Terminó el megajuicio y los cuatro ex magistrados federales Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Evaristo Carrizo, fueron condenados a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta.
Tras más de tres largos años de audiencias, la sentencia también dio la pena máxima a otros ocho ex integrantes de las fuerzas armadas y de la policía. Tres de los 28 acusados fueron absueltos.
Con un salón cubierto en su totalidad (unas 90 butacas) por víctimas de la peor dictadura que tuvo el país y también con la presencia de familiares de algunos de los detenidos, llamó la atención la ausencia, por prescripción médica, en el banquillo de los acusados de los ex camaristas Romano y Miret.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, integrado por Alejandro Piña, Raúl Furcade y Juan Antonio González Macías, después del cuarto intermedio dispuesto al mediodía y cuando el reloj marcaba las 18.25, reinició el debate y fue la secretaria María Natalia Suárez la que dio lectura a la sentencia número 1718. Necesitó algo más de una hora para hacer referencia a cada uno de los hechos por los que fueron condenados.
Por primera vez, el aparato judicial que funcionó en la dictadura militar fue encontrado culpable y el detalle habla de 12 condenas a prisión perpetua; tres a penas que van de los 3 a 20 años de cárcel, mientras que tres de los acusados fueron absueltos y junto a dos que recibieron una pena de tres años, en forma condicional, recuperaron de inmediato su libertad.
Entre ellos, Antonio Garro, defendido por los abogados Carlos Reig y Fernando Lúquez, que fue detenido 24 horas antes de que se iniciara este juicio, el 14 de febrero de 2014 y que siguió el juicio por video conferencia desde Campo de Mayo.
Lágrimas y pañuelos
En la sala, que mantuvo un respetuoso silencio a lo largo de toda la jornada, sólo se escucharon llantos de uno y otro lado. Unos al escuchar las condenas y otros al confirmar que, después de 40 años, la frase “ni olvido ni perdón”, con este fallo, se hizo realidad.
Y no faltaron las lágrimas en los ojos de algunas de las víctimas que, sin decirlo, deben haber revivido lo ocurrido en algunos de los centros de detención, como el D2, la cárcel o algunas comisarías del Gran Mendoza.
Las penas tuvieron una frase en común que los calificó como “delitos de lesa humanidad y cometido en el contexto del delito internacional de genocidio”.
Y en uno de los últimos ítems de la extensa sentencia se declara que “los delitos cometidos en perjuicio de las personas” y donde se menciona entre otras a Lidia Beatriz De Marini, Guillermo Marcelo Carrera, Margarita Rosa Dolz; Santiago José Illa, Alicia Beatriz Morales, Ángel Bartolo Bustelo, Daniel Hugo Rabanal, Luz Amanda Faingold, Marcos Garcetti, Rafael Morán, Roberto Roitman; Carlos Enrique Abihagle, Carlos Fiorentini y Horacio Julián Martínez Baca, “son tenidas por este Tribunal como víctima de delitos de lesa humanidad”.
Entre los invitados, en la sala, se vio a la vicegobernadora Laura Montero, el ministro de Justicia Dalmiro Garay, el rector de la UNCuyo Daniel Pizzi, la senadora del FIT Noelia Barbeito y más de un centenar de personas que ocuparon todo el perímetro de la sala y que al final se retiró con cánticos contra los condenados y los pañuelos blanco en alto.
Uno por uno
Alcides París Francisca (ex comodoro de la Fuerza Áurea): prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.
Paulino Furió (militar retirado): prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.
Pablo José Gutiérrez (retirado de la Policía de Mendoza): prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.
Oscar Bianchi (ex penitenciario): seis años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
Héctor Rubén Camargo Granda (ex policía): absuelto.
Rolando Carrizo (ex juez federal): prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.
Armando Fernández (policía retirado): prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.
José Antonio Fuertes (suboficial de Ejercito): prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.
Antonio Indalecio Garro (retirado de la Policía): 3 años de prisión con los beneficios de la libertad condicional e inhabilitación absoluta y perpetua.
Rubén Darío González (ex policía): 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
Armando Guevara (ex comisario): 5 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
Julio La Paz (agente de la policía): 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
Mario Alfredo Laporta (militar retirado de la Fuerza Aérea):15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
Pedro Linares (ex penitenciario): seis años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
José Antonio Lorenzo (retirado de la policía): 3 años de prisión con los beneficios de la condenación condicional e inhabilitación absoluta y perpetua.
Dardo Migno (militar retirado): 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
Ricardo Miranda (ex comisario general): 10 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
Luis Miret (ex juez federal) : prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.
Diego Fernando Morales (sargento retirado de la policía): 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
Marcelo Rolando Moroy (suboficial retirado de la Policía): 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
Guillermo Max Petra Recabarren (ex juez federal): prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.
Miguel Angel Ponce (policía retirado): absuelto.
Juan Carlos Ponce (comisario general retirado): absuelto.
Ramón Puebla (militar retirado): 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
Luis Alberto Rodríguez (ex policía): prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.
Otilio Romano (ex juez federal): prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.
Miguel Angel Tello (policía retirado): prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.
Carlos Tragant (coronel retirado): prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.
