No existen modelos perfectos de políticas sanitarias ni de sistemas de salud. Sin embargo, la salud de los trabajadores es un bien demasiado importante que debe ser analizado desde una perspectiva diferente, especialmente cuando los problemas que se generan con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) se resuelven en su mayoría en el ámbito de la justicia, síntoma de que hay dificultades no resueltas dentro del propio sistema que regula los accidentes de trabajo.
Conforme la Organización Mundial de la Salud, "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".
Sin embargo, cuando un trabajador sufre cualquier tipo de infortunio laboral, existen serias dudas y dificultades para determinar si la ART presta una adecuada atención médica que resguarde la salud del trabajador afectado en tiempo oportuno.
La experiencia de campo y las estadísticas indican que, desde la sanción de la nueva ley de accidentes y enfermedades laborales a la fecha, hay un fuerte cuestionamiento a la actuación de las ART por asistencia médica deficitaria, desconocimiento de la condición de enfermedad laboral, rechazo sistemático de las mismas u omisión de brindar las prestaciones médicas adecuadas.
Lamentablemente, el régimen vigente de accidentes ha situado al trabajador como "beneficiario cautivo" de las prestaciones en especie que la ART, a su criterio, le otorgue.
El derecho a la salud es un derecho fundamental que encabeza la cima de la pirámide jerárquica de nuestro sistema jurídico, porque es evidente que sin salud somos incapaces de gozar plenamente de los demás derechos.
Desde esta perspectiva, ante situaciones de prestaciones médicas inadecuadas, la ART estaría incumpliendo con un servicio público fundamental, abriendo una grieta en el sistema propio de infortunios, que podría converger en soluciones alternativas para remediar este problema: "el amparo en salud".
Son valiosísimos los pronunciamientos judiciales ordinarios que han garantizado la efectiva vigencia del derecho a la salud. No obstante, el riesgo del deterioro de la salud corre a un ritmo mucho más acelerado que el de la justicia ordinaria y es ahí cuando se torna necesario implementar medidas más expeditas y eficaces para lograr una prestación médica adecuada en tiempo oportuno, como lo es el amparo.
Así, el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IX del 2/7/2015, en el cual un trabajador sufrió la amputación de sus miembros superiores, dedujo acción de amparo contra la ART a fin de exigir (en tiempo oportuno) los elementos protésicos.
Se hizo lugar al amparo y la ART demandada fue condenada a entregar al trabajador el modelo de prótesis adecuada para su lesión en virtud de nuevas tecnologías ortopédicas, pues una solución contraria hubiera implicado un excesivo rigorismo formal incompatible con el servicio de justicia que exige la garantía de tutela judicial efectiva.
En el caso de la protección de la discapacidad es más probable la procedencia de la acción de amparo, en virtud de que la ley de Discapacidad establece que las prestaciones básicas de atención integral reconocidas a las personas con discapacidad resultan exigibles, en el caso de los trabajadores afectados por una dolencia de índole profesional, a las aseguradoras de riesgos del trabajo.
Conforme establece el Código Procesal, Civil, Comercial y Tributario de Mendoza en el artículo 219, podrá interponerse acción de amparo en contra de todo hecho, acción u omisión de órganos o agentes de la Administración Pública o de personas humanas o jurídicas particulares que, en forma actual o inminente y con ostensible arbitrariedad o ilegalidad, altere, amenace, lesione, restrinja o de cualquier modo impida el normal ejercicio de los derechos expresa o implícitamente reconocidos por las Constituciones, un tratado o una ley.
En síntesis, el amparo es una herramienta de tutela efectiva, contundente y eficaz.
