La buena noticia de la desaceleración de los precios en enero respecto de meses anteriores tuvo como contracara el fuerte aumento que se registró en el rubro alimentos y bebidas.
El índice de precios al consumidor (IPC) a nivel nacional mostró una suba de 2,3%, con un acumulado de 52,9% en los últimos 12 meses. Para el rubro mencionado, el alza fue de 4,7%, con un incremento de 58,8% interanual.
Si bien el indicador puede estar reflejando la eliminación del IVA a productos de la canasta básica, que había sido resuelta por la anterior administración tras la derrota en las elecciones primarias, hay otros componentes que deben ser atendidos por la gestión de Alberto Fernández.
La inflación es un fenómeno que se prolonga con fuerza desde hace más de 50 años. En el alza de precios, influyen la desconfianza en la moneda nacional, sometida a permanentes devaluaciones; la especulación sobre futuras medidas, incluido el valor del dólar, y una producción concentrada en un reducido grupo de grandes firmas elaboradoras de alimentos.
El déficit fiscal, que obliga al Estado nacional a poner en manos de los argentinos un enorme circulante, actúa como el principal motor de la inflación.
El Gobierno está soportando un fuerte desgaste por no aplicar el índice de movilidad jubilatoria a todos los pasivos, con la exclusión de unos 2,7 millones de beneficiarios, que percibirán desde marzo un aumento inferior al 11,56 por ciento que establecía la norma suspendida por la ley de emergencia.
Este grupo tampoco resultará beneficiado con el reintegro del 15 por ciento en consumos con tarjeta de débito, que decidió aplicar la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con un tope de 700 pesos mensuales. Esta ayuda alcanzará sólo a jubilados y pensionados que perciban la mínima de 15.891 pesos, con un costo fiscal de unos 30 mil millones de pesos durante el programa.
No hay decisiones concretas que apunten a una reducción del gasto público; más bien, todo lo contrario. Contra ese objetivo atentan la conformación de un gabinete de 21 ministros y la creación de numerosos organismos, además del reclamo sindical por la reincorporación de unos 10 mil agentes cesanteados durante la gestión de Mauricio Macri.
Sin reducción del gasto, no bajará la inflación, con un impacto negativo en los sectores vulnerables.
Tampoco hay señales claras de alentar una mayor competencia y producción, lo que abarataría costos y mejoraría la oferta de bienes. Tales acciones son perentorias y deben ser simultáneas al gran desafío, que es la renegociación de la deuda pública.
