Es factible que la situación haya surgido como consecuencia del asesinato del turista neocelandés en el parque General San Martín y la reacción de miles de mendocinos que suelen concurrir asiduamente a ese lugar para disfrutar del entorno y practicar deportes o realizar caminatas.
Es posible que el difícil momento que debieron atravesar los funcionarios del Ministerio de Seguridad en ese y otros casos que también tuvieron trascendencia pública haya influido en la situación.
Y hasta es probable que los tiempos se hayan adelantado y que este año, que debía ser considerado “de transición” se haya politizado en el afán de los candidatos y de los partidos en su necesidad de posicionarse con miras al próximo año electoral.
Lo cierto y concreto es que la inseguridad se ha instalado en un lugar prioritario en la inquietud y malestar de los mendocinos y que se multiplican las voces que reclaman un accionar más concreto de parte del Gobierno y de la clase política en general.
Dentro de los esquemas señalados, debemos indicar también que Mendoza ha mostrado una cara distinta a la Nación.
Porque mientras en Buenos Aires ante situaciones similares los funcionarios salen a denostar a quienes realizan críticas o a minimizar situaciones graves, llegando a asegurar que sólo se trata de “sensación” de inseguridad, en la Provincia las autoridades aceptaron las dificultades y decidieron actuar, convocando a las fuerzas políticas a debatir los problemas y a buscar soluciones en conjunto.
Los signos de madurez política alcanzan también a la oposición porque si bien hubo críticas porque en su discurso del 1º de Mayo el Gobernador no abordó el tema, respondió favorablemente ante la convocatoria efectuada por el Vice.
Con un hecho no menos significativo: en un afán de evitar que algún sector intente imponerse individualmente, los temas fueron derivados a la comisión Bicameral de Seguridad que, por ley, siempre debe ser presidida por un legislador (diputado o senador) de la oposición.
Ese acuerdo alcanzado en el ámbito legislativo fue fortalecido luego con la asistencia a la reunión convocada por el Gobernador a los presidentes de los partidos. Cabría señalar además que sólo los partidos de izquierda, con cuatro representantes parlamentarios, decidieron no participar de las convocatorias, aduciendo que el concepto general de los proyectos es otorgarle mayores facultades a las fuerzas de seguridad.
Hay diferencias también respecto de lo sucedido en gestiones anteriores, en que la declaración de la emergencia en seguridad estaba destinada a ampliar el presupuesto destinado a las fuerzas policiales para la adquisición de vehículos o armamentos.
En esta oportunidad lo que se busca es acelerar el tratamiento de proyectos que permitan morigerar la difícil situación por la que atraviesan los mendocinos.
Algunos de ellos, como el de establecer que en sus operativos la policía vial además de solicitar los papeles del vehículo y personales realice controles en el rodado y proceda a demorar a quienes no puedan demostrar los motivos por los cuales circulan con armas; el de modificar el código y sancionar con arresto a quienes realicen llamadas falsas al 911 o la adopción de medidas para quienes tengan en sus casas armas de manera ilegal, aunque no se trate de la causa por la que se realice el allanamiento, son decisiones que no contemplan ningún tipo de erogación monetaria e irán a favor de la seguridad.
En el mismo esquema podría incluirse el acuerdo que se busca para que los comercios aporten lo suyo, con las cámaras que suelen utilizar de manera individual.
Por distintas razones sociales, económicas, de educación y hasta por el solo hecho de que el crecimiento de la inseguridad va de la mano con el de la población, la realidad marca que Mendoza no es la provincia tranquila y segura de antaño y que todos añoramos.
Es la seguridad la que se encuentra en emergencia y todos debemos aportar para modificar la situación. La dirigencia política ha dado un paso y es de esperar que los resultados sean satisfactorios.
