El anuncio del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, respecto de la posibilidad de importar tomates desde Brasil, finalmente descartado por la conducción económica en virtud de las múltiples reacciones en contrario, es una clara muestra del absoluto desconocimiento que las autoridades nacionales, incluyendo a la propia Presidenta de la Nación, tienen sobre lo que sucede en las economías regionales.
El funcionario aseguró que Cristina Fernández de Kirchner había instruido al ministro de Economía para que, a través del Mercado Central, propiciara la importación de tomates de Brasil “para garantizar abastecimiento y precio a los consumidores”, agregando que “si es posible a precios inferiores a los del mercado, mejor”.
Pero no sólo quedó allí el anuncio, sino que dejó pendiente, a modo de amenaza, que ese mismo mecanismo se adoptaría con todos aquellos bienes que experimenten problemas de oferta estacional que puedan afectar el nivel de precios del programa “Precios Cuidados”.
Si nos atenemos a la realidad, los actuales valores con que se mueve el precio del tomate no son tan elevados como para anunciar una medida de esta naturaleza, de lo que se deduce que se trató de una amenaza de tipo populista para intentar demostrarle a la gente que el Gobierno cuida el bolsillo de los consumidores.
Lo que cabría, realmente, no es atacar el valor del tomate sino enfrentar como se debe la lucha contra la inflación, que es la que afecta con mayor vehemencia a quienes menos tienen.
Es el Gobierno el que la genera a través de una emisión monetaria desmesurada, de un gasto público exorbitante, de subsidios que concurren en defensa de los que más tienen, como sucede con Aerolíneas Argentinas, o de derivaciones hacia actividades absolutamente improductivas, como ocurre con el dinero que se destina al mantenimiento de medios de comunicación oficiales o semioficiales que, salvo excepciones, sólo sirven para defender lo indefendible o de atacar a quienes se arriesguen a criticar las acciones de gobierno, entre otros muchos cientos de aspectos.
Y si bien es criticable el accionar de los funcionarios nacionales, no deja de llamar la atención que ningún funcionario provincial saliera a refutar las expresiones de Capitanich, a pesar de que están en juego los intereses de miles de productores mendocinos.
Sólo a modo de ejemplo podríamos señalar lo que ocurre en Brasil, donde el gobierno no ha internalizado el protocolo vitivinícola del Mercosur, porque los productores, legisladores y funcionarios de Río Grande do Sul aseguran que afectará a los productores de esa zona del país. Medidas similares, a modo de decisiones para-arancelarias, suelen adoptar cuando es otra producción que podría verse afectada.
Es hora de que los gobiernos provinciales tomen cartas en el asunto y salgan, como corresponde en un sistema que se dice “federal”, en defensa de las economías regionales. Lo que está en juego es la supervivencia de miles de productores que deben hacer frente a una inflación creciente y a precios de insumos que se cotizan a dólar paralelo y que deberían enfrentarse a una importación de productos cotizados a dólar oficial, por lo que les resultaría imposible competir en similares condiciones.
La amenaza, en lo relativo a “todos aquellos bienes que experimenten problemas de tipo estacional”, es muy seria y se instala como una espada de Damocles sobre la cabeza de la producción local. No debemos olvidar que la helada tardía afectó a decenas de miles de productores y aquellos que lograron salvar parte de su producción no podrán recuperar la inversión por el posible ingreso de productos desde el exterior.
