Mauricio Macri cumplió la primera mitad de su luna de miel presidencial de cien días con una aprobación que parece no ir más allá, pero tampoco más acá, del porcentaje con el que llegó a la Casa Rosada para "cambiar" la larga década de gobiernos kirchneristas. Al menos ésa es la percepción que confirmó estos días la consultora Management & Fit: un 49% aprobatorio, un 47% en contrario; nada muy distinto del, redondeando, 51-49 de las urnas del penúltimo domingo de noviembre.
Durante la semana que pasó hubo dos hechos que marcaron, y marcarán, los días por venir hasta el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, uno desde lo político y el otro desde lo económico, aunque ambos se entremezclan.
El primero es la relación con los gobernadores peronistas, no sólo en términos de la peleada distribución de recursos sino también de un eventual acuerdo al que más de uno parece estar dispuesto para garantizar la gobernabilidad, sobre todo desde el Senado.
El segundo es el previsible golpe en la relación con los sindicatos, peronistas también: la inflación, la caída del consumo; el aumento de tarifas eléctricas no sólo, aunque sobre todo, en el área metropolitana, todo rumbo a las paritarias; más los despidos en el sector público, unos 5 mil, por ahora, según la ATE no kirchnerista (¿dónde están -¿vacacionando?- los jefes cegetistas Hugo Moyano y Antonio Caló?, ¿qué fue de la cumbre reunificadora marplatense de la CGT que anunciaron para la segunda quincena de enero?).
Bien a cuento viene, el borre sindical, del artículo que a modo de documento oficial publicó el viernes en un diario porteño el presidente de la Pastoral Social del episcopado, monseñor Jorge Lozano. Advirtió en él sobre una "demonización" y "sutil xenofobia" en contra de "organizaciones populares, verdaderas redes que fortalecen el tejido social" y que "cuidan a los más frágiles ante el avance de la globalización de la indiferencia". Remató, después de recordar el papel que ellas cumplieron en el colapso de 2001, cuando el "que se vayan todos": "Han perjudicado más al país personajes ineptos e inmorales con importantes títulos académicos, que los dirigentes humildes".
"El pronunciamiento surgió ante lo que se percibe como un intento de demonización de los movimientos, no sólo de parte del gobierno", dijo a este cronista una fuente cercana al obispo que desde hace cinco años preside esa comisión. Negó esa fuente, por otra parte, que el contenido y el momento hayan tenido que ver con la situación política nacional. Pero ciertamente el pronunciamiento de uno de obispos más próximos al Papa en la práctica de la doctrina social de la Iglesia desde que Francisco era Jorge Bergoglio, sucedió en un momento particular: es el primer pronunciamiento episcopal durante la administración Macri; se hizo en momentos en que se prolonga la polémica detención de la dirigente social tupacamaruísta Milagro Sala, y trascendió pocas horas después del anuncio de la, por la Rosada, anhelada reunión de Macri con el Papa. ¿Casualidades? ¿Causalidades?
Macri tuvo un par de definiciones inequívocas respecto del papel que, entiende, cabe a los sindicatos ante las próximas paritarias ("hay que poner el hombro") y del reclamo de recursos por los gobernadores peronistas. Sucedió ello en Córdoba, su primer desembarco en el interior, gabinete incluido (en febrero irá a Corrientes). "No puede ser que se premie al que no haga bien las cosas", dijo respecto de los fondos provinciales. No precisó si hablaba de los coparticipables, de transferencia automática o de otros.
Dicho sea de paso, arrancó en Córdoba, siguió en Mendoza y continuará hacia el fin de esta semana en Jujuy, precedido o seguido de decretos de asistencia financiera. Pareciera estar empeñado en crear su propia "liga de gobernadores": casi 4 mil millones de pesos se anunciaron a Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Jujuy, Entre Ríos y Chubut, estas dos últimas gobernadas por el PJ no K, ahora.
Más aún, el gesto político confirmatorio: Macri recibió y respaldó por el caso Milagro Sala al radical Gerardo Morales, mientras en la planta baja de la Rosada su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, atenuaba el fuego de trece gobernadores peronistas ardidos por el 15% menos y el 168% más para el Estado porteño.
La relación Rosada-gobernadores PJ, entró en un impasse, después de la concesión que tuvo que hacer el Gobierno respecto de corregir el alza de la coparticipación al gobierno porteño y de prometer el pago de fondos atrasados para obras públicas. También dependerá de la conducción del PJ: antes del 8 de mayo tiene que decidir nuevas autoridades (el miércoles el Consejo Nacional hará la convocatoria).
Aunque los postulantes son varios, desde el anti K salteño Juan Urtubey y Daniel Scioli, hasta los K Jorge Capitanich y Guillermo Moreno, casi seguramente se resolverá un presidente partidario por consenso: el sanjuanino José Luis Gioja será el encargado de llevar al peronismo hacia las legislativas de 2017. De ellas dependerá cómo sigue la historia.
