Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
Una de las herencias más complicadas recibidas por el gobierno de Mauricio Macri ha sido un proceso de inflación que viene minando los bolsillos de los consumidores, la rentabilidad de las empresas y la competitividad de la economía, aunque engrosando las arcas del Estado.
El gobierno comenzó dando señales en materia de política cambiaria (eliminando el cepo), monetaria (limitando la expansión monetaria y sosteniendo política de tasas altas para absorber liquidez) y de política fiscal, bajando niveles de gasto público.
Estas señales, que no han sido muy contundentes en cuanto a su comunicación, se enfrentan a una inercia inflacionaria apoyada por la falta de índices de precios confiables que sirvan de referencia. Ante esta situación hay quienes aprovechan para remarcar precios ante la confusión general que significa no tener índices confiables.
Convencidos de que los viejos modelos de controles de precio nunca han dado resultados, pero en la convicción de que hacía falta una contención en los precios hasta que el sistema se ordene, decidieron mantener el programa Precios Cuidados, aunque con menor cantidad de productos. Los que salieron del programa llegaron a aumentar el 100%. Ésa fue la respuesta empresaria.
La carne puso el alerta
Si bien el Gobierno venía siguiendo el comportamiento de los precios, había observado una suba antes de asumir las nuevas autoridades y luego, eliminado el cepo, un fuerte aumento en la segunda quincena de diciembre y en la primera de enero. Consultoras privadas confirman esta tendencia y añaden que hubo una desaceleración fuerte en alimentos y bebidas en la segunda quincena de enero, salvo por el precio de la carne.
Y aquí es donde saltó el conflicto con los que venden carne, porque aparte de ser un consumo muy sensible, que los argentinos vienen restringiendo por las subas de precios, desde el Gobierno creen que hay maniobras para no bajarlo. Es verdad que hubo un aumento en el valor del ganado en pie cuando se liberaron las exportaciones, pero luego bajó y esa baja no se vio en los mostradores.
El tema de la carne sacó al desnudo varias falencias que existen en las cadenas comerciales, con marcadas ineficiencias y excesos de intermediación, pero también con cargas impositivas concurrentes en Nación, Provincias y Municipios que conspiran contra cualquier idea de bajar costos. Y el otro caso es el de los supermercados que, eliminando la totalidad de la cadena intermediaria, venden más caro que las carnicerías.
A raíz de estos episodios y de quejas puntuales de productores frutícolas, por los precios que se les paga y de quejas de productores vitivinícolas, el Presidente Macri anunció la decisión de aplicar la ley de Defensa de la Competencia y han pedido a los supermercados que publiquen en Internet los precios de venta, pero no los precios de compra.
La idea sería que los consumidores estén informados, aunque esto no sirve para mucho porque no se conocen los márgenes de comercialización que aplican. No obstante, el Ministro de Agricultura aconsejó a los consumidores no comprar carne cuando la vean muy cara y habló de valor referencial de $ 90 el kilo como el adecuado.
Concentración y oligopolio
La ley de Defensa de la Competencia pone límites a las acciones que pueden llevar adelante quienes tengan una posición dominante en el mercado y castiga los acuerdos entre grandes jugadores para imponer precios o condiciones de cualquier especie que perjudique a los consumidores o a otros competidores.
Si bien la ley abunda en detalles respecto de las conductas de un monopolio (cuando es uno el pone condiciones) y del oligopolio (cuando son varios), no tiene especificaciones respecto del monopsonio (el monopolio de la compra) o el oligopsonio (cuando son varios) por la cual una o varias empresas se ponen de acuerdo para bajar el precio de compra a los proveedores para obtener ganancias extra, ya que la mejora en la compra no la trasladan al público.
En estas columnas hemos descripto en varias oportunidades la forma en la que el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, organizó un oligopolio de hipermercados con protección oficial. Moreno no quería defender a los consumidores sino que buscaba que las grandes superficies mantuvieran congelados algunos precios que el Indec iba a tomar como referencia y con el resto podían recuperarse o hacer lo que quisieran.
Era la situación soñada por cualquier empresa. Que el gobierno los bendiga para que no compitan a cambio de favores y se mantengan restricciones para que ellos puedan hacer negocios tranquilos. Esta situación de falta de competencia es la que aún se ve ya que hasta la forma de hacer ofertas es similar.
El Gobierno ha recreado la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, creada por la ley 26.993 de 2014, que a su vez derogó al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, como organismo autónomo independiente del Poder Ejecutivo, que había sido creado por la ley 25.156. Esta comisión se usó políticamente para aprobar o desechar fusiones o adquisiciones, según el grado de amistad de los empresarios con el Gobierno.
La idea de Macri es recrear este tribunal independiente, para lo cual debe enviar un proyecto de ley al Congreso. Mientras tanto, esta Comisión debería controlar, pero no los precios sino los actos o prácticas que llevan adelante las empresas en perjuicio de consumidores, proveedores o competidores. Mientras tanto, deben ser los propios consumidores los que asuman la defensa de sus bolsillos.
