"El Derecho Penal lleva mucho tiempo funcionando con teorías anticuadas", dice el español Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno, abogado y catedrático español que, en su país, en 2010, trabajó en la ley que reformó un cuarto del Código Penal.
Docente de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Penal Económico y en violencia de género, Ortiz de Urbina pasó por Mendoza para participar de las jornadas internacionales de Derecho Penal organizadas por la Facultad de Derecho de la UNCuyo. Los Andes aprovechó la ocasión para charlar sobre temas que presentan aristas polémicas.
- ¿Para qué castigar?
- La teoría clásica diría que se castiga por justicia. Conforme avanza la criminología habría que plantearse las posibilidades de resistencia de los seres humanos a la tentación de delinquir.
La teoría antigua hablaba de merecimiento abstracto: somos personas y podemos modificar nuestra conducta y obedecer la ley. Lo que dice la teoría moderna de criminología es que, en términos de justicia, las personas, cuando ya nos conformamos como ciudadanos -capacidad de votar- podemos decidir lo que hacemos colectiva e individualmente, y en ese momento todos somos distintos.
Mis circunstancias sociales son drásticamente diferentes a las de otro. Una estafa cometida por alguien con escasa posibilidad de empleo no tiene nada que ver, en cuanto a reproche, con una cometida por mí que tengo posibilidades en el mercado laboral. Yo soy más culpable: eso dicen las nuevas teorías.
- Con un delito más heterogéneo, ¿la pena debe ser distinta según el delito y el autor?
- Una cosa debe ser distinta: qué función tiene la ejecución de la pena y si hace falta ejecutarla. Si se condena a alguien a un año de prisión, hay que decidir si lo cumple, hay que ver quién va a prisión y qué van a hacer. A mí que soy abogado, hay que darme libros para que cuando salga pueda seguir siendo abogado. A un adicto, curarlo. Al que no sabe leer y escribir, educarlo.
Justicia para ricos y pobres
- En Argentina se sostiene que hay una justicia para ricos y otra para pobres.
- En Argentina y en el mundo eso es una realidad...
- ¿Cómo se combate ese doble estándar?
- Se va combatiendo. El desarrollo más importante en los últimos veinte años en el derecho penal es en el derecho penal de las clases más pudientes que antes estaba en el código pero no en la praxis. Ahora se ve una expansión saludable en esa dirección.
Y no hay que hablar sólo de ricos, sino también del trabajador "de cuello blanco" (de clases pudientes), con posibilidades de actuar en un entorno de clase media alta. Es ahí donde está entrando el derecho penal: clases altas y clases medias altas, poco a poco pero cada vez con más instrumentos.
- Aunque hay una suerte de "protección social": el mismo periodismo coloca a los pobres en policiales y a los ricos, en política.
- Esto es una cuestión de números. El delincuente de calle aparece todo el tiempo detenido y procesado; el de cuello blanco aparece cada tanto. Van a política porque hay una connivencia entre el sector público y el privado. Los negocios y la gestión pública están unidos por el delito en muchas ocasiones y por lo tanto es una cuestión política: el principal proveedor de fondos para los delincuentes económicos de alto nivel es el Estado.
No pagar el colectivo
- Mendoza tiene algo que puede ser un récord: 50 personas condenadas por no pagar el boleto del colectivo.
- No castigarlos tampoco es un opción. La cuestión es con qué pena. Una persona que viaja sin boleto debería recibir una sanción económica pero muchos no tienen un patrimonio para enfrentarla y por ello podemos tener un efecto criminógeno: alguien que no tiene para pagar comete un ilícito para obtener los medios.
- ¿Entonces?
- Hay que ser imaginativos. Los bienes públicos no podrían funcionar si no se paga. Pero un castigo penal por una conducta así habría que replanteárselo. Una opción, dependiendo del perfil del usuario, claro, sería no pagar por el transporte sino que se financiara por completo con impuestos. Así acabaríamos con el fraude.
- Aquí se está tratando una ley para que se pene la portación de un arma de juguete o un arma blanca.
- Eso es una expansión negativa. Fui asesor del ministro de Seguridad de España dos años y cuando reformamos el Código Penal yo decía esto es demasiado. Y me contestaban: "Tranquilo que no se va a aplicar siempre; se aplicará poco, cuando merezca la pena. Lo decidirán los fiscales, los jueces". Eso puede ser letal porque genera fuerzas de ilegitimidad del sistema. Los legisladores dicen 'pongamos lo de los cuchillos pero si un señor va a un asado con su señora y sus dos hijos rubios en el asiento de atrás del coche y están los cuchillos, ahí no se va a aplicar. No es para esa gente'. Si es rubio y anda con cuchillo, va a un asado; si es moreno, va a robar", es el razonamiento.
Violencia de género
- ¿Cómo analiza la violencia de género? Aquí, ante la epidemia de agresores machistas, se ha optado por mandar a la cárcel a los reincidentes.
- Si hay riesgo grave de repetición del suceso, las razones en contra de la prisión preventiva son menores. Yo no veo bien a la prisión preventiva: me parece que las funciones que tiene son dos: que no se destruyan pruebas (algo que tiene que ver con delitos económicos) o en casos de reiteración.
Hay estudios realizados en Minneapolis, Minnesota, donde la detención inmediata del agresor tenía un efecto distinto en personas con empleo y desocupadas: los empleados lograban reducir la reincidencia, era como un aviso, tenían mucho que perder. En personas sin empleo no tenía ningún efecto.
- Pero la cantidad de delitos hace que se masifique todo.
- Uno de los dramas de la Justicia penal es que cada vez busca más arreglos antes de llegar a juicio oral. Es inevitable porque cada vez hay más casos. Una opción sería aumentar el número de policías y fiscales, algo que no es atractivo. Entonces hay que plantearse dónde nos lleva este exceso de derecho penal. Hay que ver sus límites.
En España, después de 1978, cuando muere Franco, había 13 mil presos; en 1995 había subido a 39 mil; y en 2009, 77 mil presos. Ahora, cuando llegó la crisis, pensamos que iba a subir más pero hay un 21% menos de presos, hay 59.500.
- ¿Por qué?
- Porque no hay plata para pagarlos. En España un preso cuesta 36 mil dólares al año. Entonces la gente dice, ¿realmente quiero que el que no paga el boleto del colectivo o comete un hurto sin violencia esté preso?
- Es una decisión política.
- La gente piensa que si hay más delito habrá más gente en prisión y eso no es cierto.
Personal
Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno es profesor de Derecho penal y criminología en la Universidad Complutense de Madrid.
Se doctoró con una tesis sobre análisis económico de la política criminal que recibió por unanimidad la máxima calificación.
Especialista en Derecho Penal Económico, Filosofía del Derecho Penal y Análisis Económico de la Política Criminal, ha sido magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona (2006-2009) y de 2009 a 2011 trabajó como asesor del ministro de Justicia de España. Representó a España ante la ONU, la Unión Europea y el Consejo de Europa.
Ha escrito 7 libros y más de 50 artículos publicados en diversos idiomas. Es codirector de la colección de libros "Derecho penal y criminología" de la editorial Marcial Pons.
