Que el delito y su consecuencia, la inseguridad de las personas, crece día a día no es ninguna novedad. Es un asunto que viene desde hace mucho tiempo en esa senda y no se avizoran medidas para atenuar el flagelo.
Crece el delito y la violencia asociada a él. Los muertos se cuentan por decenas en la lucha entre bandas de delincuentes, pero también se alarga la lista de víctimas inocentes. Robar y matar, torturar y aplicar sufrimientos indecibles a las víctimas, son hechos ya demasiado frecuentes. Como dicen algunas personas mayores “comienzo la lectura del diario por las noticias policiales, porque ésa es la realidad que importa”.
La prensa viene reflejando desde hace tiempo el crecimiento de las acciones delictivas en las zonas rurales de nuestra provincia. Esos delitos comenzaron hace algunos años con el robo de cables de las líneas eléctricas; siguieron con el robo de implementos y maquinaria agrícola, agroquímicos, motores y tableros de los pozos de extracción de agua. No se puede dejar de mencionar el muy viejo delito de robo de ganado y animales domésticos.
Pero en los últimos tiempos la acción de los delincuentes se ha extendido al asalto a casas de familia rurales que, en muchos casos, han tenido graves consecuencias para los integrantes, incluidas muertes. La crónica de estos hechos, por la situación de mayor indefensión en que se encuentran los hogares y familias rurales, no puede provocar más que indignación y el urgente reclamo de medidas que pocas veces llegan con efectividad.
Revisemos algunos pocos de las últimas semanas en Lavalle, Maipú, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa. Hace uno días titulaba Los Andes: “Montecaseros está a merced de los bandidos rurales”, “Vecinos del distrito del norte de San Martín están preocupados por una ola de robos por parte de bandidos rurales que alteró la habitual tranquilidad de ese distrito rural y que tiene a maltraer a sus habitantes”. Sigue la dolorosa crónica de varios hechos graves sucedidos en pocas semanas. Otro título: “Grupo comando asaltó a una familia en Lavalle”.
“Unos seis hombres armados irrumpieron en una casa de Gustavo André y, tras amenazar de muerte a la familia, se llevaron todo lo que pudieron”. En una nota sobre el distrito de El Ramblón, rincón noreste de San Martín, los vecinos que reclaman por la inseguridad dan cuenta de una situación casi sorprendente: “La tranquilidad distrital cambió abruptamente cuando hace unos años (sic) se instaló en la zona un grupo delictivo conocido como la banda de los rambloninos”.
Ellos conocen bien el lugar, se desplazan por los callejones y caminos internos, andan a pie o en vehículo. Son pocos, por no decir ninguno, los vecinos que se salvaron de esos depredadores. “Hasta el día de hoy, la banda de los rambloninos goza de buena salud”, cuentan los vecinos.
En esta crónica sorprende la antigüedad del problema, el conocimiento de la situación por parte de los vecinos y la evidente inoperancia de quienes tienen que actuar. De estos hechos, de las reuniones de los vecinos con la policía, queda claro que ésta carece de los medios y recursos humanos para enfrentar una situación difícil.
Es necesario reflexionar y adoptar medidas eficaces porque lo que está ocurriendo tiene efectos devastadores sobre la vida y la economía rural de nuestra provincia. Es sabido que vivir y trabajar en las zonas rurales implica muchas veces más sacrificios que hacerlo en centros urbanos, aun en sitios pobres.
Carencia de servicios básicos como agua potable, caminos en mal estado a veces intransitables, servicios de salud distantes y precarios, transporte deficiente o inexistente. La lista puede ser larga y el final es conocido: quienes tienen oportunidad de emigrar a las áreas urbanas lo hacen; las zonas rurales se van quedando sin gente. Las dificultades para conseguir trabajadores rurales son cada día mayores.
