Los bloques de oposición del Congreso Nacional dieron a conocer hace unos días el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre, denominado IPC-Congreso, como ha explicado nuestro corresponsal en la Capital. Con la medición del incremento de precios del último mes se ha completado el cálculo de inflación para 2012, que alcanzó un 25,6%.
Ese índice resulta de promediar las mediciones de diferentes consultoras privadas que, en una actitud ponderable, los legisladores opositores decidieron hace tiempo dar a publicidad, para proteger a los investigadores privados de las represalias de Moreno a través de demandas judiciales y multas.
El primer aspecto que se destaca de la medición privada de la inflación es que, como viene ocurriendo en los últimos años, éstas más que duplican a la oficial. En este sentido, resulta ilustrativa la medición de precios al consumidor que siguió haciendo el equipo técnico dirigido por Graciela Bevacqua, responsable de esta tarea en el Indec hasta que fuera intervenido, a fines de 2006.
Esta especialista trabaja con la misma canasta de precios con que se medía la inflación hasta la fecha señalada y su medición para los seis años transcurrido arroja una diferencia del 100% con el índice oficial. En otras palabras la evolución de los precios reales “duplica” a los que maneja el gobierno.
Por otra parte, esta enorme diferencia entre la realidad y la ficción del Indec afecta a diversos indicadores económicos y sociales relacionados al IPC como pobreza, indigencia, distribución del ingreso. Incluso hay economistas que sospechan que también afecta la medición del PBI.
Otro aspecto a destacar es que, durante 2012, la inflación se aceleró respecto del año anterior, incrementándose entre tres y cuatro puntos porcentuales, situación que los consumidores advierten a diario.
Más preocupante aún es que la aceleración de la inflación se produjo en un contexto de virtual estancamiento de la actividad económica, situación que normalmente debería hacer retroceder el incremento de precios. Sin embargo ha ocurrido lo contrario. Este comportamiento de los precios se explica en la política de emisión monetaria que viene desarrollando el Gobierno Nacional, ya que tanto la base monetaria como el resto de los agregados monetarios aumentaron alrededor del 40% anual. Esta emisión está destinada a financiar un gasto público que aumenta desmesuradamente. Según algunos estudios, la asistencia del Banco Central al Tesoro mediante los adelantos transitorios, alcanzó casi la cuarta parte del gasto público.
Por cierto la inflación afecta la inversión y el crecimiento de la economía, como puede comprobarse aún con los indicadores oficiales distorsionados. Pero, sobre todo, afecta los ingresos de la población y en particular los sectores de menores recursos, por la pérdida del poder adquisitivo de esos ingresos. También distorsiona la forma en que las familias asignan esos ingresos ya que, ante la imposibilidad de ahorrar, se realizan gastos casi innecesarios en algunos bienes que presuntamente protegen de la inflación.
El Gobierno, al negar la realidad inflacionaria, no adopta medidas para reducirla, generando así un círculo vicioso de efectos muy dañinos para el funcionamiento de la economía. Pueden discutirse las causas que en cada circunstancia originan la inflación; puede admitirse que hay más de una. Lo que no puede discutirse es que la política fiscal y monetaria, en extremos expansiva, es la causa principal de la inflación. Si el gobierno no modifica su política de gasto y emisión, la inflación no se va reducir. Por el contrario, puede ocurrir que aumente aún más. Las luces de alerta están encendidas.
