No es posible negar y ocultar lo que todos los habitantes viven a diario, salvo algunos privilegiados funcionarios que posiblemente nunca fueron a hacer las compras cotidianas. Funcionarios, además, que por sus cuantiosas fortunas, acumuladas en la función pública, no tienen lo que en economía se denomina “restricción de presupuesto”, a la que están sometidos la inmensa mayoría de los mortales de este país.
Los aumentos de salarios solicitados en las paritarias, los incrementos de impuestos, tasas de servicios y presupuestos en las provincias, son el reconocimiento explícito de una inflación no inferior al 25%. Hasta la propia CGT oficialista lo dice y lo reclama en las paritarias. El hecho cierto es que la inflación se escapa y el gobierno no tiene ninguna política coherente frente a ella, porque los máximos funcionarios encargados de estos asuntos carecen de un diagnóstico de la inflación.
Puede admitirse que la inflación suele ser un fenómeno multicausal en sus orígenes, pero negar que emitir moneda al 35% o más anual no tiene que ver con la inflación, a esta altura es una necedad.
Ante la gravedad del problema, el secretario de Comercio, el verdadero ministro de economía, ha recurrido, entre gallos y medianoche, al viejo y fracasado expediente del congelamiento de precios.
Lo ha hecho a su modo de entender el Gobierno, de manera informal y en acuerdo “de palabra” con un grupo de cadenas de supermercados. Según se ha hecho público, el congelamiento sería por el término de 60 días; esto es, hasta el último día de marzo. No se conoce lo acordado ni los productos y precios alcanzados por las medidas, como es la forma de gobernar del funcionario citado, es decir, que rige el oscurantismo absoluto. Además, como dice el refrán, “de paso cañazo”, aprovechó el acuerdo para exigirle a los supermercados que no publiciten sus ofertas y precios en los diarios de la Capital Federal, es decir, castiga a los “enemigos”: Clarín, La Nación, Perfil.
El secretario de Comercio les ha dicho, con el “cuidado” y “académico” lenguaje que usa habitualmente, qué deben hacer con los proveedores, en particular las empresas productoras de alimentos, que intenten aumentar los precios. La inmensa mayoría de la población descree que el congelamiento de precios sirva para detener la inflación y menos cree que se vaya a cumplir.
Desde el mismo momento que se anunció, todos comenzaron a preguntarse qué pasaría el día 61, al finalizar el acuerdo, experiencia que el país ha vivido en varias oportunidades. La respuesta no es una adivinanza, ya que en un año electoral el Gobierno irá prorrogando estos “acuerdos”, distrayendo, haciendo ruido, donde algunos precios se exhibirán como “congelados”. Se acentuará así la ya enorme distorsión de precios relativos, a algunas empresas les irá mal y a otras no tanto, por caso la “nacionalizada” YPF que ya anunció que seguirá aumentado sus precios.
Mientras tanto, una inflación muy alta durante varios años ha ido produciendo estragos en amplios sectores de la economía que han perdido su competitividad por el aumento de los costos de producción. El caso de la vitivinicultura es emblemático, de ser un modelo de exportación de valor agregado a precios competitivos, se va convirtiendo en exportadora de vinos a granel, siendo los productores de uvas los más dañados.
Pero existe aún más daño para Mendoza, como esos llamativos trascendidos que atribuyen la paralización del proyecto de potasio en Malargüe, de la empresa brasileña Vale, al notable aumento de los costos producidos por la inflación. Esos costos superarían ahora en un tercio el presupuesto original de la empresa.
Cuántas veces habrá que decir que con la inflación no se juega, que es una enfermedad muy grave de la economía. Nadie mejor que los argentinos lo saben.
