José López, el ex secretario de Obras Públicas kirchnerista arrestado cuando intentaba esconder casi 9 millones de dólares en un monasterio, se negó ayer a declarar ante la Justicia bonaerense porque “escucha voces”, “delira” y sufre “ataques de pánico”, pero el juez federal Daniel Rafecas avanzó en la investigación por enriquecimiento ilícito con allanamientos, secuestro de dinero e inhibición de sus bienes.
Rafecas lo espera hoy, a primera hora, en los tribunales de Retiro para indagarlo por ese cargo porque -según lo informes que recibió- se encuentra en condiciones de declarar.
“López no está bien de salud y no puede declarar en estas condiciones. Tiene alucinaciones. Está con un ataque de pánico y a los gritos”, dijo Fernanda Herrera, la abogada del ex secretario de Obras Públicas kirchnerista, en la puerta de la Fiscalía de General Rodríguez, tras la frustrada indagatoria en la causa por la que fue detenido por portación ilegal de arma de fuego.
Mientras López era trasladado al Hospital de Moreno para hacerle una pericia psiquiátrica, el juez Rafecas avanzó en la investigación en su contra para esclarecer su crecimiento patrimonial.
Hasta ahora, la causa investigaba el período de 2003 a 2008, cuando su patrimonio se habría multiplicado varias veces. Incluso la defensa de López había tratado de restringir la pesquisa entre 2005 y 2008 en base a un principio de un doble juzgamiento, algo que fue refutado también por la Cámara Federal de Casación Penal.
Pero ahora el fiscal Federico Delgado pidió ampliar la pesquisa sobre sus bienes hasta la fecha y para ello el juez hizo lugar y pidió a la Oficina Anticorrupción copia de las declaraciones juradas mientras estuvo en la función pública.
Si bien se impuso el secreto de sumario en el expediente, Rafecas comunicó que hizo allanamientos en diversas propiedades de López -cinco en la provincia de Santa Cruz, tres en la provincia de Tucumán y una en la Capital Federal-, además de la inspección en la casa donde vivía López, en la calle Belgrano al 1000 de Dique Luján, en Tigre.
El juez decidió además allanar una caja de seguridad en una entidad bancaria céntrica que figuraba a nombre de López, donde -según trascendió- se habrían detectado otros 70 mil dólares.
Por otra parte, Rafecas dispuso la inhibición general de bienes de los tres imputados en la causa (López, María Amalia Díaz y Lucila Corvalán de Díaz), así como la prohibición de salida del país de estas dos últimas, esposa y suegra del nombrado.
Ordenó la inmovilización y congelamiento de los fondos de las cuentas bancarias de los tres imputados en la causa.
Según está previsto, López será trasladado “a primera hora” a los tribunales de Comodoro Py 2002 para prestar declaración indagatoria en orden al delito de enriquecimiento ilícito.
