La violencia, el autoritarismo y la sucesión de hechos de dudosa legitimidad republicana se suceden por estos tiempos en nuestra región.
El régimen venezolano de Nicolás Maduro, a través del máximo tribunal de justicia del país, una suerte de dependencia de su autoritaria gestión, disolvió el Parlamento y tornó más insostenible la convivencia política con la sufrida oposición. En Paraguay, de manera muy confusa, el Senado se expidió a favor de una enmienda constitucional que favorece la reelección presidencial, generando una reacción de sectores populares que no tardaron en ganar la calle e incendiar parcialmente el Palacio Legislativo de Asunción.
Afortunadamente, la Argentina actual tiene un gobierno que viene respetando la institucionalidad y el disenso democrático, contrastando drásticamente con la metodología del presidencialismo excesivamente dominante, y por momentos autoritario, que caracterizó a los doce años de kirchnerismo.
Este estilo de gestión del gobierno de la coalición Cambiemos no da lugar a reacciones en su contra por abuso de autoridad. Sin embargo, hay que lamentar y no dejar de advertir la conducta confrontativa y de ataque a las instituciones que un claro sector de la oposición política y gremial viene llevando a cabo en el país.
Un rápido ejemplo encontramos en el reciente acto convocado por organizaciones políticas y de derechos humanos para repudiar el golpe de Estado de 1976 y sus consecuencias, en el que se escucharon, frente a la multitud, conceptos ofensivos y que incluso alcanzan la apología del delito.
En efecto, durante la lectura de un extenso comunicado alusivo a la fecha, se reivindicó el accionar de organizaciones guerrilleras de los años 70 que, como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, hicieron de la lucha armada el mecanismo elegido en aquella oportunidad para desestabilizar a los poderes democráticamente constituidos, debilitar a la república y sembrar el caos y el terror entre la ciudadanía.
También durante el acto en Plaza de Mayo se escucharon frases profundamente desafiantes y preocupantes de parte de dirigentes habitualmente ofensivos y reaccionarios, como la señora Hebe de Bonafini, quien se encargó de proferir todo tipo de ofensa contra las autoridades, en especial al presidente Mauricio Macri, por el simple hecho de no compartir sus decisiones y el rumbo de sus políticas.
Además, Bonafini, como también lo hicieron tantos otros dirigentes en actos opositores anteriores al del 24 de marzo, vinculó a Macri y su gobierno con organizaciones civiles y militares que durante los años de la última dictadura recurrieron al repudiable mecanismo de la represión inescrupulosa. Hasta intentan inventar un cómplice vínculo entre las políticas económicas de aquella dictadura y la actual gestión del macrismo.
Estas reacciones que se suceden con cada vez más frecuencia no deben pasar inadvertidas por las autoridades de turno ni por la ciudadanía en general. El mayoritario rechazo de los argentinos a los métodos violentos para expresar disidencias no implica necesariamente que la gente no se pronuncie en contra de quienes, como ya vimos, potencian su oposición a un gobierno legítimamente constituido, como el actual, reivindicando accciones que nos llevaron a los argentinos a sufrir una de las experiencias más tristes de nuestra historia como país.
