No se salvan los barrios privados ni las barriadas humildes; la inseguridad abarca a todos y alcanza a todos. Podrán ir mejor o peor los diversos asuntos del Estado provincial, pero la falta de seguridad pública es una molesta piedra que ni la prevención y acción policiales ni los mecanismos de la Justicia pueden mover en lo que se refiere a su control y limitación, no obstante que las cárceles aumentan su población.
En los frecuentes desplazamientos que cronistas de este diario tienen por los barrios del Gran Mendoza y del resto de las regiones de la provincia, un inapelable denominador común que transmite la gente son los robos, asaltos y otros atropellos contra las personas y los bienes materiales. El tema de la inseguridad pública entonces, es un asunto que une en la desgracia a toda la sociedad.
Como repercusión de este cuadro negativo, vecinos de diferentes puntos del territorio han tomado la decisión de autoconvocarse para protestar con energía por todas las agresiones que sufren.
Las protestas, con reminiscencias de aquellas que pregonaban “que se vayan todos” del comienzo de la década pasada, se realizaron en San Rafael, General Alvear y Rivadavia.
“No podemos seguir así porque muchos vecinos ya están pensando en hacer justicia por mano propia, hartos de sufrir que les roben”, decía un habitante del barrio sanrafaelino Constitución, frente a las resignadas autoridades del lugar.
Lo mismo ocurrió en General Alvear, una comunidad tranquila y sin mayores sobresaltos en el pasado, que últimamente ha acusado un incremento de los delitos. Y, por añadidura, la violencia de barrabravas de un equipo sureño, quienes generaron un desastre atacando negocios y automóviles, ante la impotencia del personal policial que no pudo controlarlos. Para colmo, la violencia en el fútbol es una lacra extendida por toda la provincia.
Rivadavia presentó una realidad similar días pasados y los moradores de la zona salieron a la calle con el claro propósito de mostrar su hastío por las casas desvalijadas, los atracos en la calle y otros atropellos; no solo con el grito y la bronca a flor de piel, sino también con propuestas que, creemos, apuntan a la base del problema.
Los representantes del Este escribieron consignas en carteles con leyendas que decían “niños a la escuela, adolescentes a estudiar o trabajar”, o “fomentemos el estudio y el trabajo y no la vagancia”.
En Godoy Cruz, moradores del barrio Vandor también viven su propio drama tras haber desalojado, valientemente, a ocupantes ilegales e indeseables de una casa. Y ahora sufren el acoso y amenaza de los “erradicados”, que quieren tomar venganza por la medida.
La desprotección hace mella en el ánimo de quienes encararon el desalojo y reclaman el amparo de las autoridades porque se sienten librados a su suerte tras recobrar la vivienda; medida que debieron haber tomado los organismos públicos.
Entonces, el mensaje del habitante es muy claro. Las autoridades están notificadas de esa gran preocupación de los ciudadanos por vivir de manera más tranquila. El propio ministro de Seguridad, que frecuentemente asiste a las concentraciones de protesta y da la cara, lo sabe de primera mano.
Instalar más cámaras de seguridad, intensificar patrullajes y prevención, efectuar la vigilancia en los sitios donde se refugian los delincuentes, insistir en los programas de alarmas comunitarias y respaldar a las mujeres y hombres honestos y trabajadores -ahora en cierta medida acorralados- es deber inapelable del Estado provincial, que no logra ponerse decididamente al frente, desde hace tiempo, en el control de la inseguridad.
