A pesar del discurso oficial del Gobierno provincial de que baja la comisión de delitos, la realidad es que la frecuencia con la que se cometen ilícitos en nuestro territorio sigue siendo una de las grandes preocupaciones del mendocino.
No hace más que algunos días atrás, sectores del trabajo como los taxistas y los conductores de colectivos del servicio público de pasajeros, fueron blancos de robos y asaltos, corriendo serios riesgos las víctimas de esos casos. Y muchos barrios del Gran Mendoza, otrora tranquilos como el Santa Ana, en Guaymallén, reportaron a través de sus moradores un fuerte incremento en materia de arrebatos, atracos a mano armada y otras tropelías con damnificados de diversas edades y sexo: adolescentes, personas de media edad y ancianos cayeron en la ruleta del “nadie se salva”.
Es que no obstante los mensajes de tono tranquilizador del Ministerio de Seguridad, que asegura a través de su titular y jefes máximos que el combate contra el delito se está ganando, la gente se acostumbra cada vez más a sufrir el acoso de los maleantes, una delincuencia cada vez más hostil, que exhibe grandes diferencia con el ladrón de antaño, que se llevaba lo que no era de él, pero sin causar, en la mayoría de los casos, daño a las víctimas; lo cual era un alivio grandísimo en comparación con las secuelas que dejan hoy algunos brutales asaltos donde malhechores feroces y desalmados están dispuestos a matar o violar por el solo hecho de hacerlo.
Solo en 2012 se cometieron en Mendoza 160 mil delitos en total, es decir, abarcando en ese número todo lo que contempla el Código Penal, con un fuerte incremento de los ilícitos contra la propiedad y de los abusos sexuales en general. Se trata de delitos denunciados que han generado un expediente judicial, ya que existe una cifra negra de casos no denunciados, a pesar de que en general son hechos que podríamos calificar de no graves.
Al transcurrir cuatro meses de 2013, la situación no parece haber variado, y por el contrario las estadísticas en materia delictiva se mantienen altas. Hay reacciones espasmódicas frente a determinados sucesos, y entonces se vuelcan recursos, hombres y logística para cubrir determinadas circunstancias adversas, pero los vecinos han comprobado que pasado un tiempo, los niveles de vigilancia y de prevención vuelven a descender y reaparece el delito.
Frente a este cuadro de situación, la ciudadanía -que se está organizando a través de uniones vecinales- se ha tornado más demandante en la búsqueda de la tranquilidad perdida.
El Gobierno deberá volver a reformular una política de Estado en materia de seguridad, asignando recursos humanos en determinadas zonas que están más desprotegidas que otras.
Otra variante y aunque sea a futuro, es capacitar mucho más al personal, ya que no pocos nuevos oficiales exhiben entusiasmo pero una notoria falta de preparación. La forma de ingreso a la repartición, incluidos los estudios socioambientales de los futuros hombres y mujeres de la fuerza, deberían ser más rigurosos.
Asimismo, debe hacerse algo, y rápido, con los servicios extraordinarios que, es cierto, refuerzan los salarios del personal, pero recargan a los efectivos y los convierten en personas cansadas y con menor capacidad de reacción frente a la recurrencia delictiva que padecen los habitantes respetables y trabajadores de este suelo.
