El Departamento General de Irrigación (DGE), a través de su titular, José Luis Álvarez, dio a conocer el resultado de estudios realizados en las aguas que desechan las industrias en distintas zonas de la provincia. El resultado fue lamentable. Según Álvarez, 70% de las industrias desechan aguas contaminadas, la mayoría sobre cauces de riego. Lo importante es que el 90% de esas industrias son bodegas.
El dato es preocupante no solo por la grave contaminación que generan sino porque existen normativas específicas que no se aplican.
Las empresas actúan con desprecio por el ambiente, pero los organismos de control no actúan aplicando las leyes con toda severidad.
En la provincia existe una ley por la cual las empresas industriales deben tener plantas de tratamientos de efluentes y ésta es una obligación que debería actuar como condición resolutoria, ya que quien no la tenga debería ser clausurado.
Recordemos que no es una ley nueva sino que data de varios años en los cuales las empresas no han cumplido pero, además, nunca han sido conminadas a cumplir.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) intentó inducir a las bodegas a certificar “Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)” como mínimo, para lo cual se les daba como incentivo mayor rapidez para sus trámites (canal verde). Pero para estar acordes con esta norma, las industrias deben, como mínimo, tratar sus residuos industriales.
Hasta ahora, las pocas inspecciones han generado multas pero nunca clausuras, con lo cual las empresas terminaban pagando una especie de peaje para contaminar sin tener que hacer ninguna inversión ni exigencias estatales para que lo hicieran.
En realidad, hay que cambiar el enfoque. Álvarez, como buen padre moderno al que le da miedo reprender a sus hijos que se portan mal, dice a los industriales que las multas no tienen un afán recaudatorio y que está dispuesto a canjearlas por inversiones. Lo que el titular del DGE no advierte es que los industriales no quieren hacer la inversión de ninguna manera.
De una vez por todas debe aplicarse, a quienes contaminan las aguas, la misma rigurosidad que los municipios aplican a aquellos que contaminan el aire. En los últimos 20 años, varias industrias que quedaron atrapadas por la urbanización debieron cerrar por quejas de los vecinos.
Evidentemente, los olores del aire generan quejas y respuestas más rápidas que cuando lo que se contaminan son cauces de riego donde, además, las autoridades de aplicación son distintas.
El Gobierno provincial debería de manera urgente poner en marcha un plan para clausurar a todas las industrias que desechen líquidos contaminados y prohibirles cualquier tipo de actividad si sus residuos no están debidamente tratados.
Sería bueno que los ambientalistas se movilizaran contra todas las bodegas que contaminan y que no son potenciales “contaminadoras” sino que ya son “contaminadoras” seriales los cuales viven protegidos por un folclore sin sentido. Estamos muy lejos de los estándares mínimos requeridos para permitir la sustentabilidad de los oasis y con ello se pone en riesgo la calidad de vida de la población.
Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
