Si pudiéramos hacer un ranking sobre las principales preocupaciones de los mendocinos, no quedan dudas de que la situación económica se ubica en lo más alto del podio, seguido muy de cerca por la inseguridad. Hay una diferencia fundamental entre un aspecto y otro: el económico puede resultar un problema coyuntural, modificable por la implementación de determinadas políticas, mientras la inseguridad es un aspecto complejo que excede lo meramente policial.
Los expertos conocen en profundidad el problema pero se encuentran con dificultades para alcanzar las soluciones.
Se sabe cuáles son las zonas “calientes” para el delito en sus diversas acepciones y hasta se conoce la forma en que los delincuentes suelen desprenderse de los elementos robados. Pero las dificultades surgen al momento de actuar, como sucedió días pasados en que en un taller de chapería y pintura había tres vehículos robados, y el propietario del taller quedó libre porque a él se los habían dejado para que los arreglara, desconociendo quiénes eran los dueños.
Esos aspectos demuestran que para actuar sobre la inseguridad hay que concatenar distintos aspectos, que podrían partir de aquella cultura basada en el trabajo y el esfuerzo que tuvimos los argentinos; en la que toda una familia se esforzaba para que los chicos pudieran estudiar y alcanzar alguna carrera universitaria. Esa conformación familiar se trasladaba a la escuela, donde al niño se le insistía en el respeto al docente y a las autoridades, a sabiendas de que el estudio era la base del futuro.
Los legisladores tienen también una gran cuota de responsabilidad, en razón de que los cambios que se producen en la modalidad de los delitos obligan a la redacción de nuevas leyes para enfrentarlos. Sólo a modo de ejemplo podríamos señalar lo que sucede con el accionar de los barrabravas en las canchas de fútbol, un flagelo que se ha instalado desde hace más de una década y que aún persiste, a pesar de que esas barras están integradas, en su gran mayoría, por delincuentes que han pasado a manejar los espectáculos y, en algunos casos, hasta conducir los destinos de los clubes, a costa del éxodo de las familias a las canchas.
En la gran mayoría de los casos, los legisladores son propensos a actuar de manera visceral ante determinadas circunstancias, como sucedió con la muerte del turista neocelandés en el Parque, lo que derivó en reuniones permanentes de la Bicameral de Seguridad y el tratamiento de temas específicos durante dos o tres sesiones. Sin embargo, cuando la gente comenzó a olvidar el caso, la “actividad legislativa” se diluyó hasta que un nuevo caso vuelva a conmocionar a la opinión pública. Por supuesto que esa responsabilidad legislativa debe estar acompañada por un accionar de la Justicia, que debe ser ágil y adaptada a las necesidades actuales.
La ejecución de todas esas variables queda en manos de la Policía. Es indudable que algunas medidas que se han tomado en los últimos días, respecto del accionar de algunos jefes, es importante porque no se pueden aceptar irregularidades a ese nivel de decisión. También es fundamental la incorporación de tecnología, incluyendo los móviles inteligentes para enfrentar el delito y, especialmente, la decisión del Gobierno de centrar la atención en un tema que preocupa a la población. Pero lo cierto es que la inseguridad es una cuestión política que excede lo meramente policial.
