Por Carlos Sachetto - Corresponsalía Buenos Aires
Por obra de jueces y fiscales que decidieron enfrentar la realidad de un cambio de época y no sumarle sus complicidades al pasado, la Justicia se ha convertido en uno de los principales dinamizadores de la política. Desde allí se explica la rápida implosión del kirchnerismo perdiendo dirigentes, militancia y gravitación política, pero también el alargamiento de la paciencia social con el gobierno de Mauricio Macri, todavía deudor de las expectativas que generaron sus promesas.
Las causas judiciales por corrupción producen todos los días novedades cada vez más indignantes para la sociedad, y han construido un puente de tolerancia entre las medidas oficiales para enfrentar la crisis económica y el necesario tiempo que se requiere para que se vean resultados. Integrantes del Gobierno son conscientes de que esta aguda judicialización del kirchnerismo favorece la gestión macrista, pero pecarían de ingenuos si creyeran que estas condiciones serán para siempre.
Entre una notable cantidad de información surgida del ámbito judicial, la semana pasada dejó dos datos de fuerte impacto en la política. Por un lado, el fallo de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento del empresario Lázaro Báez en el que hay un mensaje contundente para el juez Sebastián Casanello. El Tribunal le ordena al magistrado que investigue quiénes le dieron a Báez el 72 por ciento de los contratos de la obra pública en Santa Cruz, es decir, fondos públicos por 650 millones de dólares en doce años. Como es elemental sospechar que esa operatoria estuvo ligada al vínculo entre el empresario y los Kirchner, la investigación ordenada deberá poner foco en el ex ministro de Planificación Julio De Vido y en la ex presidenta Cristina Fernández.
Cada vez más comprometida y con varias causas abiertas en las que está involucrada, Cristina reaccionó por las redes sociales con la clásica victimización como perseguida política. Dijo que la investigan para tapar el ajuste económico, pero nada referido a la corrupción en su gobierno.
Sordos ruidos
El otro hecho trascendente se produjo en el Consejo de la Magistratura, donde cayó la hegemonía kirchnerista y como señal de los nuevos tiempos se aprobó la realización de auditorías sobre los juzgados federales de todo el país. Se analizarán las causas por corrupción iniciadas después de 1996, para determinar los motivos por los cuales hay tanta demora en investigar a funcionarios públicos.
Tanto para la Justicia como para la política, esa decisión del organismo que designa y remueve jueces significa un paso adelante en la búsqueda de una mayor institucionalidad. Y se supone que a partir de ahora, el Consejo destrabará el conflicto político interno que lo mantenía casi inoperante.
La nueva irrupción pública de Elisa Carrió le agregó a la semana el repetido condimento de sus explosivas declaraciones que descolocan hasta a sus propios aliados y fastidian al Presidente. Esta vez sostuvo que los jueces van por Cristina para proteger a De Vido y a Aníbal Fernández. Se borró así de una supuesta guerra política personal con la ex presidenta, como si toda la acción de la Justicia debiera estar sometida a sus designios.
Al interior de Cambiemos, las posturas personales de Carrió son valoradas pero provocan a la vez ruidos molestos. Sin llegar a plantear la necesidad de una ruptura en la coalición, un hombre que la integra y tiene acceso directo a Macri sostiene no solamente que “Lilita es incorregible”, sino que ya los tiene a todos cansados, con el Presidente incluido. Si este estado de cosas se agrava, Cambiemos tendrá que afrontar duras discusiones internas para conformar una propuesta electoral que plebiscite al Gobierno el año próximo en las elecciones legislativas.
Seis meses
En medio de esta apabullante sucesión de acontecimientos judiciales y políticos, llegó finalmente el segundo semestre del año, tan esperado a partir de un error infantil del Gobierno como fue ponerle plazo a un tiempo de bienestar económico. Ni las condiciones que recibió como herencia de la anterior administración, ni la improvisación con que se definieron medidas correctivas habilitaban para augurar que en seis meses habría cambios sustanciales.
De todos modos, la catástrofe que vaticinaba el kirchnerismo no fue tal, se advierte una desaceleración de la inflación proyectada para los próximos meses y algunas acciones oficiales marcan una tendencia que apunta a una mejor situación. Por primera vez en mucho tiempo, se vio el jueves en la Ciudad de Buenos Aires una multitudinaria movilización de obreros industriales en apoyo a una ley de autopartes que propuso el peronismo disidente y contó con el respaldo pleno del Gobierno. Son incentivos para proteger la industria nacional, cuidar los actuales puestos de trabajo del sector y crear -según estima la Casa Rosada- unos 30 mil nuevos empleos.
También Diputados aprobó la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, que contempla el fomento de las inversiones productivas y un tratamiento impositivo especial. El pago a los jubilados, que el Senado convirtió en ley, fue otro eslabón de lo que el Gobierno quiere que sea una cadena de realizaciones. “La maquinaria comienza a moverse y sin dudas, de a poco, vamos a estar mejor”, asegura un funcionario del área económica.
Estos avances, junto al mayor consumo que se prevé para julio por el cobro de los sueldos arreglados en paritarias y el medio aguinaldo, dibujan una perspectiva alentadora para el oficialismo. Tanto como saber que junto al derrumbe del kirchnerismo, gran parte de la oposición está dispuesta con su apoyo a dar gobernabilidad.
