Como un Gran Hermano que nos observa todo el tiempo sin que advirtamos su presencia, las cámaras de seguridad ya son parte de nuestra vida cotidiana. Sobre todo cuando transitamos por el espacio público. En Mendoza hay 1.330 de estos dispositivos filmando y grabando todo lo que pasa a su alrededor las 24 horas.
Estas cámaras cubren una superficie de 15 millones de m2 en toda la provincia, el equivalente al 1% de la superficie del Gran Mendoza. Pero lo que parece un pequeñísimo espacio puesto bajo la lupa de estos "ojos" omnipresentes, crece si pensamos que solo hablamos de las que están ubicadas en espacios públicos y que están monitoreadas por el Estado. Es decir, no incluimos en el conteo los cámaras privadas que registran lo que pasa en domicilios, oficinas y espacios cerrados.
Por supuesto, los lugares públicos más vigilados por cámaras son los más transitados. Por eso la Ciudad de Mendoza es el municipio donde más dispositivos hay "camuflados" entre los cables, las ramas de los árboles y los semáforos. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad -que tiene a cargo el monitoreo-, en Capital hay 286 cámaras, incluidas las 73 instaladas recientemente en el Parque San Martín.
En orden decreciente le siguen los otros municipios del Gran Mendoza: Godoy Cruz (197), Guaymallén (165), Las Heras (152), Maipú (137) y Luján (130).
Cabe destacar que esta red de videoviligancia no abarca a todos los departamentos, porque en el Valle de Uco aún no hay cámaras instaladas. Próximamente -confirmaron desde el ministerio de Seguridad- se licitarán 96 aparatos para los tres departamentos de la región que completarán el mapa de este "Gran Hermano" mendocino.
A ellas habrá que sumar otras 60 cámaras que se van a instalar durante el próximo bimestre en los departamentos del Gran Mendoza, según informaron.
También hay que agregar las 300 que llevan los autos "inteligentes" que incorporó la Policía. Este sistema de videovigilancia móvil es parte de una nueva generación de tecnologías de seguridad que el actual Gobierno ha ido incorporando. Entre ellas están las cámaras de reconocimiento facial (hay 20 activas en móviles policiales), las personales (las lleva un efectivo en su uniforme) y unas nuevas que la Provincia licitaría a fin de año, colocadas en las luminarias públicas. Tienen registro facial y hasta pueden programarse para sacar fotomultas a quienes arrojen basura en la calle, según un fabricante (la china Huawei).
¿Funcionan todas?
Mendoza no fue la primera provincia del país en instalar cámaras de seguridad en las calles (fue la ciudad de Buenos Aires en 2005), pero sí fue pionera en "un sistema integrado e inteligente de videovigilancia". Así fue presentado cuando se instalaron las primeras cámaras en enero de 2010, durante el gobierno de Celso Jaque.
Sin embargo, aquella novedosa tecnología que llegó para mejorar la lucha contra la creciente inseguridad no siempre funcionó bien. En el Gobierno actual reconocen que cuando asumieron solo estaban activas la mitad de las que había (unas 600 en total) y se jactan de que hoy el 97% del sistema está funcionando en óptimo estado (tanto las cámaras como los puestos de monitoreo).
"El sistema de videovigilancia opera con porcentajes muy bajo de cámaras sin funcionamiento, lo que se debe a ciertos factores tales como actos de vandalismo, postes dañados debidos a siniestros viales, fallas de conectividad, problemas con el suministro de energía eléctrica, entre otros", explicaron desde el Ministerio.
Las cámaras instaladas en Mendoza son de altas prestaciones (marca Bosch), fijas y domos conectadas bajo una red de fibra óptica. Esta red esta provista por las empresas Arlink, Patagonia Green y CTC (en el sur provincial), aunque la del Parque San Martín fue desarrollada por el propio Ministerio de Seguridad.
Un sistema de prevención
Las cámaras de seguridad son cuestionadas desde algunos ámbitos porque -suponen- invaden la privacidad de las personas y guardan información sobre sus rostros y las actividades que realizan en espacios públicos como plazas y parques. Sin embargo, desde el otro lado -el Estado- las defienden porque son "una herramienta de prevención del delito que cumple tres funciones fundamentales: disuasión, monitoreo y análisis de las grabaciones". Estas funciones se ejecutan desde los Centros de Visualización "resguardando los eventos como medio de prueba judicial".
En Mendoza hay 13 de estos centros de monitoreo con 80 puestos donde los operadores -por turnos- vigilan unas 15 cámaras cada uno. Según el Ministerio de Seguridad, los oficios judiciales originados en hechos captados por estas cámaras vienen creciendo año a año. En 2016 había un promedio de 9 requerimientos de la Justicia por día de grabaciones que pueden ayudar a resolver delitos; mientras que en 2018 ya son 15 por día, que se transformaríann en 5.475 oficios judiciales al año.
Esto representa solo una ínfima parte de las imágenes que registran las cámaras a cada segundo y que se guardan unos 45 días antes de borrarse (si la Justicia no las pide). Para ello, el ministerio cuenta con espacio de almacenamiento de 1 petabyte (1.000 millones de megabytes). Para tener una idea de lo que significa, Google procesa hoy unos 20 petabytes de datos cada día.
Críticas: ¿invaden la privacidad?
Beatriz Busaniche, de la Fundación Via Libre, considera preocupante "la tendencia a adoptar tecnologías biométricas tanto en Mendoza como en cualquier otro lugar del país. En primer lugar, porque avanzan sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía sin un análisis de proporcionalidad entre los objetivos propuestos y la medida adoptada para tales objetivos. Pero peor aún es el hecho de que está documentado con investigación en todo el mundo, en particular en Europa, donde estas tecnologías tienen una tasa de fallas y errores inaceptables, por lo que no cumplen con sus objetivos".
Por su parte, Leandro Ucciferri, investigador de la Asociación por los Derechos Civiles, consideró en un texto dirigido al gobernador Cornejo en junio -cuando se anunció la llegada de un sistema biométrico de seguridad- que "hay ciertas acciones que desarrollamos en espacios públicos que por el mero hecho de ser realizadas en ellos pueden no ser consideradas como una expresión para la exposición pública, sino que por el contrario pueden entrar en lo que entendemos como la esfera privada de la persona. Es sabido que las personas modifican su conducta cuando saben o tienen el presentimiento de estar siendo observadas".
Pero desde la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica salen en defensa de las cámaras. Para su titular, Eduardo Capelovi, operan como elemento disuasivo y "no sólo sirven contra la inseguridad sino también para prestar otros servicios a la comunidad, como operar rápidamente en situaciones de accidentes o bloqueos de tránsito en caso de emergencias".
En tanto, desde el Ministerio de Seguridad aclararon que cuando las cámaras captan espacios internos de algún inmueble (como patios, balcones o terrazas) se "solapa" o "enmascara" esa porción de la imagen para evitar que se vea.
