas de juego claras y de ejercer los controles correspondientes.
Las inversiones que posibilitan el desarrollo económico, que es lo que genera empleos de calidad, están siempre vinculadas a la calidad institucional de un Estado. Por ello urge dar por concluida esta concesión y promover todas las acciones penales necesarias para demostrar que en Mendoza no hay impunidad.
